De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años a nivel mundial, consolidándose como una herramienta clave, cada vez más recurrida, para combatir la crisis climática.

Más aún, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), declaró, en su sexto informe, que actualmente hay “un acuerdo académico cada vez mayor en el sentido de que el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática".

Es que realmente el litigio climático ha venido para quedarse en la caja de herramientas usada por activistas para promover la acción climática. Y son los niños, niñas, jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y las comunidades locales quienes han asumido el liderazgo en la presentación de estas acciones judiciales.

El litigio climático es por esencia un litigio estratégico, lo que significa que busca cambios amplios en la sociedad, que van más allá de un caso particular. Por lo general, esto se logra promoviendo la protección de derechos o cambios en las políticas públicas.

Así, estos litigios han servido para responsabilizar a gobiernos, autoridades, empresas y a otros actores no estatales por la crisis climática ante los tribunales, obligándolos —entre otras cosas— a la adopción, implementación y aumento progresivo de medidas concretas para frenar sus emisiones y a mitigar los impactos de la crisis climática.

Hace poco más de un año, AIDA lanzó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, un sitio web de consulta que reúne muchos de los casos de litigio climático en la región. El objetivo detrás de esta iniciativa es promover el intercambio de experiencias diversas para fortalecer los casos en favor de los cambios estructurales que se necesitan.

La Plataforma contiene información sistematizada y actualizada de acciones de litigio interpuestas ante cualquier autoridad jurisdiccional (judicial, administrativa, internacional o autónoma). Incluye los argumentos que sustentan los casos, relativos a las obligaciones legales de los Estados y otros actores frente a la crisis climática.

Pero la Plataforma alberga también casos que, si bien no se refieren directamente a la crisis climática, contribuyen a la búsqueda de justicia climática en el continente.

Y es ahí donde surge la confusión y se gesta la pregunta: ¿Qué hace que un litigio sea considerado como climático?

La verdad es que no existe una definición aceptada que permita identificar qué litigios son climáticos y cuáles no. Es un nicho relativamente nuevo en el campo del derecho ambiental y, como muchas cosas en la vida, tiene bordes difusos. Y es que hoy en día nuestro planeta sufre de múltiples crisis, todas interconectadas y muy vinculadas a la degradación ambiental. En este sentido, es posible casi siempre ligar los litigios ambientales, de alguna forma u otra, con el clima cambiante.

De todos modos, y con el objetivo de proponer una discusión al respecto, nos atrevemos aquí a reflexionar sobre posibles definiciones que nos den luces y nos permitan delinear este concepto que tanta relevancia está cobrando.

 

Un acercamiento al concepto de litigio climático y a sus elementos

Una manera de abordar el asunto acerca de lo que hace que un litigio sea climático pasa por decir que el litigio climático es todo aquel que contiene argumentos relacionados con la crisis climática en su demanda o en la sentencia que lo resuelve.

Otro abordaje está relacionado con el objetivo del litigio, pudiendo decir que el litigio climático es todo aquel que tiene un objetivo relacionado con la acción climática. Esto implica una alta complejidad y una variedad importante de casos, muchos entrecruzados. Así, bajo esta definición, entrarían por ejemplo casos que:

• buscan la mitigación de las emisiones contaminantes que están causando el calentamiento global;
• demandan el cumplimiento (o aumento) de parte de los Estados de sus compromisos climáticos internacionales;
• promueven medidas de adaptación a los efectos inevitables de la crisis climática;
• demandan la reparación de daños generados por la crisis climática;
• tienen como objetivo hacer que las empresas se responsabilicen por su participación en el problema;
• persiguen cambios regulatorios o en políticas en favor de la acción climática;
• exigen la transparencia o rendición de cuentas de acciones gubernamentales o corporativas relacionadas con la crisis climática;
• piden que instituciones financieras eleven sus estándares para que en sus decisiones consideren el clima y el ambiente;
• buscan detener algún proyecto que pueda ser nocivo para el clima;
• tienen como finalidad proteger ecosistemas, sobre todo aquellos que funcionan como sumideros naturales de carbono;
• en algunas ocasiones, buscan aumentar la toma pública de conciencia respecto de los problemas relacionados con la crisis climática.

 

Una herramienta viva y en crecimiento constante

Como se ve, la variedad de casos que pueden llevar la etiqueta de litigio climático es enorme, casi tan amplia como la creatividad de las personas que están poniendo la herramienta en uso.

