Carta con preocupaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe por debilitamiento de las Políticas de Salvaguardas del Banco Mundial

Cartas

En la carta, organizaciones de la sociedad civil consideran "indispensable que los miembros del Comité para la Efectividad del Desarrollo (CODE) regresen este primer borrador a la administración para que ésta pueda realizar las modificaciones necesarias. Sin cambios estructurales al borrador propuesto, cuestionamos la relevancia de llevar a cabo la segunda fase del proceso de revisión y consulta".

"El debilitamiento de las Políticas Salvaguardas del Banco es evidente a lo largo del borrador de propuesta de Política Social y Ambiental y las Normas Ambientales y Sociales (ESSs, por sus siglas en inglés). En este sentido, una de nuestras principales preocupaciones se refiere a la flexibilización de requisitos básicos del Banco Mundial respecto a realizar la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales previamente a la aprobación del proyecto. La nueva propuesta aplaza la evaluación de estos riesgos e impactos, sin que sea una condicionante para la aprobación del proyecto, para el momento de la implementación", afirman. 

Una segunda preocupación se refiere a que el primer borrador cambia significativamente la responsabilidad de la aplicación de las salvaguardas a los prestatarios, sin dejar claro cómo y cuándo se usarán los sistemas de los países prestatarios y sin establecer criterios claros sobre en qué casos esto será aceptable. No se explica cómo esta nueva propuesta ayudará a que el Banco y los prestatarios tomen decisiones para preparar o usar los sistemas de los países prestatarios, de tal manera que las salvaguardas puedan implementarse efectivamente en aquellos países que están inmersos en procesos de debilitamiento de sus marcos ambientales y sociales.

"Además, consideramos que la propuesta de borrador deja pasar la oportunidad para cumplir con los más altos estándares internacionales. Sobre esto, nos preocupa que el borrador carece de lenguaje vinculante respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y permite a los gobiernos “optar” en cuanto al cumplimiento de la Política de Pueblos Indígenas para proteger los derechos de estos pueblos. Lo anterior socava inequívocamente el consenso internacional con respecto a los derechos específicos y fundamentales de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos y el curso de su propio desarrollo", expresan.

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