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Cuando la defensa ambiental en América Latina llega a foros internacionales clave
Por Víctor Quintanilla y Mayela Sánchez García* Las voces de los territorios de América Latina y el Caribe son poderosas, más cuando demandan la protección del ambiente frente a múltiples y crecientes amenazas.Con frecuencia, esta exigencia no encuentra eco en quienes administran justicia a nivel nacional o local.Esta tendencia hace necesario recurrir a vías complementarias de justicia en el plano internacional.Una de ellas es la que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano internacional con un mandato importante: la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.Como organización movida por la misión de garantizar el derecho a un ambiente sano en América Latina y el Caribe, la CIDH es un espacio clave en el cual visibilizar problemáticas ambientales que afectan derechos humanos en la región.Lo hacemos de la mano de comunidades y de organizaciones aliadas.Así las voces de los territorios resuenan ante un órgano internacional capaz de instar a que los gobiernos del continente cambien sus prácticas y fortalezcan sus estándares de protección de poblaciones afectadas por la degradación ambiental. Testimonios por una salida responsable de los combustibles fósilesLlevar las voces de las comunidades ante la CIDH es también una oportunidad de visibilizar patrones regionales de riesgo y violaciones de derechos humanos.Así ocurrió el pasado 10 de marzo, cuando representantes de comunidades de Colombia, Chile, Ecuador y República Dominicana expusieron ante la Comisión cómo décadas de extracción y uso de combustibles fósiles han vulnerado gravemente derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, a la salud y al acceso a la información y participación en asuntos ambientales."Nuestra región no necesita únicamente descarbonizar su matriz energética, también necesita descarbonizar la injusticia histórica que han soportado nuestros pueblos", expresó Yaneth Ortiz, representante del pueblo indígena Wayuu de La Guajira, un territorio al norte de Colombia gravemente impactado por la operación del proyecto minero Carbones del Cerrejón.Sus mensajes fueron escuchados por la CIDH durante una audiencia pública denominada "Situación de los derechos humanos por la extracción de combustibles fósiles", en el marco de su 195° Período de Sesiones.Las y los representantes de las comunidades también hablaron de cómo en el contexto actual de transición energética, estas violaciones y riesgos se han profundizado."Nuestros niños se están enfermando en sus propias escuelas. A pesar de todo esto, no hay responsables claros ni soluciones estructurales… Para nosotros este proceso de descarbonización [en Chile] ha sido insuficiente y poco transparente", expresó Katta Alonso, en representación de la organización chilena Mujeres en Zonas de Sacrificio en Resistencia.Las experiencias locales compartidas evidenciaron la urgencia de llevar a cabo transiciones justas, lo que implica cierres responsables de proyectos de energía fósil en toda la región.Mientras que Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), planteó: "No nos han hecho consulta previa, libre e informada para realizar explotación petrolera en nuestro territorio, tampoco para la conformación del área protegida. Ahora exigimos que se respeten nuestros derechos en el proceso de cierre de la actividad petrolera y la reparación ambiental y social".AIDA solicitó la audiencia junto con las comunidades y con organizaciones aliadas."Expusimos el riesgo y las violaciones a derechos humanos que experimentan distintos territorios en contextos de cierre y salida irresponsable de proyectos de extracción y quema de carbón, gas y petróleo", detalla Rosa Peña, abogada de AIDA.Para la Comisión, el propósito de estas audiencias es recibir información sobre temáticas o asuntos de derechos humanos en países específicos o regionales para emitir recomendaciones a los gobiernos orientadas al respeto y goce de los derechos humanos.Antes de cada período de sesiones, recibe un número gigante de solicitudes para que aborde en las audiencias las diferentes problemáticas de derechos humanos del continente, no solo relacionadas con el ambiente o el clima."Así llegamos aquí, después de convencer a la Comisión de la importancia de ver este tema con un enfoque de derechos humanos y de que escuche a las comunidades", cuenta Liliana Ávila, directora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.Con los años, AIDA ha desarrollado amplia experiencia y liderazgo en recurrir exitosamente a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos —los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mecanismo de la Organización de Estados Americanos— para lograr impacto regional en la protección del ambiente sano, de la mano de los territorios. Voces frente a los daños de la minería ilegalTambién durante el Período de Sesiones de la CIDH en Guatemala, participamos en la audiencia de oficio "Impactos de la minería ilegal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", convocada por la propia Comisión.Nuestra intervención se sumó a otras voces para evidenciar por qué esta actividad es hoy uno de los fenómenos más preocupantes en el continente debido a sus graves afectaciones en los ecosistemas y los derechos humanos.En los territorios de América Latina, la minería de oro desencadena extracción ilícita que vulnera múltiples derechos, principalmente de pueblos indígenas y comunidades tradicionales.En la audiencia, propusimos ante la Comisión elementos relevantes para abordar la problemática desde una perspectiva regional.En AIDA buscamos amplificar la fuerza de los territorios y de su gente, llevando su sabiduría a espacios de toma de decisiones con potencial impacto de cambiar realidades en favor de un mejor futuro en el continente. *Víctor Quintanilla-Sangüeza es el Coordinador de Contenido de AIDA y Mayela Sánchez García es la especialista en comunidad digital de la organización.
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Carbón, un combustible sucio y obsoleto
Históricamente, el carbón ha sido identificado como una importante fuente de energía no renovable. Fue el combustible que impulsó la Revolución Industrial, que transformó la forma de producción en el mundo, y por mucho tiempo fue el principal combustible para el transporte, la generación de electricidad y la calefacción.Pero es momento de dejar atrás esa etapa. Hoy sabemos que el carbón es el combustible fósil que genera mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero detrás del aumento de la temperatura global, con efectos como el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar.Además de argumentos climáticos y ambientales, existen razones económicas, políticas y de derechos humanos para terminar con la extracción y quema de este combustible.Para entender mejor por qué el carbón es tan contaminante y qué impactos genera en el ambiente y la salud, lo hemos diseccionado. Conociendo al carbónEl carbón mineral es una roca formada a partir de restos vegetales que quedaron inmersos en capas de sedimentos que no se descompusieron debido a la ausencia de oxígeno.Por procesos geológicos, durante millones de años, esa materia orgánica estuvo sometida a altas temperaturas y presiones. El resultado fue un material principalmente compuesto de carbono.La energía del carbón se libera durante su combustión. Al quemarse, el carbón genera calor. En las plantas termoeléctricas, ese calor se usa para transformar el agua en vapor y así producir electricidad. Cuando el carbón se quema para producir calor o electricidad, libera a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y, en menores cantidades, metano y óxido nitroso.Todos estos gases dañan el ambiente y la salud humana. ¿Por qué es tan contaminante?El carbón genera impactos desde su extracción, ya que la minería de carbón a cielo abierto implica excavar y remover grandes cantidades de tierra para llegar a las capas ricas en carbón. Eso significa destruir paisajes, arrasar la vegetación y a los animales e incluso provocar el desplazamiento forzado de poblaciones.La minería de carbón también contamina el agua y los suelos en los sitios de extracción, tanto por el minado del mineral como por los residuos que genera.Pero la cadena de impactos no termina ahí. Durante la combustión del carbón se generan grandes cantidades de CO2, el principal gas responsable del calentamiento del planeta. A la par, durante su extracción, manejo y combustión se liberan otros gases:Metano, que tiene un potencial de calentamiento global hasta 30 veces mayor que el CO2 en un horizonte de 100 años.