Algo interesante es que, a pesar de ser un concepto más o menos nuevo, el litigio climático se construye sobre sí mismo. Mientras más lo usemos, mientras más pongamos a los tribunales a examinar las obligaciones de empresas y Estados en favor de la acción climática, iremos generando más jurisprudencia, capacidades y experiencias útiles para seguir avanzando.

El derecho nacional e internacional se fortalece mediante el uso del litigio climático y es importante mantenerlo vivo y en constante crecimiento, así como vincularlo con la responsabilidad que tienen Estados y empresas de hacerse cargo de la crisis climática, fundada en el derecho humano y universal a un ambiente sano.

Es importante aclarar que el litigio estratégico —sea climático o ambiental— es difícil, complejo y oneroso. Requiere de tiempo, recursos, capacidad y dedicación. Iniciar un litigio climático no es una decisión fácil que pueda tomarse a la ligera. Muchas veces no es la mejor opción para lograr un objetivo.

Pero sí podemos decir, con toda seguridad, que es una herramienta clave en la acción climática, que ha permitido llevar las voces de personas y grupos en situación de alta vulnerabilidad, con frecuencia invisibilizados, a los foros donde se toman decisiones, donde se hace justicia. Es, además, la última instancia de juego en el campo de lo institucional y lo legal.

Visita la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe

 

La última sesión de la Serie Internacional de Seminarios Web del GCF Watch 2023 se centró en temas clave en torno al Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés) identificados por organizaciones de la sociedad civil, como el involucramiento con el Fondo a nivel nacional y las políticas de género y de pueblos indígenas del Fondo. La sesión también incluyó una presentación desde el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM por sus siglas en inglés) del Fondo, que abordará cómo acceder al mecanismo y su experiencia hasta el momento.

 

panelistas

• Tara Daniel, WEDO: ¿Cómo interactuar con el Fondo a nivel nacional?
• Helen Magata, Tebtebba: Política de Pueblos Indígenas del Fondo.
• Natalia Daza, WEDO: Política de Género del Fondo.
• Sonja Derkum, IRM: El Mecanismo Independiente de Reparación.

Moderó: Daan Robben, Both Ends.

 

GRABACIÓN (EN INGLÉS)

 

Luego de una actualización acerca de las decisiones más recientes de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés), la sesión se enfocó en el monitoreo de la implementación de los proyectos aprobados por el Fondo, llevado a cabo por diferentes organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. La discusión giró en torno a la presentación de casos de estudio en África, Asia y América Latina.

 

panelistas

1. Claire Miranda, Asian People’s Movement for Debt and Development (APMDD): Balace de la reunión más reciente de la Junta Directiva del Fondo y lo que se espera de la siguiente.
2. Bertha Argueta, Germanwatch: Introducción al monitoreo de la implementación de proyectos aprobados por el Fondo.

3. Casos de estudio de las experiencias de monitoreo de la implementación de proyectos en:

   • África: Toini Amutenya, Namibia Nature Foundation.
   • América Latina: Maite Smett, Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA), y Rosalía Soley, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

    

Moderó: Bertha Argueta, Germanwatch.

 

Grabación (en inglés)

 

En esta primera sesión, hicimos una breve introducción al Fondo, al Plan Estratégico Actualizado para 2024-2027 y al segundo proceso de reposición, actualmente en curso. Además, hablamos de la plataforma del GCF Watch y de las oportunidades que brinda. Y conversaremos con dos de nuestras observadoras activas ante el Fondo para comprender mejor su trabajo, en alianza con la red de observadores de la sociedad civil que hace seguimiento al Fondo.

 

panelistas

1. Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Introducción a la serie de seminarios web y moderación.
2. Jei Edora, Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD): Introducción al Fondo, el nuevo Plan Estratégico Actualizado y el segundo proceso de reposición.
3. Ira Guerrero, Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC): La plataforma del GCF Watch.
4. Erika Lennon, Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), y Liane Schalatek, Fundación Heinrich Boell: Conversación con observadoras activas ante el Fondo acerca de cómo trabajamos y por qué lo hacemos.
5. Camila Bartelega, AIDA: Actividad interactiva para aprender del público.

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Grabación (en inglés)

 

próximas sesiones

• 11 de octubre - Sesión 2: El seguimiento liderado por las OSC de la implementación de los proyectos aprobados por el Fondo. 
• 8 de noviembre - Sesión 3: Temas importantes en torno al Fondo.

 

La crisis climática no conoce fronteras y sus impactos afectan a personas, ecosistemas y especies de todo el mundo.

