América Latina es hogar de uno de los tesoros ambientales más grandes del mundo. Como los “pulmones del planeta”, los bosques tropicales de 23 países latinoamericanos son el sustento de poblaciones de todas partes. Los recursos naturales extraídos del continente proporcionan las materias primas, los alimentos y la energía que sostiene los estilos de vida contemporáneos.

A medida que la globalización se afianzaba, América Latina experimentó una expansión de actividades industriales que los gobiernos acogieron como agentes de desarrollo. Minas, represas y otro tipo de infraestructura energética, complejos turísticos y más fueron construidos sin protecciones adecuadas para el ambiente o las comunidades, especialmente indígenas y otras en desamparo.

Las personas afectadas luchaban para proteger con urgencia sus territorios y su derecho a un ambiente sano. Para ayudarlas, personas defensoras y abogados/as comprometidos/as de organizaciones ambientales nacionales le hicieron frente a las fuerzas unidas de la industria y los gobiernos. Trabajando con pocos recursos, las organizaciones se enfocaron en esfuerzos nacionales.

Algunas de estas organizaciones se dieron cuenta que no podían depender solo de los sistemas jurídicos nacionales para prevenir o limitar los daños causados por una economía globalizada. Tenían que empezar a usar el derecho internacional, abogando ante instituciones internacionales y colaborando más allá de las fronteras para generar resultados regionales y promover metas comunes.

En 1998, para llenar un vacío respecto del derecho y la defensa internacionales, grupos de derecho ambiental de Colombia, Costa Rica, México, Perú y Estados Unidos fundaron una organización independiente, AIDA, para construir y extender las capacidades de los defensores nacionales. Estas organizaciones fundadoras fueron el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena, Costa Rica), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA, México), Earthjustice (EE. UU.), Fundepublico (Colombia) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA, Perú).

Bajo el liderazgo de sus codirectoras, Anna Cederstav y Astrid Puentes Riaño, quienes guiaron a la organización desde sus inicios, AIDA fortaleció el uso del derecho internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos en América Latina. Gracias a su compromiso, rigor técnico y enfoque colaborativo, la organización se consolidó como un nexo entre el conocimiento jurídico y las luchas sociales por la justicia ambiental. 

Pronto, otras organizaciones y movimientos de la región comenzaron a solicitar de AIDA asistencia legal en asuntos ambientales y de derechos humanos. A medida que los gobiernos e instituciones internacionales se familiarizaron con el equipo legal de AIDA y confiaron en sus destrezas, también requirieron el apoyo jurídico de la organización

Hoy, AIDA tiende puentes entre comunidades, movimientos locales, organizaciones nacionales y organismos internacionales. La organización continúa fiel a su misión de proteger el derecho a un ambiente sano bajo el liderazgo de Gladys Martínez de Lemos, su actual directora ejecutiva.