Óxido nitroso, cuyo potencial de calentamiento global en un periodo de 100 años es de hasta 273 y su periodo de vida en la atmósfera se extiende hasta 109 años. Además de gases de efecto invernadero, la combustión de carbón también libera otros contaminantes, como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y carbono negro (hollín), que afectan la calidad del aire y tienen efectos indirectos en el clima, como la alteración de patrones de precipitación, como puede ser la lluvia ácida. ¿Qué daños provoca en la salud? La ceniza que proviene de las centrales termoeléctricas a carbón, y que no es adecuadamente manejada, es un motivo de preocupación por sus impactos a la salud humana, de acuerdo con el informe Atlas del carbón, publicado por la Fundación Heinrich Böll.Al inhalar partículas finas de la ceniza, estas ingresan a las vías respiratorias y penetran en los pulmones y el flujo sanguíneo. Esto puede generar diversos problemas, como inflamación crónica de los pulmones, o enfermedades como asma, bronquitis crónica y cáncer pulmonar.Otro efecto es la reducción del flujo sanguíneo que llega al cerebro, ya que la sangre se coagula más rápido y puede transportar menos oxígeno, lo que genera una presión sanguínea alta, arritmias cardiacas e infartos.Las infancias son especialmente susceptibles a los efectos de los metales pesados que emiten las centrales termoeléctricas a carbón (plomo, mercurio, cadmio y arsénico). Si sus pulmones son dañados en etapas tempranas del desarrollo, pueden afectarse de manera permanente. ¿Por qué se sigue usando a pesar de los daños que causa?A pesar de los impactos conocidos del carbón en el ambiente y la salud, para muchas economías sigue siendo una opción confiable y barata para producir energía.Tras la caída en el consumo de carbón durante la pandemia de COVID-19, en los años recientes la demanda mundial de carbón creció más de 1 200 millones de toneladas desde el año 2020, de acuerdo con el análisis Coal 2024 de la Agencia Internacional de Energía.A pesar del aumento de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, los principales consumidores, como China o India, siguen apostando por el carbón en el sector energético.En el caso de América Latina, el futuro del carbón es incierto. Por un lado, la región sigue participando en la extracción de carbón para su exportación o para su quema para generar energía. El caso más emblemático es Colombia, el quinto mayor exportador de carbón del mundo.Por otro lado, hay esfuerzos hacia la descarbonización, como en Chile, donde la generación eléctrica a partir del carbón ha generado graves afectaciones a la salud y al ambiente en las llamadas "zonas de sacrificio".El gobierno propuso un plan para que al año 2050 todo el Sistema Eléctrico Nacional genere energía 100% limpia. Sin embargo, una reciente quema acelerada de carbón sobrante en una termoeléctrica, como parte de su proceso de cierre de operaciones, ha puesto el foco en cómo se está llevando a cabo esa descarbonización.Como región productora y consumidora de carbón, América Latina tiene una cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón y, en su lugar, favorecer sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas.Terminar la era del carbón es posible. Es momento de hacerlo.
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La importancia del “cómo” en la transición energética
De las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) que proceden de combustibles fósiles, una de las principales causas de la crisis climática, cerca de la mitad viene del uso de carbón.Y América Latina no es ajena al problema porque tiene una participación tanto en la quema de carbón como en la extracción del mineral que, tras ser exportado, es empleado como fuente fósil de energía en otros rincones del mundo.En ese contexto, el cierre de termoeléctricas a carbón —como el que está ocurriendo en Chile — es una gran noticia, así como una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia.Pero en una transición energética justa, el “cómo” importa: Cada paso hacia la desfosilización debe garantizar sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, el respeto del ambiente y los derechos humanos, además de procesos de cierre y salida responsable. Así, el caso chileno, que explicaremos a continuación, es un ejemplo importante de por qué la región necesita implementar procesos de descarbonización responsables. Cuando descarbonizar contamina másA principios de 2024, la empresa AES Andes SA cerró la termoeléctrica Norgener en Tocopilla, ciudad costera situada en el norte de Chile.Como parte del proceso de cierre, la empresa quemó de manera acelerada las 94 mil toneladas de carbón que mantenía en la planta, afectando a una ciudad saturada ya de contaminación y reconocida públicamente como zona de sacrificio ambiental.La población de Tocopilla fue expuesta a posibles afectaciones a su salud que incluyen impactos en el sistema respiratorio, incremento del riesgo de infartos y —en niños y niñas — alteraciones perinatales, afectaciones al desarrollo y a la función pulmonar, entre otros.La quema forzada de carbón fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) —organismo encargado de gestionar las diferentes fuentes de energía que ingresan al sistema eléctrico nacional— y la electricidad generada desplazó el uso de energía proveniente de fuentes renovables.Para detener la quema, AIDA, Greenpeace y Chile Sustentable —junto con comunidades locales — presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para detener la quema, pero la decisión judicial llegó cuando el carbón ya se había quemado. Además, la corte consideró que el caso debía revisarlo un tribunal especializado en la materia en un procedimiento más prolongado. Un mal precedente para Chile y para el continenteAl autorizar la quema del carbón remanente de la termoeléctrica Norgener, el Coordinador Eléctrico Nacional hizo una excepción a la ley que dispone el orden de despacho energético. Poco después, en septiembre de 2024, el organismo emitió un procedimiento interno para ordenar el cierre anticipado de centrales eléctricas.Aunque es un intento por encauzar los procesos de cierre, la medida abre la puerta a que otras empresas con centrales a carbón en proceso de cierre repliquen lo ocurrido en Norgener: quemen su carbón remanente bajo el argumento de “vaciar stock” y generen energía que ingrese con prioridad al sistema eléctrico nacional, desplazando nuevamente a la proveniente de fuentes renovables.En Chile, el Coordinador Eléctrico Nacional decide qué unidad despacha su energía al sistema en un momento dado con base en un criterio de mérito económico creciente, según el cual la energía con menor costo variable entra primero. Sin embargo, el procedimiento interno dispone —sin respaldo normativo suficiente— que el organismo puede autorizar el despacho de energía fuera de orden económico para que centrales a carbón consuman su combustible remanente antes de su cierre.Frente a esto, AIDA, Greenpeace, Chile Sustentable y MUZOSARE (Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia) presentaron el 6 de febrero de 2026 una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles contra el Coordinador y sus consejeros por la aprobación y puesta en marcha de la medida.La denuncia representa una oportunidad para que las cosas se hagan bien: que el organismo fiscalizador del sector asegure que la planificación del cierre de termoeléctricas no termine premiando la mala gestión de inventarios de carbón a costa de la salud de comunidades y de una transición energética justa. Lo que la transición energética necesitaEn 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón del país para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando. Pero la urgencia de la descarbonización no debe servir para favorecer a las empresas a cargo de termoeléctricas ni dañar a las comunidades que viven cerca de industrias contaminantes.Hacerlo de este modo debilita el liderazgo climático de Chile, dando un mal ejemplo para cualquier proceso de desfosilización en la región.En una transición energética justa, las empresas involucradas en toda la cadena del carbón y de otros combustibles fósiles tienen la obligación de garantizar el cierre y salida responsable de sus operaciones.La transición energética no es un mero cambio de tecnologías, es una oportunidad para replantear los modelos de energía y de desarrollo, así como para corregir injusticias. Esto requiere reglas claras y adecuadas que favorezcan la seguridad del sistema energético, la competencia y el ambiente sano.