Afrontar esta crisis mundial exige transformaciones profundas e innovadoras en todas las facetas de la vida humana: la producción de energía, alimentos y otros bienes; el diseño y construcción de infraestructura; el uso y gestión de hábitats terrestres, marinos y de agua dulce; el transporte de personas y productos; entre otras.

Estos cambios sistémicos demandan recursos financieros e inversiones sólidas. Por ello, oímos una y otra vez que afrontar la crisis climática es costoso e implica financiamiento.

Respondiendo algunas preguntas básicas, abordaremos a continuación los aspectos principales del denominado financiamiento climático.

 

¿Qué entendemos por financiamiento climático?

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo describe como el tipo de financiación local, nacional o transnacional empleado para apoyar e implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con recursos financieros de fuentes públicas, privadas y alternativas. Estos recursos se definen como “nuevos y adicionales” y no pueden incluir aquellos comprometidos antes, por ejemplo, para la asistencia oficial al desarrollo.

Para comprender mejor esta definición, podemos señalar que el financiamiento climático es aquel captado y utilizado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mejorar los sumideros que las absorben, o que busca disminuir la vulnerabilidad, así como mantener e incrementar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los efectos negativos de la crisis climática.

 

¿Por qué el financiamiento climático es importante?

Retomando el mensaje del Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, en el Foro de Inversión Sostenible, “no podemos alcanzar nuestros objetivos climáticos sin financiamiento. Ya estemos hablando de la transición a las energías renovables, de mejorar la eficiencia energética o de proteger a las comunidades vulnerables de los efectos del cambio climático, todos estos esfuerzos requieren una inversión significativa”.

El financiamiento climático tiene un efecto en todos los aspectos, desde las políticas nacionales hasta los cambios que ocurren a nivel local y que suponen diferencias concretas en la vida de las personas. “La financiación de la lucha contra el cambio climático trata, en última instancia, de lo que nosotros, como sociedades, valoramos: el mundo en el que queremos vivir y las vidas y dificultades que podemos salvar canalizando nuestro dinero para aumentar la resiliencia frente a los estragos del cambio climático”, dijo Stiell en su discurso.

 

Financiamiento ¿de quién y para quién?

Los impactos de la crisis climática son inversamente proporcionales a la responsabilidad en el problema. Los países históricamente responsables de los mayores niveles de emisiones de GEI suelen ser los menos afectados. Por ello, la CMNUCC aboga para que los países desarrollados, aquellos con más recursos económicos, ayuden financieramente a los países menos desarrollados y más vulnerables. De esto trata el principio de “responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas”, establecido en la Convención.

De otro lado, el Acuerdo de París —tratado internacional legalmente vinculante y vigente desde noviembre de 2016— reafirma esta obligación de los países desarrollados, además de promover, por primera vez, las contribuciones voluntarias de otros Estados. Dispone además que los países desarrollados deben seguir liderando la movilización de la financiación para el clima a partir de una amplia variedad de fuentes, instrumentos y canales, teniendo en cuenta el importante rol de los fondos públicos, así como las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Es clave señalar que esta movilización de financiamiento debería representar una progresión con respecto a esfuerzos anteriores.

 

¿Qué mecanismos de financiamiento climático existen?

Bajo la CMNUCC, existen tres mecanismos principales para que el financiamiento climático llegue a los países, creados con propósitos distintos y con alcances diferenciados:

• Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés): Otorga recursos financieros a países en desarrollo o con economías en transición para cumplir con los objetivos de los convenios y acuerdos ambientales internacionales. Maneja a su vez el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo para los Países Menos Desarrollados.
• Fondo de Adaptación: Creado como instrumento financiero para la adaptación y resiliencia en aquellos países que son parte del Protocolo de Kioto.
• Fondo Verde del Clima (GCF por sus siglas en inglés): Creado con el objetivo de financiar programas y proyectos de mitigación y adaptación orientados al desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Es la principal entidad multilateral de financiamiento climático a nivel mundial.

 

¿Cuánto financiamiento necesitamos?

En el marco de las negociaciones climáticas de la ONU, en 2009, los países desarrollados se comprometieron a transferir a los países en desarrollo 100 mil millones de dólares anuales hasta 2020 (meta ampliada a 2025 en el Acuerdo de París). Pero este monto no se ha logrado. Por ejemplo, en 2016 solo se alcanzaron 58.5 miles de millones de dólares y aunque el monto aumentó significativamente para 2019, únicamente se alcanzaron 79,6 miles de millones de dólares.

