México consume el 12% del volumen mundial de agua embotellada. La cifra evidencia las fallas del sistema de abastecimiento de agua potable en el país y la vulneración de un derecho humano fundamental.
A nadie se le niega un vaso con agua. Es una regla de cordialidad, una muestra de buena educación y de empatía. Y, aunque para muchos no es obvio, también es un asunto de derechos humanos.
En la capital de México, hasta hace poco, los restaurantes podían negar un vaso con agua a sus clientes y condicionarles a consumir agua embotellada. En una ocasión, la dueña de una pizzería gourmet reaccionó con furia cuando vio a mi novio sacar un termo con agua para tomar una pastilla. Dijo que estaba prohibido ingerir alimentos y bebidas ajenas al establecimiento. Y, cuando pedimos un vaso con agua, dijo molesta: “Aquí no regalamos agua, aquí vendemos botellas de agua”.
Lo que se vende en el mercado no es el agua, sino la botella. En México, el costo de la extracción y el suministro de agua no es alto porque casi todo el servicio está subsidiado. Según la tarifa más elevada, el vaso con agua habría costado 0.7 centavos (0.007 pesos mexicanos). Por una botella con la misma cantidad del líquido, la pizzería cobraba 28 pesos (alrededor de 1.5 dólares), siete veces más de lo que cuesta en un supermercado.
El incidente en la pizzería ocurrió antes que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México obligara a los establecimientos de expendio de comida a dar sin costo vasos con agua potable a los clientes que así lo pidan.
Pero, aún después de la disposición legislativa, varias veces he tenido que aclarar que quiero un vaso con agua y no una botella. Los meseros me advierten: “Es agua filtrada”, dándome a entender que no es tan confiable. La dinámica dentro ese tipo de negocios ha cambiado: ahora compran garrafones de agua embotellada o gastan en filtros y en su mantenimiento porque en México no se bebe agua directamente del grifo.
Es secreto a voces, casi creencia popular, que el agua del grifo es agua sucia. Es común que incluso quienes no compramos agua embotellada, tengamos en casa algún filtro doméstico. Esta creencia se extendió desde el terremoto de 1985, cuando se rompieron varias tuberías y se dijo que el agua potable se mezclaba con aguas negras. Después, en los años 90, durante una epidemia de cólera, en México se promovió clorar o hervir el agua y ninguna autoridad se hizo responsable de la calidad de las tuberías de agua potable que, por definición, debe ser apta para consumo humano. Por ejemplo, en Chile, se promovían tres fuentes confiables: clorarla, hervirla o tomarla del grifo. Esta amenaza a la salud coincidió con la llegada del agua embotellada. Lo que en esos años promovieron las empresas fue la confianza y la seguridad en la calidad de su agua. Así, poco a poco, pasamos de hervir y añadir cloro al agua a comprar desde garrafones de 20 litros hasta pequeñas botellas individuales de menos de 250 ml.
Con el 80% de la población mexicana desconfiando del sistema de agua potable, según el Banco Mundial, las embotelladoras no hacen más que crecer. De acuerdo con la International Bottled Water Association (IBWA), en 2013 consumimos 253 litros de agua embotellada por persona, frente a los 94.3 litros promedio consumidos en Europa (donde es usual ver bebederos públicos) o los 37 litros del consumo promedio global. En México se consume el 12% del volumen global de agua embotellada.
Pero las empresas tienen esperado crecer todavía más, pues no consumimos los dos litros de agua al día que se recomienda. Y es que gran parte del agua embotellada es empleada también para cocinar, lavar platos y hasta para bañar a los bebés recién nacidos.
En una investigación que estoy realizando para saber qué factores nos llevan a comprar agua embotellada, una pregunta necesaria es: “¿Se puede o no beber agua del grifo?” La respuesta es: “Depende”.
La responsabilidad del servicio de agua potable en el país está tan fraccionada que es imposible tener una respuesta contundente. En la capital, cada año se da a conocer la calidad del agua y sólo en dos barrios ésta no cumple con los estándares para el consumo humano. Lamentablemente, quienes tienen la peor calidad de agua tienen, además, menores niveles de vida.
La información sobre el tema no llega a nuestras casas, es de difícil acceso y —en algunos casos— los datos son inexistentes, se ocultan o se maquillan. Ninguna autoridad se responsabiliza por la calidad del agua. No lo hace la Comisión Nacional del Agua, tampoco los gobiernos de cada estado, ni los municipios.
Sin respuestas contundentes a la confiabilidad del servicio de agua potable, las y los mexicanos optamos por comprar agua embotellada. Al hacerlo evidenciamos que algo no está funcionando en el abastecimiento de agua potable y que el derecho humano al agua no está garantizado. Según la ONU, ese derecho debe ser asequible, suficiente, saludable, aceptable y accesible.
El derecho humano al agua fue incluido en la Constitución Mexicana hace cuatro años, pero su implementación y quién es responsable de la misma aún está en discusión. Mientras el debate continúa, millones de mexicanos, comprensiblemente, comprarán agua embotellada para cuidar su salud. La falta de información y rendición de cuentas en torno al sistema de agua potable hace que garantizar este derecho sea sólo un buen deseo.
La ONU establece que la gente no gaste más del 3% de sus ingresos en los servicios de agua potable. En México, sólo los hogares con ingresos mayores a 21 mil pesos mensuales (1,200 dólares) gastan 3% o menos en agua embotellada mientras que el resto, el 80% de los hogares mexicanos, gastan hasta el 8%. A ello se suma el pago por el servicio de agua potable o camiones transportadores de agua utilizada para otras actividades domésticas.
La gente está compra agua embotellada porque no confía en el sistema de agua potable del país. Al negarle un vaso con agua a su población, el Gobierno mexicano le está negando un derecho humano fundamental.
Laura Yaniz Estrada forma parte del equipo de comunicaciones de AIDA, a cargo de las tareas de impacto y divulgación (outreach). Es maestra en Periodismo y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). Estudió la Licenciatura en Medios de Información y Periodismo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y tiene un diplomado en Seguridad Nacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Le interesan las nuevas narrativas y la seguridad ambiental.