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5 datos clave sobre las “tierras raras”
Es probable que en las últimas semanas hayas leído o escuchado el término "tierras raras".Contrario a lo que su nombre sugiere, su presencia en la vida cotidiana es más común de lo que piensas. De hecho, muchas innovaciones tecnológicas que usamos diariamente no serían posibles sin ellas.¿Y por qué se habla tanto de ellas actualmente?Porque hoy las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en medio de disputas por su control, dada su utilidad en la fabricación de tecnologías para la transición energética, pero también para la industria militar.Pero, al margen de las tensiones geopolíticas en torno al tema, hay preguntas básicas que surgen al escuchar este término y por eso aquí las respondemos.Al comprender de dónde vienen las materias primas detrás de las tecnologías que usamos podemos también replantearnos el tipo de futuro que queremos. ¿Qué son las "tierras raras"?Son 17 elementos metálicos, similares en sus propiedades geoquímicas, utilizados en gran parte de tecnologías actuales, desde teléfonos móviles hasta autos eléctricos.Incluyen los 15 lantánidos de la tabla periódica de los elementos químicos —Lantano, Cerio, Praseodimio, Neodimio, Prometio, Samario, Europio, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Tulio, Iterbio y Lutecio— , además del Escandio y el Itrio.El Prometio suele ser descartado de este grupo porque en condiciones normales su vida es corta. ¿Realmente son raras?Contrario a lo que pudiera pensarse, no son "raras" en abundancia, pero sí en concentración. Es decir, no suelen encontrarse depósitos con altas concentraciones, lo que dificulta su explotación y procesamiento. En consecuencia, la mayor parte de su suministro mundial proviene de unas pocas fuentes.Pero cuando fueron descubiertas (siglos XVIII y XIX) eran menos conocidas en comparación con otros elementos. Las "tierras raras" más abundantes son similares en concentración en la corteza terrestre a metales industriales comunes (cromo, níquel, cobre, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno o plomo). Incluso las dos "tierras raras" menos abundantes (Tulio y Lutecio) son casi 200 veces más comunes que el oro. ¿Para qué se utilizan las "tierras raras"?Tienen propiedades fluorescentes, magnéticas y conductoras inusuales, que las hacen atractivas para una amplia variedad de aplicaciones.Están presentes en objetos cotidianos, como smartphones, pantallas o luces LED.En energías renovables, se usan para fabricar turbinas eólicas y autos eléctricos.Sus usos más especializados incluyen aparatos médicos y armamento. ¿Dónde están?Existen en varias partes del mundo, pero que un país tenga reservas no significa que las explote. Los países con las mayores reservas son:China: 44 millones de toneladas.Brasil: 21 millones de toneladas.India: 6 millones 900 mil toneladas.Australia: 5 millones 700 mil toneladas.Rusia: 3 millones 800 mil toneladas.Vietnam: 3 millones 500 mil toneladas.Estados Unidos: 1 millón 900 mil toneladas.Groenlandia: 1 millón 500 mil toneladas.En América Latina, además de Brasil, otros países donde se han identificado "tierras raras" son Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú. ¿Por qué ahora se habla tanto de ellas?La transición energética está intensificando la competencia por el acceso a materias primas — entre ellas las "tierras raras"— necesarias para tecnologías de energías renovables.Para promover y facilitar el acceso a estos y otros recursos, algunos países y organismos internacionales los llaman "críticos".Pero no solo son importantes para las energías renovables. Las "tierras raras" también son clave para la industria militar.Debido a que el suministro mundial se concentra en pocas fuentes, hay un creciente interés de algunos países del norte global por controlar el acceso a estos recursos. ¿Qué impactos causa su explotación?La extracción de "tierras raras" se hace principalmente en minas a cielo abierto, lo que implica graves impactos ambientales y sociales:Contaminación del agua, el aire y los suelos.Uso intensivo de agua y químicos tóxicos.Generación de desperdicios radioactivos.Pérdida de biodiversidad.Riesgos para la salud.Desplazamiento forzado de comunidades.Mayor riesgo de desigualdad económica. Las "tierras raras" y otros minerales considerados "críticos" están en el centro de los debates actuales sobre quién controla su explotación y producción.Al ser bienes que provienen de la naturaleza, y que muchas veces están en territorios comunitarios y ecosistemas críticos, una discusión más urgente es qué tipo de progreso queremos: ¿uno que fomente la explotación desmedida de recursos o uno que respete al ambiente y a las personas? Si quieres profundizar más en el tema, te dejamos los enlaces de las fuentes que consultamos: USGS, Rare Earths Statistics and Information: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/rare-earths-statistics-and-inform… USGS, "Fact Sheet: Rare Earth Elements-Critical Resources for High Technology": https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs087-02/ Science History Institute, History and Future of Rare Earth Elements: https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth… USGS, "The Rare Earth Elements-Vital to Modern Technologies and Lifestyles": https://pubs.usgs.gov/fs/2014/3078/pdf/fs2014-3078.pdf Institute for Environmental Research and Education, "What Impacts Does Mining Rare Earth Elements Have?": https://iere.org/what-impact-does-mining-rare-earth-elements-have/#environmental_impact_studiesLatin America’s opportunity in critical mineralsfor the clean energy transition: https://www.iea.org/commentaries/latin-americas-opportunity-in-critical-minerals-for-the-clean-ener…U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2025 : https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf pg 145
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¿Qué sigue tras la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar?
El día finalmente llegó.El 17 de enero pasado, el Tratado de Alta Mar —llamado oficialmente Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ Agreement, por sus siglas en inglés)— entró en vigor y con ello se convirtió en ley internacional.Siendo un hito histórico que tomó más de dos décadas en concretarse, el tratado establece por primera vez un marco jurídico para proteger la biodiversidad en alta mar —cuyas aguas cubren casi la mitad del planeta y pertenecen a todos los países— y para garantizar que los beneficios derivados de sus recursos se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial.La puesta en marcha del tratado fue activada el 19 de septiembre de 2025 cuando alcanzó su ratificación número sesenta. Al 15 de enero de este año, 83 países ya son Estados Parte del acuerdo.La ratificación o adhesión significa que los países, además de firmarlo, dan su consentimiento formal al tratado, lo que a menudo implica garantizar que sus leyes nacionales sean coherentes con este.Pero ¿qué viene ahora con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar? Obligaciones legales para los EstadosCon su entrada en vigor, los Estados Parte del acuerdo deben empezar a cumplir con una serie de obligaciones legales contenidas en este. Aunque algunas dependen del funcionamiento de los órganos y los mecanismos del tratado, otras son aplicables desde ya, incluyendo las siguientes:Notificar públicamente cualquier actividad prevista bajo su control que pueda afectar la biodiversidad de alta mar o del lecho marino. Estas actividades deben seguir los procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por el tratado.Promover los objetivos del tratado al participar en espacios de toma de decisiones ante otros organismos internacionales, como los que regulan el transporte marítimo, la pesca y la minería submarina.Notificar y reportar aspectos relacionados con el cumplimiento de requerimientos sobre recursos genéticos marinos, reparto de beneficios no monetarios y cooperación para la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades. Respecto del último punto, el tratado establece un Mecanismo de Intercambio de Información, una fuente de conocimiento que muchos países —sobre todo en desarrollo— no podrían disfrutar en otras circunstancias.En términos generales, la implementación del acuerdo tendrá, entre sus obligaciones más visibles, temas de cooperación y coordinación entre los países a partir de mecanismos establecidos por este y mediante puentes con instrumentos jurídicos internacionales que ya existen y que históricamente se han aplicado de manera aislada. Propuestas de áreas marinas protegidas en alta marUno de los objetivos principales del tratado es la creación y el manejo adecuado de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar para conservar y rescatar la rica biodiversidad albergada en el océano.Con la entrada en vigor del tratado, esta tarea no puede comenzar desde ya porque su cumplimiento requiere el funcionamiento de los órganos y mecanismos específicos, entre ellos la Secretaría del tratado, que recibirá las propuestas de AMP, así como el Órgano Científico y Técnico, que las evaluará y emitirá recomendaciones sobre su adopción ante la Conferencia de las Partes.Sin embargo, los países pueden comenzar desde ahora con el proceso de consultas amplias estipulado en el tratado para la elaboración de propuestas de AMP o de otros mecanismos de gestión basados en áreas (ABMTs, por sus siglas en inglés), las cuales deben estar basadas en los mejores conocimientos científicos y tradicionales disponibles.Aunque son los países quienes deben proponer y luego decidir el establecimiento de las zonas que serán declaradas reservas para su protección en alta mar, existen esfuerzos desde la sociedad civil para avanzar en esto.Por ejemplo, la Alianza por Alta Mar —una coalición de organizaciones en la que AIDA tiene el papel de coordinador regional para América Latina— tiene preliminarmente identificadas ocho propuestas de AMP de gran valor ambiental: tres están en el Atlántico (Ciudad Perdida, Mar de los Sargazos y Dorsal de Walvis), cuatro en el Pacífico (Domo Térmico, Dorsal de Salas y Gómez y Nasca, Montes Submarinos Emperador y Mar de Tasmania) y una en el Índico (Saya de Malha).Para la elaboración de propuestas de AMP ubicadas en aguas internacionales adyacentes a América Latina —el Domo Térmico y la Dorsal de Salas y Gómez y Nasca—, la alianza está apoyando a los gobiernos de Costa Rica y Chile, respectivamente. La primera reunión de toma de decisiones del acuerdoA más tardar un año después de la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar —es decir, a finales de 2026 o a inicios de 2027—, tendrá lugar su primera Conferencia de las Partes (COP1), donde se decidirán aspectos clave para su implementación y para la puesta en marcha de sus beneficios.Solo los países que hayan ratificado el acuerdo podrán participar en la toma de decisiones, el resto lo podrá hacer como observadores. Aquellos países que únicamente firmaron el tratado tienen la obligación de buena fe de evitar realizar actos que frustren su propósito.Con miras a la COP1, se realizan reuniones de la Comisión Preparatoria para elaborar propuestas sobre la arquitectura institucional del tratado (sus órganos y procesos de toma de decisiones) que serán presentadas para su adopción en la conferencia.Con el hito histórico comienza ahora otra fase clave, la de implementación, que permita traducirlo en medidas concretas y duraderas para la salud del océano.Su impacto dependerá de cómo se aplique y respete colectivamente. Y su efectividad será mayor cuando todos los países se adhieran al acuerdo.
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10 noticias ambientales para terminar 2025 con esperanza
Estamos cerca de terminar un año complejo y hacer un balance parece desalentador. El multilateralismo tambalea mientras las crisis ambientales se agravan y demandan con urgencia acciones contundentes.En momentos así de convulsos vale la pena hacer un recuento de lo que, como humanidad, hemos logrado para construir un mundo más justo y sostenible para todos los seres que lo habitamos.2025 será recordado como el año en que una expedición submarina nos emocionó en vivo y directo, que celebramos la puesta en marcha de acuerdos para proteger la vida en el océano y que las decisiones de tribunales internacionales transformaron la búsqueda de justicia para proteger a las personas y al ambiente de la emergencia climática.Estas son algunas de las victorias ambientales que nos deja este año y merecen celebrarse, como se honra al fuego que ilumina en medio de la oscuridad. Porque así, aun entre pequeñas luces, podremos seguir alumbrando un camino de esperanza hacia la justicia ambiental y climática. 1. Tribunales internacionales emitieron decisiones históricas para la justicia climáticaLa Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dieron a conocer sus respectivas opiniones consultivas relacionadas con la emergencia climática. Ambas decisiones aclararon las obligaciones de los Estados para proteger los derechos de las personas y de la naturaleza frente a la crisis climática.Estas decisiones son parte de un movimiento global sin precedentes por la justicia climática en el que convergen también la opinión consultiva emitida en 2024 por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y futuras decisiones similares como la que se espera de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.Conoce más: Dialogue Earth 2. Los litigios climáticos rebasaron los 3 mil casos en el mundo Los litigios relacionados con el cambio climático alcanzaron los 3,099 casos en el mundo, de acuerdo con un informe del Sabin Center for Climate Change Law y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aunque los litigios climáticos en países del sur global aún son minoría (9.8 % del total documentado), han crecido de forma sostenida. Brasil destaca como el tercer país con más casos en el mundo (135) y otros países de América Latina (México, Colombia, Argentina y Chile) figuran entre los 15 primeros con más casos registrados.Este crecimiento demuestra el uso cada vez mayor del litigio estratégico para promover acciones concretas ante las causas y consecuencias de la crisis climática.Conoce más: Sabin Center for Climate Change Law 3. Colombia declaró libre de gran minería e hidrocarburos su parte de la AmazoníaDurante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), Colombia declaró toda la extensión de la Amazonía colombiana como una zona libre de hidrocarburos y actividades de gran minería, anunciándola como "zona de reserva de recursos naturales".La decisión implica una limitación inédita a la expansión de actividades mineras e hidrocarburíferas en más de 48 millones de hectáreas, equivalentes al 7 % de toda la Amazonía. También es un llamado al resto de los países amazónicos a seguir su ejemplo.Conoce más: InfoAmazonia 4. Países crean un mecanismo global para impulsar la transición energética justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM por sus siglas en inglés), creado en el marco del Programa de Trabajo sobre Transición Justa.El mecanismo funcionará como un espacio articulador para centralizar iniciativas globales, ofrecer asistencia técnica y fortalecer la cooperación internacional. Es un logro impulsado por la sociedad civil para lograr una acción climática ambiciosa y una transición que no repita errores de la era de los fósiles.Conoce más: AIDA y The Climate Reality Project América Latina 5. Una expedición submarina en Argentina marcó un hito científico y tecnológicoLa expedición "Underwater Odel Plata Canyon: Talud Continental IV", liderada por científicas y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, en colaboración con la fundación Schmidt Ocean Institute, exploró el océano profundo en el cañón submarino Mar del Plata durante 21 días, mientras se transmitía en directo por YouTube y Twitch.El resultado: se descubrieron 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada de corales de aguas frías, hallazgos que fueron vistos y celebrados en tiempo real por millones de personas.Conoce más: CONICET 6. El Tratado de Alta Mar finalmente entrará en vigorEn un proceso que tomó más de dos décadas, el Tratado de Alta Mar alcanzó este año las 60 ratificaciones necesarias para activar su entrada en vigor, que ocurrirá el 17 de enero de 2026. Este acuerdo vinculante permite la protección de la parte del océano fuera de los límites de los países, casi la mitad del planeta, mediante la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas en alta mar. Se trata de un hito histórico para la defensa del océano y el bienestar de millones de personas en América Latina y el mundo.Conoce más: AIDA 7. Comenzó la implementación del acuerdo que pone fin a subsidios pesqueros nocivosEl Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, de la Organización Mundial del Comercio, entró en vigor en septiembre de este año. Es el primer tratado comercial multilateral que prioriza la sostenibilidad ambiental, además de un hito para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.El acuerdo prohíbe las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.Conoce más: OMC 8. Las tortugas verdes marinas dejaron de considerarse especie en peligro de extinciónTras décadas de declive, la población de tortugas verdes marinas está recuperándose. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya no las considera en peligro de extinción y las reclasificó como "especie de menor preocupación".Esta población de tortugas marinas ha aumentado gracias a décadas de trabajo de conservación para proteger zonas de anidación, reducir la captura y prevenir capturas incidentales. AIDA fue parte de esos esfuerzos, al protegerlas en la década de los 90 de la caza —por entonces legal— en Costa Rica.Conoce más: AIDA y IUCN Red List 9. Crece la protección de ecosistemas clave en el mundo, incluidas las GalápagosLa UNESCO incorporó 26 nuevas reservas de biosfera en 21 países, la cifra más alta en 20 años, y aprobó la expansión de 60 mil kilómetros de superficie en la Reserva de Biosfera Galápagos, en Ecuador, para incorporar la Reserva Marina Hermandad. Con ello, se resguardará el espacio por donde transitan decenas de especies marinas, muchas de ellas protegidas, y que es considerado uno de los corredores oceánicos más diversos del mundo.Conoce más: LaderaSur y Cancillería de Ecuador 10. Disminuyó la deforestación en territorios afrodescendientes en América LatinaLos pueblos afrodescendientes de Brasil, Colombia, Ecuador y Surinam redujeron significativamente sus tasas de deforestación, de acuerdo con una nueva investigación de Conservation International.El estudio demostró que los pueblos afrodescendientes son fundamentales para la conservación del ambiente, ya que 56 % de sus tierras están en el 5 % con más biodiversidad en el mundo.Conoce más: Conservation International
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Nuestro aporte a la justicia ambiental en 2025
Uno de los pilares del trabajo de AIDA es el uso estratégico de la ley, con el respaldo de la argumentación científica y la incidencia internacional, para crear precedentes clave que protejan el ambiente y los derechos humanos en toda América Latina.Este año nuestros esfuerzos contribuyeron a fortalecer el marco legal regional y mundial para que responda de manera más efectiva a los desafíos sociales y ambientales de hoy.Así, herramientas jurídicas clave vieron la luz y con ellas grandes oportunidades para seguir defendiendo a comunidades y territorios, protegiendo la biodiversidad de la región y haciendo responsables a gobiernos y empresas.Los avances logrados en 2025 muestran el poder transformador de la ley, la ciencia y la fortaleza de las comunidades cuando se unen: 1. Dos nuevos tratados globales le devuelven la esperanza al océano y a la humanidadEste año celebramos dos logros históricos que pueden cambiar el destino del océano y el nuestro.El primero es la ratificación del Tratado de Alta Mar para su puesta en marcha en enero de 2026. Este acuerdo legalmente vinculante establece normas comunes y un sistema de gobernanza multilateral para la parte del océano que está fuera de la jurisdicción nacional: ¡casi la mitad del planeta!El segundo hito es la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio. Por primera vez, un tratado comercial multilateral pone la sostenibilidad ambiental en primer plano al prohibir las subvenciones gubernamentales que fomentan la pesca ilegal y el agotamiento de las poblaciones sobreexplotadas.AIDA tuvo un papel importante en asegurar la inclusión de las necesidades de América Latina en la construcción de ambos acuerdos, apoyando técnicamente a representantes de gobiernos de la región. Nuestra labor continúa para garantizar que los tratados se traduzcan en medidas concretas y efectivas para el continente.Conoce más 2. Comunidad maya de Guatemala logra victoria ambiental históricaEn el municipio de Chinautla, Guatemala, una comunidad del pueblo maya poqomam logró un fallo judicial sin precedentes ante la contaminación de sus ríos, que por décadas ha vulnerado sus derechos. Como respuesta al litigio que interpuso la comunidad, un tribunal ordenó al municipio desarrollar estudios, programas y planes para frenar la contaminación y garantizar la participación comunitaria en todo el proceso.Es la primera vez que una decisión judicial en el país reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. Este logro puede inspirar a los otros municipios de la cuenca del Motagua, el río más extenso de Guatemala, a donde la contaminación llega, amenazando también al Arrecife Mesoamericano.Además de brindar apoyo legal, AIDA involucró a la comunidad en la documentación de los vertederos ilegales que han dañado sus fuentes de agua, una experiencia de ciencia ciudadana que se convirtió en sustento clave del litigio y de la sentencia.Conoce más 3. Corte Interamericana marca un antes y después para la justicia climáticaEl 3 de julio, la Corte Interamericana de Derechos humanos hizo pública su esperada Opinión Consultiva 32 sobre derechos humanos y emergencia climática, un punto de inflexión para la justicia climática a nivel regional y mundial. Su pronunciamiento esclarece las obligaciones legales de los Estados para proteger a personas y comunidades afectadas por la crisis climática, abriendo una puerta enorme para que accedan a justicia en tribunales nacionales e internacionales, negociaciones climáticas y espacios de incidencia sobre políticas públicas.La Corte, entre otras cosas, reconoce por primera vez el derecho a un clima sano, además del deber estatal de evitar que las empresas vulneren derechos humanos en el contexto del cambio climático.En el proceso que antecedió la decisión, AIDA fue el puente para que muchas comunidades de la región dieran testimonio ante la Corte, además de presentar un aporte propio argumentando la necesidad de reconocer el derecho a un clima estable y seguro.Conoce más Descubre las historias detrás de estos logros y nuestro resumen completo del año en nuestro Informe Anual 2025.
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Reflexiones para la recuperación de los recursos pesqueros de América Latina
Por Juan Fernando Carrascal, Gisselle García y Bryslie Cifuentes* Los recursos pesqueros de América Latina y el Caribe están hoy en un escenario de sobreexplotación y de explotación a niveles máximos sostenibles de numerosas especies de interés comercial y de consumo comunitario.La situación es agravada por la falta de información adecuada para gestionar estos recursos, además de por la alta vulnerabilidad de las pesquerías artesanales a la crisis climática y a la competencia por el espacio con la pesca industrial y los desarrollos costa afuera (offshore).La emergencia climática tiene efectos drásticos y a largo plazo en las pesquerías de la región, afectando la distribución de las especies, los medios de vida de las comunidades pesqueras y la eficacia de las estrategias de manejo.Frente a este panorama, es fundamental gestionar y reducir la presión pesquera, protegiendo y restaurando los ecosistemas marino-costeros. El uso del derecho en general, particularmente el derecho pesquero internacional y nacional, permite el ordenamiento de la actividad pesquera. Brindando las condiciones para el aprovechamiento, manejo y conservación de las pesquerías e incluso para la restauración de especies y ecosistemas. Situación de las pesquerías en América Latina y el CaribeA nivel global, cerca del 36 % de los stocks pesqueros está por encima de los niveles biológicamente sostenibles, algo que se refleja en las estimaciones regionales, donde la tendencia general de las pesquerías se enmarca en los niveles máximos de explotación o sobreexplotación.Los medios de vida de las comunidades costeras y pesqueras artesanales dependen de los recursos locales, lo que incrementa sus niveles de vulnerabilidad frente a la disminución de las capturas y la degradación de los hábitats.Algunos datos, detallados a continuación, evidencian el agotamiento de los recursos pesqueros del continente y/o la falta de información al respecto:En el Pacífico Sudeste, la anchoveta peruana, altamente sensible a eventos climáticos como El Niño, se encuentra explotada en su máximo sostenible o sobreexplotada.Meros y pargos están en su máximo nivel sostenible o sobreexplotados en varias partes de Centroamérica.En México, 735 especies de 83 pesquerías no están evaluadas; el Pacífico Central mexicano, el Golfo de Tehuantepec y el Banco de Campeche son regiones altamente deterioradas donde la mayoría de las pesquerías están sin posibilidad de expansión, totalmente explotadas o agotadas.En Brasil, los registros de la pesca artesanal son escasos e insuficientes. Pero registros más completos muestran que entre el 50 y 60 % del recurso pesquero nacional está sobreexplotado o colapsado con regiones como el sureste y el sur con el 29 y 32 % del recurso totalmente colapsado, respectivamente.En República Dominicana, los estudios de pesquerías han sido descriptivos o ausentes. Sin embargo, especies como el caracol rosado y la langosta espinosa están sobreexplotadas en todo el país; existe además un alarmante crecimiento del 90 % en las capturas por debajo de la talla legal autorizada.En Uruguay, recursos como el mejillón azul se encuentran totalmente explotados o en riesgo inminente de sobreexplotación. Además de la sobreexplotación, la situación crítica de las pesquerías de la región responde a la degradación y contaminación de hábitats marinos y costeros, a los impactos climáticos, así como a deficiencias en la gobernanza y a la falta de información detallada para una gestión sostenible. Impactos de la crisis climática en los recursos pesquerosEl incremento de la variabilidad del clima, las anomalías de la temperatura superficial del océano, el aumento del nivel del mar y la acidificación del océano —entre otros impactos de la crisis climática— afectan las pesquerías a gran escala y en el largo plazo.Eventos cada vez más intensos y duraderos como El Niño en el Pacífico o las tormentas tropicales y huracanes en el Caribe, afectan considerablemente las pesquerías artesanales, aumentando así su vulnerabilidad, reduciendo los días de pesca y los ingresos económicos, generando desempleo y la reubicación de las aldeas pesqueras. Un claro ejemplo de estas afectaciones es el de la anchoveta peruana, uno de los recursos pesqueros más importantes a nivel mundial. Eventos intensos de El Niño, como el registrado en 1983-1984, tienen un fuerte efecto en sistemas como la corriente de Humboldt, crucial para el surgimiento de las aguas frías y nutritivas que la anchoveta necesita. Esto afecta no solo la distribución espacial del recurso, sino además las dinámicas ecológicas y biológicas de la especie.Asimismo, eventos cálidos de El Niño causaron mortalidades masivas de almeja del surf, especie que se encuentra principalmente en Perú y el norte de Chile. Además, el desplazamiento de la corriente de Brasil hacia el sur debido al calentamiento del océano y al incremento en la intensidad de los vientos ha desplazado especies de interés comercial como la gamba roja argentina.Por otro lado, el aumento de las anomalías de la temperatura superficial del océano ha ocasionado eventos de blanqueamiento masivo de corales a nivel mundial, dañando y matando cientos de kilómetros cuadrados de hábitat esencial para las especies de peces arrecifales y para el acceso al recurso pesquero de comunidades aledañas a estos ecosistemas. Aunque los impactos negativos de la crisis climática son claros, la sobrepesca sigue siendo la amenaza principal para la mayoría de las pesquerías. Y los problemas de gobernanza y gestión pesquera han exacerbado los impactos climáticos, agravando la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras artesanales en la región. Estrategias para recuperar las pesquerías del continenteLa recuperación de los recursos pesqueros pasa por la gestión y reducción de la presión pesquera, incluyendo la protección y restauración de los ecosistemas marinos y costeros. Entre las estrategias encaminadas a lograr estos objetivos, muchas de ellas basadas en el uso del derecho, están las siguientes:Crear áreas marinas protegidas y zonas de no captura, restaurar hábitats, proteger fases críticas del ciclo de vida de las especies (como el desove), así como reclutar e identificar áreas de crianza como manglares y praderas de pastos marinos. Un ejemplo en alta mar de zona de no captura que por años se ha implementado bajo el régimen del derecho internacional es “El Corralito”, establecida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical para reducir la presión pesquera de túnidos tropicales y las especies acompañantes.Como complemento al punto anterior, realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales que consideren aspectos biológicos, sociales y económicos, fortalecerá el monitoreo de capturas, especialmente en el sector de la pesca artesanal.Hacer cumplir las obligaciones de los Estados para proteger el océano, lo que incluye la conservación de los recursos marinos y pesqueros. Los países miembros de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar deben asegurar los recursos marinos a través de medidas adecuadas de conservación que tomen en cuenta los datos científicos más fidedignos disponibles. Asimismo, los Estados ribereños y las organizaciones internacionales competentes (subregionales, regionales o mundiales), deben cooperar para la conservación y administración de estos recursos. Frenar los incentivos a la sobreexplotación. Otro instrumento que surge a nivel internacional y que implica grandes beneficios para los Estados y su ordenamiento jurídico interno es el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio, vigente desde el pasado 15 de setiembre. Su objetivo es eliminar y prohibir las subvenciones pesqueras nocivas que contribuyen al agotamiento de los recursos marinos. Los países que lo aceptaron formalmente deben garantizar su implementación y no permitir subsidios para actividades de pesca que sean ilegales, no declaradas y no reglamentadas, así como impedir subsidios para pesca en alta mar cuando no haya regulación o gobernanza adecuada. A nivel nacional, promover la gestión adaptativa, la participación de comunidades pesqueras en las decisiones y el uso de enfoques basados en derechos. Esto debe ir acompañado de instituciones sólidas que garanticen equidad, transparencia y sostenibilidad a largo plazo. También es necesario impulsar medios de vida alternativos; favorecer embarcaciones pequeñas y polivalentes; además de masificar el uso de subsidios no perjudiciales a la pesca, la reducción de la presión pesquera, la mejora de los ecosistemas, la optimización de la recopilación de datos y la implementación de marcos de gobernanza y gestión más robustos. Habiendo reconocido el deterioro de las poblaciones de interés pesquero en América Latina y el Caribe, así como la importancia de estos recursos para nuestra seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras, es momento de evaluar la eficacia de las medidas que se han adoptado e implementar las nuevas herramientas que provee el derecho internacional. Conoce más del tema en nuestra más reciente publicación* Juan Fernando Carrascal es científico becario de AIDA, Gisselle García es abogada del Programa de Clima y Bryslie Cifuentes es abogada de Océano.
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Termina la COP30 con algunos aciertos para seguir adelante
Con más de 25 horas de retraso, terminó la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30). La llamada "COP de la Amazonía", celebrada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, deja desilusión por no haber cambiado el rumbo, pero también algunos avances para seguir empujando la acción climática. No fue un fracaso total: el multilateralismo sigue vigente, aunque aporreado.La COP30 estuvo marcada por la presencia de pueblos indígenas, sobre todo de la cuenca amazónica, que llenaron calles y eventos paralelos. Sin embargo, según reportes, solo una fracción de estas delegaciones accedió a las salas formales de negociación, mientras que un número desproporcionado de representantes de la industria de los combustibles fósiles sí participaron del evento oficial. Esta asimetría es reflejo de la salud democrática del régimen climático: en la COP de la Amazonía, la fuerza de pueblos indígenas y afrodescendientes se sintió en la calle, pero sus voces siguieron estando subrepresentadas de los espacios de toma de decisiones.A pocos días de iniciada la conferencia, se publicó el más reciente informe de síntesis de las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas. Su mensaje fue quizás más agrio que dulce, pero dejó un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, el informe confirma que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar el desafío. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no lo suficiente.A estas alturas, está claro que las COP no van a “salvar el mundo”, pero tampoco parece posible que salgamos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. Desde ahí, vale la pena preguntarse qué nos deja la COP30. El acuerdo aprobado: Global de MutirãoLa palabra "Mutirão" hace referencia al espíritu de colaboración, cuerpo y alma que Brasil quiso traer al proceso de negociación internacional de esta COP.El acuerdo aprobado habla de mantener viva la meta de no superar los 1.5°C en la temperatura del planeta, reconociendo que el tiempo se agota. Para ello propone dos mecanismos voluntarios liderados por la presidencia, que por ahora parecen declaraciones de buena intención que herramientas con dientes: un "acelerador global de implementación" y la "misión de Belém al 1.5°C". En cuanto a financiamiento, el texto establece un programa de dos años de trabajo sobre el Artículo 9.1 del Acuerdo de París, referido a los recursos públicos que los países desarrollados deben proveer, entendiéndose en el contexto del Artículo 9 en su totalidad. Se incluyó una nota al pie para dejar claro que esto no prejuzga la implementación de la nueva meta global. El riesgo que advierten las organizaciones de la sociedad civil es que esta formulación siga diluyendo las obligaciones específicas de los países desarrollados bajo la narrativa de "todas las fuentes de financiamiento", sin reglas claras sobre quién debe poner realmente los recursos y en qué condiciones. El valor real de todo esto aún está por verse en la práctica. Lo ganado: un nuevo mecanismo para la transición justaUn avance importante de la COP30 fue la adopción del Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), un nuevo arreglo institucional bajo el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Fue la principal bandera de la sociedad civil organizada.Se trata de un hub para centralizar y articular iniciativas de transición justa alrededor del mundo, brindando asistencia técnica y cooperación internacional para que la transición no repita los errores de la era de los fósiles.El texto incorpora buena parte de los principios que empujó la sociedad civil latinoamericana —incluyendo de derechos humanos, ambientales y laborales; el consentimiento previo, libre e informado; y la integración de grupos marginados— como pieza clave para lograr acción climática ambiciosa.Aun con brechas en salvaguardas y en la definición de su gobernanza, el BAM es un avance concreto de esta COP en materia de justicia climática. Es un punto de partida para discutir no solo que haya transición, sino cómo y con qué reglas se hace para evitar que se replique la lógica de los fósiles. Su diseño y puesta en marcha concreta se debatirán en las próximas COP: ahí será clave que la región llegue con propuestas sólidas y en bloque. Terminar con los fósiles y la deforestación: dos "casi" que nos ponen en otro peldañoUn acuerdo para dejar atrás los combustibles fósiles y la deforestación —atendiendo de frente y sin más rodeos las causas principales de la crisis climática— "casi" queda en la decisión final.Más de 80 países del norte y del sur pedían una hoja de ruta para salir del petróleo, el gas y el carbón. Y más de 90 apoyaron la idea de otra para detener y revertir la deforestación hacia 2030. Aunque las solicitudes lograron entrar en borradores de la decisión de cierre de la conferencia, desaparecieron del texto final tras la resistencia de los grandes productores fósiles.Aun así, no nos vamos con las manos vacías: Brasil, a cargo de la Presidencia de la COP30, anunció que impulsará dichas hojas de ruta, aunque fuera del régimen formal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Para el caso de la salida de los fósiles, Colombia se comprometió a coorganizar, junto con los Países Bajos, la primera conferencia global sobre el tema en abril de 2026.Si bien no quedó establecido dentro de las negociaciones oficiales, vale la pena celebrar que por primera vez un grupo tan amplio de países unió fuerzas para conseguirlo. Estos dos "casi" importan: nos dejan en un nuevo piso político y jurídico para las siguientes rondas. Dos herramientas para avanzar con la adaptaciónLa COP30 dejó herramientas para que las negociaciones sobre adaptación sigan adelante.La decisión de Mutirão llama a triplicar la financiación colectiva de adaptación hacia 2035, ligada a los USD 300 mil millones anuales acordados en la nueva meta global. Es menos de lo que pedían los países más pobres (triplicar para 2030, con cifra explícita), sin claridad ni garantía del rol de los países desarrollados, pero es un ancla política que aprovechar.Al mismo tiempo, se adoptó un primer paquete de 59 indicadores para el Objetivo Global de Adaptación (GGA). Varios países africanos y personas expertas los calificaron de "poco claros, imposibles de medir y en muchos casos inutilizables" porque sacrifican precisión y anclaje en las realidades de las comunidades a cambio de destrabar el acuerdo. En respuesta, el texto incluyó la "Visión Belém–Addis", una ventana de dos años para corregir fallas y hacer que el marco sea operativo de aquí a 2027.En resumen, tenemos más promesas de dinero y un marco de indicadores más débil de lo necesario, pero también un proceso donde la región podrá seguir empujando por un GGA útil y un financiamiento de adaptación justo y suficiente. Pérdidas y daños: lento y ni tan seguroEl avance en este tema ha sido desesperantemente lento frente a la urgencia. En la COP30 se acordó por fin la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia. El resultado es frustrante pues las discusiones han durado una década mientras las comunidades ya están pagando el costo del calentamiento.Por otro lado, el Fondo de Respuesta a Pérdidas y Daños, creado hace dos años, lanzó su primer llamado a solicitudes, con un paquete inicial de USD 250 millones en subvenciones para los próximos seis meses. El Fondo cuenta con 790 millones prometidos, pero solo 397 efectivamente depositados, una brecha enorme ante las necesidades estimadas en cientos de miles de millones anuales para países en desarrollo.La esperada presión política para que los países desarrollados aumentaran sus aportes quedó muy diluida en el texto final, aunque al menos se logró vincular al Fondo con la nueva meta global de financiamiento acordada en la COP29. Un nuevo Plan de Acción de GéneroLa COP30 terminó con la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género bajo el Programa de Lima renovado. El Plan tiene cinco áreas prioritarias: fortalecimiento de capacidades y conocimiento; participación y liderazgo de las mujeres; coherencia entre procesos; implementación y medios de implementación con enfoque de género; monitoreo y reporte. Además, da una hoja de ruta para que la acción climática sea realmente sensible al género, con indicadores para medir progresos. Metano: un supercontaminante aún sin el protagonismo que exige la ciencia En la COP30, los contaminantes climáticos de vida corta, particularmente el metano, ocuparon un espacio relevante gracias a un pabellón exclusivo donde hubo conversaciones con diversos actores regionales y globales. Además, se presentó el Global Methane Status Report 2025, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Coalición por el Clima y el Aire Limpio. El informe señala avances "significativos" desde el lanzamiento del Global Methane Pledge en 2021. Sin embargo, advierte que el progreso actual aún está lejos de la meta de reducir un 30 % las emisiones de metano al 2030.En las negociaciones oficiales, aunque el borrador del Sharm el-Sheikh Mitigation Ambition and Implementation Work Programme incluía una referencia explícita a la necesidad de mitigar metano mediante una adecuada gestión de residuos, esa mención fue eliminada del texto final, quedando únicamente un llamado general a mejorar la gestión de residuos y restando protagonismo a la urgencia de reducir emisiones de un contaminante cuya mitigación es esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Aun así, durante la COP30 se lanzó la iniciativa global “No Organic Waste (NOW) Plan to Accelerate Solutions”, que busca reducir en 30 % las emisiones de metano provenientes de residuos orgánicos para 2030.En general, esta COP dejó pasar una oportunidad clave para cumplir con su objetivo. Si realmente queremos mantenernos en la senda del Acuerdo de París, debemos tratar al metano como lo que es: una oportunidad decisiva que todavía no estamos aprovechando. ¿Cómo cerramos la COP30 y nos preparamos para la siguiente?La COP31 se llevará a cabo en Turquía, bajo la presidencia de Australia. Y, más allá de las carencias que dejó la COP30, hay al menos cuatro cosas que defender y en las que avanzar: La normalización del debate sobre la salida de los fósiles, con más de 80 países pidiendo abiertamente una ruta y Colombia–Países Bajos llevando esa conversación a una conferencia específica en 2026.Una agenda forestal que, aunque quedó fuera del texto, deja la promesa de una hoja de ruta de Brasil y el respaldo explícito de un grupo amplio de países.Un avance pequeño pero real en adaptación con la decisión de triplicar la financiación y un primer conjunto de indicadores que, aunque débiles, dan algo desde donde empujar mejoras.La creación de un nuevo mecanismo para la transición justa, que puede definir cómo se hace la transición, unificando y potenciando esfuerzos que favorezcan y protejan a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas.
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La recta final de la COP30: Sombras, contradicciones y algunas luces
Terminó la primera semana y arrancó la fase política en la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém do Pará, Brasil. Comenzaron los días en que deben tomarse decisiones. Desde 2021 la COP no se celebraba en un país donde protestar es posible. Y los pueblos lo han hecho valer. El sábado, la manifestación fue masiva: miles de personas exigieron justicia climática en las calles, al ritmo de tambores amazónicos. También hubo un "funeral para los combustibles fósiles", al estilo de Tim Burton, con monstruos y viudas tétricas despidiéndose de una era que bien vale la pena enterrar. Pero no todo ha sido carnaval. Representantes de pueblos indígenas bloquearon la entrada del evento en varias ocasiones e incluso irrumpieron en masa en la zona azul, de acceso restringido, denunciando la explotación de sus territorios. El descontento es total. Aunque las autoridades de la COP recibieron al grupo, pero poco después enviaron una carta al gobierno brasileño solicitando reforzar la seguridad y dispersar manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas advirtieron sobre el peligro de criminalizar la protesta y el mensaje que ello envía acerca del rol de los pueblos indígenas.Estas manifestaciones son la expresión de comunidades que terminaron siendo minoría en un evento que prometió ser inclusivo. Además, hubo muchas críticas por la cantidad desproporcionada de representantes de la industria de los combustibles fósiles presentes en las negociaciones. Todo lo anterior hace más complejo lograr justicia climática.Finalmente, las opiniones consultivas (OC) no podrían quedar fuera de este recuento. Aunque no son un elemento formal de la agenda, dejaron huella. Su mensaje central es potente: la cooperación internacional no es voluntaria, es una obligación jurídica. No es extraño entonces que el tema aparezca una y otra vez en eventos específicos, menciones constantes de la sociedad civil y de algunas delegaciones de países, así como en referencias cruzadas en debates sobre financiamiento, adaptación y transición. Más que citar las OC, se las ha hecho valer: se mantiene el impulso para que alcancen su mayor potencial en esta COP y en lo que sigue. Negociaciones: los cuatro temas en "consultas presidenciales"La Presidencia de la COP inició las negociaciones expeditamente mediante una novedosa táctica: para adoptar la agenda sin contratiempos, dejó fuera y envió a “consultas presidenciales” cuatro temas complejos: Artículo 9.1 sobre financiamiento público de países desarrollados: se discute si el este financiamiento incluirá solo fondos públicos o también privados, además de la rendición de cuentas de estos fondos y cómo serán reportados. Los países más ricos —que están obligados a proveer— oponen resistencia, mientras que los países vulnerables lo necesitan para sobrevivir la crisis.Medidas unilaterales de comercio vinculadas al clima: son aquellas que los países pueden imponer en relación con su política climática (impuestos al carbono, por ejemplo). Son consideradas injustas o proteccionistas, sobre todo por los países del sur global con menor capacidad de reducir emisiones. Las negociaciones buscan evitar que sean barreras comerciales arbitrarias. Las NDC y el nivel de ambición: según el último reporte de síntesis, hay una brecha entre los compromisos de los países y lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 °C. Para muchas personas negociadoras, es clave acordar medidas concretas para reducir la brecha, pero los países que más emiten se resisten.Síntesis de los reportes de transparencia climática: el Acuerdo de París incluye un Marco de Transparencia Reforzado que obliga a que los países reporten periódicamente sus emisiones, esfuerzos de acción climática y el apoyo que dan o reciben, entre otros temas. En la COP30 se discute específicamente cómo hacer los reportes de síntesis más rigurosos y útiles. Las consultas han sido tensas y avanzan lentamente. El domingo, la Presidencia difundió una "nota de resumen" con posibles salidas y hoy se publicó un borrador de decisión sobre la que aún no hay reacciones. Lo que sigue son más reuniones cerradas que podrían llevar a diferentes desenlaces. Con el borrador, parece cada vez más plausible que la COP termine con una "decisión de mutirao (cover decision)", que resuma todos los avances y aborde los temas complejos. Su alcance dependerá de los cuatro días que faltan. Transición energética justa y la promesa de un mecanismo adecuadoEl Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa es un nuevo arreglo institucional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) impulsado por ONG y países del sur global. Su objetivo es ordenar el tema de transición justa que hoy reúne esfuerzos fragmentados. El mecanismo coordinaría iniciativas, sistematizaría conocimiento y apoyaría con financiamiento de calidad y asistencia, siendo una especie de evolución del Programa de Trabajo de Transición Justa que se discute desde la COP27.La sociedad civil, liderada por Climate Action Network (CAN), ha puesto muchísimo esfuerzo en lograr una decisión que se comprometa con crear este mecanismo. El G77+China, el grupo más grande de negociación en la COP y que agrupa a la mayoría de los países en desarrollo, mostró su apoyo a una iniciativa de este tipo, lo que le valió recibir por primera vez el "Ray of Light", premio de CAN que reconoce a quienes realizan un trabajo en favor de la justicia climática. Otros países desarrollados presentaron una propuesta propia, menos ambiciosa, pero que confirma que estamos más cerca de un punto de encuentro. La sociedad civil está optimista con lograr un resultado concreto y sabrá celebrarlo. Una ruta para dejar fuera de los combustibles fósilesTodo empezó en 2023, en la COP28 de Dubai, cuando apareció por primera vez en un texto de la COP el llamado a esta transición.Ahora, al inaugurar la COP30, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió explícitamente a una ruta para la transición, mientras que Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente, supo aprovechar el impulso. En paralelo, Colombia lanzó una declaración al respecto que, entre otras cosas, menciona las OC, y con la que busca apoyo. También algunos países industrializados retomaron compromisos en el marco de la Beyond Oil and Gas Alliance.Actualmente, son 63 países los que apoyan el compromiso denominado "Transition Away from Fossil fuels". El tema no se negocia formalmente porque hay iniciativas diferentes y esfuerzos paralelos. Podría emerger un plan de acción al respecto, un apartado en la decisión final, o quizás termine siendo "una hoja de ruta para elaborar una hoja de ruta". También podría quedarse en coaliciones voluntarias de Estados comprometidos con seguir empujando la idea. Finanzas climáticas: siempre presentes, siempre complejasEl debate financiero avanza en múltiples frentes, todos interconectados:Artículo 9.1: los países en desarrollo reiteran que las obligaciones de financiamiento público de los países desarrollados son vinculantes y no pueden reemplazarse con inversión privada. De los temas en consulta presidencial, este ha sido probablemente el más contencioso.Adaptación: crece el consenso en torno a la necesidad de triplicar la meta de financiamiento (hasta USD 120 mil millones anuales) y fortalecer la transparencia y el acceso directo.Hoja de ruta Baku–Belém: busca escalar la financiación climática global a USD 1,3 billones anuales hacia 2035, combinando recursos públicos, multilaterales y privados.Fondo para Pérdidas y Daños: está operativo, pero no capitalizado, con nuevos aportes menores (como los de España y Alemania) aun insuficientes.Tropical Forests Forever Facility: presentado por Brasil como un modelo innovador de inversión para países con bosques tropicales, pero cuestionado por la sociedad civil por su naturaleza de mercado, su dependencia de inversiones volátiles y la falta de garantías para comunidades locales. Ha recibido menos atención de la esperada. Adaptación: avances parciales y el fantasma del dineroLas discusiones se concentran en dos frentes: Indicadores del Objetivo Global de Adaptación: A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, aún no se acordó una forma de medir el progreso del objetivo. El programa de trabajo que busca desarrollar los indicadores logró reducir cerca de 9.000 propuestas a unos 100 indicadores que supuestamente serían adoptados en la COP30. Pero persisten dilemas técnicos y políticos. Varios países africanos y árabes han pedido retrasar el cierre total hasta tener medios financieros y capacidades. La narrativa dominante es “no hay indicadores sin dinero”: nadie quiere repetir la historia de metas sin implementación.Financiamiento para la adaptación: no es parte del objetivo global, pero se vincula directamente pues sin financiamiento los indicadores no servirán de mucho. Tras acordarse nueva meta global de financiamiento climático en la COP29, ahora se discute la hoja de ruta y cómo vincular los indicadores del objetivo con los medios de implementación (finanzas, tecnología, creación de capacidades). La brecha es notoria y las diferencias sobre qué contar y cómo (el rol del financiamiento privado, el seguimiento de presupuestos nacionales vs. flujos internacionales, etc.) han dominado los debates.
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