En ese sentido, para cumplir el objetivo de emisiones netas cero para 2050, la organización Climate Policy Initiative estima que se necesita un financiamiento global de 4.35 trillones (millones de billones) de dólares para 2030, cuando en 2020 sólo fue de 632 mil millones de dólares.

 

¿Cuáles son hoy los principales retos del financiamiento climático?

El reto principal, como vimos, es la necesidad de un incremento sustancial de los flujos de financiamiento. Otro desafío clave es medir y rastrear este tipo de financiamiento, que no está sujeto a una definición universal común. En esa misma línea, dado que el compromiso de los países desarrollados ante la ONU no contempla directrices oficiales sobre qué actividades cuentan como financiamiento climático, es difícil garantizar que el dinero no se contabilice dos veces o que se destine a esfuerzos que realmente ayuden a reducir el calentamiento global y sus impactos.

También está la necesidad de equilibrar la asignación de fondos de manera más equitativa entre las actividades de mitigación y de adaptación, así como las relacionadas con las pérdidas y daños que ya sufren comunidades en todo el mundo. En 2020, 90% del financiamiento mundial fue destinado a mitigación, solo 7% a proyectos de adaptación y 3% para actividades duales.

Por otro lado, es importante que el financiamiento canalizado no resulte en afectaciones humanas o al ambiente, como suele suceder cuando existen grandes inversiones en las que no se implementan procesos adecuados de consulta y participación. Un proyecto de energía, por renovable y limpio que sea, puede acentuar desigualdades y vulnerabilidades si está mal planificado o si es diseñado sin la participación de las comunidades locales.

Finalmente, se debe considerar que, aunque se destine mucho dinero para enfrentar la crisis climática, al mismo tiempo continúan y se incrementan en el mundo los negocios que promueven la dependencia de los combustibles fósiles y que nos mantienen en un sistema económico depredador e injusto que perpetúa el extractivismo como modo de desarrollo. Esto, por supuesto, contrarresta los avances que podamos lograr en favor del ambiente y de las comunidades. Lo cierto es que no basta una cantidad específica anual de financiamiento climático, lo que realmente necesitamos a estas alturas  es que todo el dinero movilizado aporte a la regeneración del planeta y a resolver la crisis ambiental y climática mundial, no a exacerbarla. 

 

En AIDA hacemos seguimiento al financiamiento climático que llega a la región porque entendemos la importancia que tiene para incrementar las posibilidades que tenemos como humanidad de construir un futuro donde podamos vivir bien y en armonía con el ambiente. Entendemos también que los problemas que muchas veces causa el financiamiento mal diseñado se deben a una falta de conexión entre los espacios de toma de decisiones y los territorios que sufren los embates de la crisis climática y donde se proponen proyectos para superarlos.

En ese sentido, AIDA intenta construir un puente entre esos dos mundos, motivando a las organizaciones de la región a estar activas, hacer seguimiento a los proyectos y a participar en las decisiones. Solo así podremos lograr que los escasos fondos climáticos no solo existan, sino que también alcancen su mayor potencial hacia el cambio de paradigma que necesitamos.

Únete al grupo “Observatorio del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe”, un esfuerzo conjunto para hacer un mejor seguimiento al mayor fondo climático del mundo.

 

La humanidad tiene una tarea urgente por delante: transformar los sistemas energéticos para generar energía sin seguir atiborrando la atmósfera de gases y contaminantes que la calientan. Es un hecho comprobado por la ciencia. De no hacerlo, nuestro planeta ya no será un albergue seguro para la humanidad ni para muchas otras especies.

El problema es que la necesaria transición está muy lejos de ser simple. Además de lo difícil que resulta cortar la dependencia en los combustibles fósiles que nos han dominado por siglos, resulta que no cualquier transición sirve. No se trata solo de dejar de quemar dichos combustibles, sino que debemos considerar muchos otros factores, incluso más allá de lo energético, para salir de un modelo de desarrollo que por siglos ha estado separando a la humanidad entre ganadores y perdedores, vulnerando además los derechos humanos.

 

¿Qué es entonces la transición JUSTA?

No existe actualmente un concepto único sobre lo que significa que la transición energética sea justa. En AIDA consideramos que, para ser justa, la transición debe ser equitativa e inclusiva y reconocer que los impactos del cambio climático y de la necesaria transición no se distribuyen de manera uniforme. Así, ciertos grupos —como quienes trabajan en los sectores energéticos tradicionales y/o las comunidades marginadas— pueden verse afectados desproporcionadamente.

