Brasil autoriza operación de represa Belo Monte desconociendo los derechos de la población afectada

Protesta contra Belo Monte

Protesta contra Belo Monte. Crédito: Diego Cavichiolli Carbone/Creative Commons.

Noviembre 24, 2015

Para português, clique aqui

La autoridad ambiental otorgó la licencia de operación al proyecto ignorando la evidencia del incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de indígenas y demás población afectada.

Altamira, Brasil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó hoy la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual puede comenzar su llenado. La autorización se hizo pese al incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada por el proyecto, mismas que la propia entidad consideró esenciales en un informe técnico del 22 de septiembre pasado. La decisión del IBAMA ni siquiera hace referencia a las condicionantes para proteger a las comunidades indígenas.

"No lo podemos creer. Todo es un crimen y una gran responsabilidad del Gobierno e IBAMA por la licencia a ese monstruo. La Presidenta de IBAMA estuvo en Altamira el 5 de noviembre y recibió muchas denuncias; todos —ribereños, representantes indígenas, pescadores, integrantes del movimiento— hablaron de los impactos que estamos viviendo, y ahora dan la licencia con más y más condicionantes, solo para que se incumplan", dijo Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo para Siempre y desplazada por la represa.

El pasado 12 de noviembre, en un oficio enviado al IBAMA, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) concluyó que las condiciones para la protección de los pueblos indígenas afectados por la represa no se habían cumplido plenamente. No obstante, le dio vía libre a la autoridad ambiental para otorgar la licencia de operación “en caso de que lo estime pertinente”.

“La autorización viola claramente los compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos, especialmente respecto de los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingú afectados por Belo Monte, quienes están protegidos por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado brasileño sigue sin cumplir", dijo María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

La licencia permite el llenado de los dos embalses de la represa sobre el río Xingú, tributario del Amazonas. Es válida por seis años y está sujeta al cumplimiento de condicionantes cuyo avance será supervisado a través de informes semestrales. Las condicionantes deberían haber sido cumplidas antes de considerar u otorgar la última licencia de Belo Monte.

“El licenciamiento ambiental es una forma de mitigar los efectos, controlar los daños y minimizar los riesgos que el emprendimiento implica para la población y el medio ambiente. Al irrespetar y flexibilizar los procedimientos de licenciamiento, el Estado deja que los intereses económicos prevalezcan y niega su deber de velar por el interés público”, señaló Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global.

AIDA, Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos hemos argumentado en los ámbitos nacional e internacional que no existen las condiciones para que la represa Belo Monte obtenga los permisos para operar. Sigue pendiente garantizar aspectos esenciales como el agua potable, el saneamiento, los servicios de salud y otros derechos mínimos a la población afectada y desplazada.

"La autorización de Belo Monte, proyecto implicado en escándalos de corrupción, contradice lo expresado por la Presidenta Rousseff hace unas semanas ante las Naciones Unidas, cuando aseguró que Brasil no tolerará la corrupción y que quiere un país donde los gobernantes se comporten estrictamente de acuerdo con sus deberes; esperamos que Brasil entre en razón y que sus acciones estén alineadas con sus discursos", sostuvo Astrid Puentes, codirectora de AIDA.

La luz verde para Belo Monte no podría haber llegado en peor momento. Hace poco, el 5 de noviembre, dos represas de desechos mineros de Samarco, empresa propiedad de Vale y BHP Billiton, se rompieron en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, causando una de las mayores tragedias ambientales del país. Una inundación de lodo y otros productos químicos arrasó con un poblado, dejó 11 muertos y 12 desaparecidos, afectó el abastecimiento de agua de la región, y destruyó fauna y flora. El mar de lodo llegó al mar abierto. Las licencias de operación de la empresa estaban vencidas hace dos años. 

Asimismo, el permiso de operación para Belo Monte tiene lugar a seis días de que inicie la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, la más decisiva hasta ahora. La operación de Belo Monte emitirá gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano, agravando así el cambio climático.  Por ende, la autorización de Belo Monte es un pésimo mensaje del gobierno de Brasil que ignora sus compromisos en materia de derechos humanos y cambio climático, generando, con este proyecto, un ejemplo de cómo no debe producirse energía en el siglo XXI. 

Contactos de prensa:

Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, apuentes@aida-americas.org, +52 (55) 5212-0141

María José Veramendi Villa, abogada de AIDA, mveramendi@aida-americas.org, +51 954114393

Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global, raphaela@global.org.br, + 55 21 99592-7017

Sandy Faidherb, abogada de SDDH, +55 91 983057743