Estado y empresas no protegen adecuadamente ddhh

Mina en Carrizalillo, Guerrero, México

Mina en Carrizalillo, Guerrero. | Cristian Leyva / Subversiones.

Por Víctor Quintanilla (columna publicada originalmente en Animal Político)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos. Tras visitar México, expertos del Grupo de Trabajo creado por la ONU para abordar ese tema insistieron en esa obligación y, entre otras cosas, evidenciaron que en el país el Estado y las empresas no actúan apropiadamente para cumplir ese deber.

Tal reconocimiento está contenido en el informe que sobre su visita a México en 2016 elaboró el Grupo de Trabajo y que dio a conocer oficialmente el 8 de junio pasado en Ginebra. Aunque el informe podría haber sido más contundente, el mismo constituye una herramienta importante para que el país avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacional en materia de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo tomó en cuenta el informe presentado por la sociedad civil, sector que documentó más de 60 casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas como insumos para la visita, realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre del año pasado.

Las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas, que el Estado y las empresas deben acatar, establecen los siguientes puntos clave:

  1. Diligencia debida. El Grupo de Trabajo de la ONU encontró en México un “ejercicio inadecuado” de la diligencia debida por parte de las empresas y del gobierno, particularmente respecto de proyectos de desarrollo. Las primeras no reportan lo que hacen para detectar y prevenir las consecuencias negativas de sus acciones en las personas, y el segundo no ha establecido parámetros claros sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en y fuera de México. La diligencia debida implica que tanto el Estado y las empresas deben hacer todo lo posible para respetar los derechos humanos, incluso si las autoridades respectivas no ejercen un control adecuado. En los insumos presentados por la sociedad civil se constató la ausencia de una evaluación adecuada de impactos ambientales en la mayoría de los proyectos desarrollados por empresas.
  2. Empresas estatales. En el informe de la ONU se reconoce que las empresas a cargo del Estado deben dar un buen ejemplo. Entre esas empresas están Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese aspecto, el gobierno no cuenta con pautas y políticas claras orientadas a modificar la conducta de las empresas mediante mejores prácticas de contratación pública, concluyó el Grupo de Trabajo.
  3. En el informe se pide respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. “Las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables”, se lee en el documento. La sociedad civil evidenció varios casos en los que el derecho a la consulta no fue respetado y proyectos que, pese a ello, fueron autorizados.
  4. El Grupo de Trabajo encontró que “con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas”. En ese sentido, estableció que tanto los defensores como los periodistas deben estar mejor protegidos, y que los más altos funcionarios de gobierno, así como los directores generales de las empresas, deben dejar en claro que la intimidación y ataques contra los defensores “son inaceptables y no se tolerarán”. En el informe se presenta información de casos ocurridos entre 2010 y 2014, pero no se mencionan los casos acontecidos en 2016, año de la visita. La sociedad civil documentó amenazas y ataques en el 62,5% de los casos de abusos relacionados con empresas.
  5. Diálogo y supervisión. En el informe se destaca la falta de confianza y diálogo en el país entre comunidades y empresas, lo cual impide el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, el Grupo de Trabajo recomendó acciones tendientes a cambiar esa situación. En el informe se describe además la capacidad limitada de las autoridades competentes para supervisar y controlar la contaminación ambiental derivada de las actividades empresariales.

El aporte de la sociedad civil

El Grupo de Trabajo de la ONU rescató en su informe los insumos presentados por la coalición de más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema. De las violaciones de derechos humanas por parte de empresas, documentadas por la sociedad civil, seis casos emblemáticos fueron incorporados en el informe como evidencia tangible de un problema que requiere atención urgente y adecuada.

Se trata de los parques eólicos en Oaxaca, instalados antes de la consulta a pueblos indígenas; la consulta rodeada de intimidación, amenazas y otras faltas para que comunidades de Campeche y Yucatán acepten la introducción en su territorio de soya genéticamente modificada; la falta de consulta y la violencia ejercida contra el pueblo Yaqui para la instalación de un acueducto; el proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, detrás del cual existen ataques contra defensores de derechos humanos; la grave contaminación en el río Sonora por parte de de una empresa minera, y la impresionante contaminación del río Santiago causada por más de 300 industrias de capital nacional y trasnacional.

La visita oficial a México de expertos de la ONU sobre empresas y derechos humanos fue un suceso importante para el país, cuyos resultados deben ser implementados. La realidad nacional ha demostrado la grave situación de derechos humanos, en la cual las empresas tienen un rol central y deben implementar sin demora las medidas necesarias, sobre todo las relacionadas con grandes proyectos extractivos y de infraestructura. El Estado, de igual forma, está obligado a proteger efectivamente los derechos de la población, acatar y exigir el cumplimiento de normas y sentencias judiciales, evaluar adecuadamente los proyectos, y exigir procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes de emitir permisos. La anteriores son mejoras urgentes para el avance y desarrollo del país, así como para el fortalecimiento de su democracia.


Sobre el Autor

Victor Quintanilla Sangüeza

Victor Quintanilla

Víctor Quintanilla Sangüeza es comunicador y periodista independiente boliviano. Colabora con AIDA en el área de comunicaciones desde la Ciudad de Máxico. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, y es Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha trabajado en medios escritos y televisivos, así como en las áreas de comunicación institucional de entidades públicas y privadas. 

Las opiniones generadas en este espacio son responsabilidad de los autores y no necesariamente compartidas por la organización. AIDA las incluye en respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de su equipo de trabajo.

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