Para vislumbrar el problema, vale la pena entender que la humanidad sufre hoy varias crisis —todas interconectadas— que afectan la vida y bienestar de las personas, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones más vulnerables. La emergencia climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, las pandemias globales y las crisis democráticas son algunas de ellas. Y en el centro de todo está la desigualdad social, esa brecha cada vez mayor entre ricos y pobres que genera disparidades en todos los aspectos, incluyendo el acceso a la salud, a la educación y a las oportunidades económicas.

Estas crisis están interconectadas y se refuerzan mutuamente. Las respuestas a una pueden contribuir a resolver otras, pero también pueden agravarlas.

Por ejemplo, cuando la transición a fuentes de energía limpia no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también reduce la contaminación del aire y mejora la salud pública, estamos resolviendo dos problemáticas en una. Un ejemplo en el sentido contrario ocurre cuando una transición rápida y sin control a la movilidad eléctrica resulta en la extracción agresiva de minerales raros como el litio, que proviene de ecosistemas frágiles de los que dependen comunidades locales.

 

Entonces, ¿por dónde empezamos?

Para asegurar una transición justa debemos guiarnos por los principios de justicia, equidad e inclusión, así como garantizar que las poblaciones en condiciones más vulnerables no se vean afectadas desproporcionadamente.

Ya lo decía Naomi Klein en su libro Esto lo Cambia Todo: para abordar la crisis climática debemos entender que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también de derechos humanos. La transición energética justa requiere no solo terminar con la quema de combustibles fósiles, sino también abordar la desigualdad económica, incluir la perspectiva de género, fortalecer las redes de seguridad social, proteger los derechos de los/as trabajadores/as, respetar los derechos de los pueblos indígenas, empoderar a las comunidades para que participen en las decisiones que afectan sus vidas, así como reparar a quienes han sido afectados por el actual modelo económico y energético.

 

¿Y qué rol puede jugar el litigio?

El litigio ya se está moviendo al ritmo de los dilemas de la transición energética. Así, hemos visto un aumento en los juicios que parecieran ir en contra de la transición energética, tales como demandas que impugnan proyectos de generación de energía renovable o regulaciones en favor de la transición, o que obstaculizan la transición de cualquier otra forma. Pero, ¿se puede decir que siempre son litigios “regresivos”?

Un juicio para impugnar el permiso ambiental de un emprendimiento de generación eólica podría estar bloqueando la transición, pero no es necesariamente regresivo. Si se trata, por ejemplo, de un megaproyecto, a cargo de una empresa transnacional que exportará toda la energía generada sin beneficiar a las comunidades locales, y si además pretende emplazarse en tierras indígenas sin participación local, entonces se trata de un proyecto orientado a una “transición injusta” que no nos sirve porque refuerza el mismo modelo, aquel nos tiene tan mal encaminados.

A este tipo de casos se refiere el informe Litigio por la Transición Justa en América Latina, publicado en enero de 2023 por el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, traducido al español por AIDA.

El informe cuestiona el propósito del litigio por la transición justa, preguntándose si fomenta o por el contrario obstruye una transición energética y resiliente al clima. Al respecto, sus autores/as concluyen que los litigios de este tipo no pueden calificarse del todo como regresivos o no regresivos en relación con la transición. Como tal, consideran que el litigio por la transición justa debe verse y entenderse como una nueva categoría de litigio climático, con fundamentos propios y diversos.

El tema permite reflexionar en torno a la complejidad de la tan anhelada transición. Ante este tipo de dilemas, en AIDA optamos generalmente por analizar cada caso, sin casarnos con una postura dogmática. Pero una constante y, en ese sentido, un valioso punto de partida es que todo lo que se lleve adelante en favor de la transición energética —sean proyectos, políticas o acciones— debe tener un enfoque fuerte y decisivo en el ambiente, los derechos humanos y de género. Sin eso no hay justicia; y sin justicia no hay remedio ni solución.

Entonces creemos que el litigio sí tiene un rol, no solo en que la transición se lleve a cabo, sino también en que sea justa.

La imperiosa necesidad de cambiar nuestros sistemas energéticos es también una oportunidad de construir un nuevo sistema que, a diferencia del que hoy reina, nos una y sea para todas las personas y seres vivos del planeta.

Seguiremos entonces usando la herramienta del litigio para impugnar intentos de transición que busquen enfrascarnos en más de lo mismo. 

 

El pasado mes, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) celebró su reunión número 35 en Corea del Sur. Después de mucho tiempo, los asientos para miembros de la Junta representando al GRULAC (grupo de Latinoamérica y el Caribe) estuvieron ocupados y la Junta estuvo completa.

Entre otras decisiones importantes, en la reunión se eligió a la nueva Directora Ejecutiva del Fondo y se aprobaron dos proyectos para América Latina, uno en Colombia y otro en Bolivia. Además, se discutió el Informe de Cumplimiento que el IRM (mecanismo de quejas del FVC) elaboró para resolver la queja que comunidades indígenas interpusieron en contra del Proyecto Bioclima, a implementarse en Nicaragua.

Con base en los resultados de la primera reunión de este año de la Junta Directiva del FVC, en este seminario web reflexionaremos acerca de decisiones relevantes para la región en torno a las operaciones de este importante mecanismo de financiamiento climático. Lo haremos de la mano de representantes de la sociedad civil y de las entidades acreditadas que han sido protagonistas de estos procesos.

 

Agenda

• Reseña general de la última reunión de la Junta y de sus principales hitos: Bertha Argueta, Germanwatch.
• Proyecto aprobado para Colombia: Sandra Valenzuela, Directora de WWF Colombia.
• Proyecto aprobado para Bolivia: Wilson Rocha, FAO Bolivia.
• El caso de Nicaragua ante el mecanismo de quejas del FVC: Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Moderó: Natalia Daza, Gender Monitor del FVC.

 

Grabación

 

Presentaciones

1. Bertha Argueta, Germanwatch:

 

2. Sandra Valenzuela, WWF Colombia:

 

3. Wilson Rocha, FAO Bolivia:

 

4. Florencia Ortúzar, AIDA:

 

Esta sesión se enfocó en las cuestiones clave identificadas durante el seminario web inicial de la serie. Se abordaron aspectos centrales de las propuestas que presentan las entidades acreditadas al Fondo Verde del Clima (FVC) para convertirse en proyectos aprobados, incluyendo consejos para revisarlas. También hablamos y reflexionamos acerca de género y pueblos indígenas en el FVC, asuntos críticos.

 

panelistas

1. Florencia Ortúzar, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): Revisión de propuestas de financiamiento.
2. Liane Schalatek, Heinrich Böll Stiftung (HBS): Tipos de proyecto del FVC, enfoques y relación con falsas soluciones.
3. Helen Magata, Tebtebba (Indigenous Peoples' International Centre for Policy Research and Education): Pueblos indígenas en el FVC.
4. Natalia Daza, GCF Gender Monitor for Latin America: Género en el FVC.

Moderó: Bertha Argueta, Germanwatch.

 

Grabación (en inglés)

 

Presentaciones (en inglés)

1. Florencia Ortúzar, AIDA:

 

2. Liane Schalatek, Heinrich Böll Stiftung (HBS):

 

4. Natalia Daza, GCF Gender Monitor for Latin America:

En esta sesión revisamos los resultados de la más reciente reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC). Además, nos enfocamos en algunos temas clave identificados en una encuesta a participantes de la primera sesión de esta serie, incluyendo el proceso de reposición de fondos del FVC, el acceso a su financiamiento y las posibilidades de interacción con las autoridades nacionales designadas, que representan al FVC en los diferentes países.

 

 

Presentaciones (INGLÉS)

1. Mirja Stoldt, Namibia Nature Foundation (NNF):

 

2. Andrea Rodríguez, Fundación Avina:

 

Como organizaciones de la sociedad civil (OSC) que hacemos seguimiento al Fondo Verde del Clima (FVC), hemos puesto mucha atención a la revisión de las propuestas de financiamiento presentadas a la Junta Directiva del Fondo. En esta sesión, profundizamos en los aspectos básicos de la implementación de los proyectos y programas aprobados por la Junta.

 

Panelistas

• Bertha Argueta, Germanwatch: El rol de diferentes actores en la implementación de proyectos aprobados por el FVC.
• Peter Carlson, Communications Associate, IRM: El rol del Mecanismo Independiente de Reparación (IRM).
• Said Chakri, Association of Teachers of Life Sciences and Earth of Morocco (AESVT): Monitoreando la implementación de proyectos en África.
• Titi Soentoro, Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice: Monitoreando la implementación de proyectos en Asia.
• Tara Daniel, Women's Environment and Development Organization (WEDO): La implementación de planes de acción de género.

Moderó: Claire Miranda, Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD).

 

Grabación (en inglés)

 

Presentaciones

1. Bertha Argueta, Germanwatch:

 

3. Titi Soentoro, Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice: