Blog
Presas de relaves: Aportes desde las ciencias para enfrentar sus riesgos
La minería implica, al inicio, la eliminación de cobertura vegetal y suelo. Luego tienen lugar las excavaciones para extraer metales y minerales del subsuelo. Este proceso genera muchos residuos o relaves: 200 kilos de residuos por cada kilo de material de interés económico en una mina de alta eficiencia.Estos desechos son una mezcla de restos de roca, agua y compuestos químicos usados en la explotación minera. Pero ¿a dónde van a parar estos residuos?Terminan en presas de relaves, depósitos permanentes de residuos mineros ubicados en los mismos territorios donde se realizan operaciones mineras.Pese a ser infraestructuras críticas, pues su falla o colapso puede afectar gravemente al ambiente y a las personas, la discusión previa y transparente en torno a las presas de relaves y sus riesgos es poco usual entre autoridades, empresas mineras y comunidades afectadas.Frente a ese vacío, el 22 y 23 de julio, AIDA —en alianza con la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y el proyecto Encuentra una Persona Experta en Minería (FAIME, por sus siglas en inglés)— organizó en la ciudad de Loja, Ecuador, un evento plural de diálogo académico y divulgación científica acerca de la gestión de riesgos asociados a las presas de relaves.El evento reunió a personas de diferentes territorios y expertas en temas técnicos de América Latina para entablar un diálogo plural entorno a las preocupaciones por el manejo de desechos mineros.La iniciativa es parte de nuestros esfuerzos para promover que las ciencias, incluidos los conocimientos tradicionales, sean una herramienta fundamental y accesible para la defensa de los territorios y del derecho a un ambiente sano de todas las personas.A continuación, compartimos la información y reflexiones clave que el evento dejó sobre las presas de relaves y la gestión de sus riesgos. Preocupaciones e incógnitas en torno a las presas de relavesTodas las rocas trituradas, químicamente procesadas, de las que se extraen los metales y minerales valiosos y sin valor económico para la industria, se quedan en los territorios, en las presas de relaves.Durante la operación de una mina, después de su cierre, y a perpetuidad, las empresas mineras deben asegurar que estas infraestructuras aíslen por completo del ambiente los desechos. La exposición a esta mezcla de residuos mineros implica grandes afectaciones socioambientales. Esto genera preocupaciones y dudas que pocas veces se discuten, incluyendo:Las dimensiones de la presa: ¿Cuántas toneladas de desechos se van a almacenar? La ubicación: ¿Dónde se permitirá guardar estos residuos en perpetuidad?El aislamiento: ¿Cómo asegurar que rocas cargadas de sustancias tóxicas y metales pesados no afecten el suelo, las fuentes de agua, la biodiversidad y a las personas? La seguridad: ¿Cómo garantizar que la infraestructura no ponga en peligro la vida de las personas y el ambiente del que dependen? El evento puso de manifiesto que la ciencia como herramienta de defensa territorial permite nombrar las amenazas de las presas de relaves, describirlas y profundizar en los riesgos específicos que se deben gestionar en cada territorio.Porque quienes tienen o potencialmente tendrán estos llamados “pasivos” ambientales a perpetuidad donde antes había un camino, un bosque o un río tienen múltiples incógnitas que deben ser respondidas.Incluso para personas expertas en temas técnicos relacionados, las presas de relaves son estructuras desafiantes. Quienes trabajan de cerca con el tema pueden confirmar que no siempre se tienen datos completos o libres para monitorear estas infraestructuras en todo su ciclo de vida. Son varios factores los que permiten entender en cada proyecto particular aspectos relacionados con el diseño, la construcción, la operación, el monitoreo, el cierre y poscierre, los efectos del cambio climático y la resiliencia de las presas de relaves.En la mayoría de los proyectos, esta información se mantiene reservada y solo puede ser estudiada por las empresas mineras y los organismos de control gubernamentales. Enfrentando las narrativas usualesGobiernos y empresas suelen asegurar que aplican los mejores estándares en cada fase de la operación minera, pero poco o nada dicen de los riesgos para el ambiente y las personas de los desechos mineros. Lastimosamente, muchas generaciones han vivido desastres por el colapso de estas presas:2019: Brumadinho, Minas Gerais, Brasil.2014: Mount Polley, Columbia Británica, Canadá.2010: Las Palmas, Maule, Chile.2010: Huachocolpa, Huancavelica, Perú.1965: El Cobre, Valparaíso, Chile. Estos desastres no se vieron venir pese a los monitoreos o no se evitaron. Si bien pueden parecer lejanos, las comunidades aledañas cargan con las pérdidas humanas y con los daños ambientales. Además de estas catástrofes bien conocidas, cada año se registran colapsos de estas estructuras en todo el mundo. En el sitio web de Wise Uranium está disponible una cronologia de fallas de presas de relaves desde 1960. Un diálogo académico plural y fructíferoHablar de los riesgos asociados a las presas de relaves fue clave para entender las preocupaciones de quienes ya viven junto a estas infraestructuras. También para tener en cuenta que con cada nuevo proyecto de minería metálica nuevas poblaciones se verán obligadas a coexistir con estas piscinas de residuos. Sin importar dónde estén o puedan ubicarse, entender y gestionar los riesgos es indispensable.El evento en Ecuador nos mostró que hay presas de todo tipo, dentro y fuera del continente (en Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Perú). Nos permitió conocer más de estándares, sistemas de monitoreo comunitarios, experiencias de restauración y exigencias frente a los riesgos.En mesas de trabajo de personas expertas —técnicas y ciudadanas— compartimos conocimientos y experiencias, preguntas, y algunas pocas respuestas. Construimos alianzas para seguir difundiendo información y construir una comunidad que espera crecer.Una de las discusiones más impactantes estuvo relacionada con el riesgo tolerable. Incluso cuando conocemos los riesgos y los gestionamos, estos siguen presentes. ¿Cuánto riesgo podemos y queremos tolerar? Las respuestas varían si vienen de la industria y de algunos gobiernos. Pero si nos concentramos en las poblaciones en riesgo, la respuesta es NINGUNO. Por supuesto. ¿Quién de nosotros/as, en nombre del desarrollo y de la transición energética, dejaría su casa ahora mismo para vivir junto a una presa de relaves? Usando las ciencias para renovar la esperanza y acortar brechasEscuchamos experiencias de comunidades donde la calidad del agua se ha visto afectada por proyectos de minería metálica. En estos casos, por ejemplo, usar las ciencias como herramienta de defensa territorial se traduce en tener una línea de tiempo de los parámetros de calidad del agua, monitoreados por la comunidad, en demostrar a empresas y autoridades que la calidad del agua cambió y en exigir cambios inmediatos. También se refleja en comunidades directamente afectadas que proponen estudios y monitoreos específicos para sus territorios, los desarrollaron y usan los resultados para fortalecer sus procesos de toma de decisiones y sus acciones legales.Sin embargo, para muchas comunidades el desarrollo de estudios científicos ajustados a sus realidades es una ilusión. Existen brechas tanto de financiamiento como de falta de herramientas técnicas que limitan que las comunidades usen la mejor ciencia disponible para la defensa de sus territorios y medios de vida. Por eso AIDA y FAIME buscan poner a personas consultoras y equipos de técnicos en contacto con comunidades y con organizaciones que las apoyan para contribuir a que la mejor ciencia disponible deje de ser un privilegio. GraciasDesde AIDA agradecemos la participación de personas expertas y representantes de diversas comunidades de la región en el diálogo académico. Seguiremos propiciando estos espacios y encontrando caminos para que las comunidades afectadas por minería tengan en las ciencias una herramienta útil y eficiente para la defensa de sus derechos.
Leer más
Páramos = agua = vida
Los páramos son ecosistemas de alta montaña que capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Están ubicados entre el límite superior del bosque andino (3.000 m.s.n.m. aprox.) y los glaciares o nieves perpetuas de las montañas (por encima de los 4.500 m.s.n.m. aprox.).Típicamente, es posible encontrar páramos en regiones tropicales cercanas a la línea ecuatorial, sobre todo a lo largo de la Cordillera de los Andes.En América Latina, los páramos cubren más de 30.000 km2. Sudamérica alberga más del 80% de ellos a nivel mundial y Colombia concentra el 50%.Los páramos no están aislados, sino que forman un sistema de alta montaña que mantiene conexiones ecológicas con otros biomas y ecosistemas, trascendiendo fronteras nacionales. Así, en la región andina, conforman un corredor denominado el “collar de perlas”; que va desde la Cordillera de Mérida, en Venezuela, cruzando Colombia y Ecuador, hasta el hundimiento de Huancabamba en el norte de Perú.Allí, el agua que retienen humedales de altura baja poco a poco, formando quebradas y ríos, que descienden hasta llegar a las costas o a la Amazonía.Por su interconexión, los páramos son además puentes naturales o “trampolines” para la migración y dispersión de especies. Su conservación, por tanto, no puede limitarse a zonas específicas, sino a la protección de las relaciones ecológicas, biológicas y culturales que tienen con otros ecosistemas. La importancia de proteger los páramosDebemos proteger los páramos porque son esenciales para sostener la vida. Entre otras cosas, esto se debe a que:Alimentan cuencas hidrográficas claves que a su vez sustentan sistemas agrícolas y ganaderos que aportan al abastecimiento de alimentos para la población. Son la fuente principal de agua para más de 85 millones de personas. En Colombia, el 70% del agua dulce consumida en las grandes ciudades proviene de estos ecosistemas.Albergan una biodiversidad única: más de 3.370 especies de plantas y 250 de animales. Entre las especies endémicas que allí viven están el frailejón (planta con hojas peludas que atrapa la humedad de la neblina y regulan el agua), el cóndor andino, la danta de montaña o tapir andino y el oso de anteojos.Constituyen espacios de vida y hogar de comunidades campesinas e indígenas. Según el censo de páramos de 2018, más de 76.000 personas en Colombia viven en los ecosistemas de páramo del país. Además, su enorme belleza paisajística impulsa el turismo de naturaleza, sosteniendo así modos de vida.Son extraordinarios sumideros naturales de carbono, siendo aliados indispensables para la mitigación a la crisis climática. Pueden retener hasta diez veces más dióxido de carbono por metro cuadrado que un bosque tropical. En puntos específicos de un páramo, como las turberas, la captura de carbono puede alcanzar las 2.000 toneladas. Foto: Aztlec Flickr (Creative Commons).¿De qué amenazas debemos proteger a los páramos?En contraste con su gran importancia, los páramos enfrentan varias amenazas actualmente. Una de ellas es la crisis climática, que aumenta la temperatura del ambiente y, al estar ubicados en alta montaña, estos ecosistemas no tienen pisos térmicos más fríos a donde desplazarse.Por otro lado, la ganadería y la agricultura extensivas —en especial de papa— afectan extensiones considerables de páramos. Su deforestación o reforestación con especies foráneas también los ponen en peligro, así como la falta de conocimiento sobre su importancia y características.Y sin duda una sus mayores amenazas es la minería. Debido a su formación geológica, en estos ecosistemas hay grandes cantidades de minerales y metales, como oro y plata. La industria minera implica riesgos graves para los páramos porque:Extrae grandes volúmenes de agua y construye infraestructura sobre los humedales, reduciendo su capacidad de regular los flujos hídricos, y puede contaminar con mercurio y otros tóxicos, provocando pérdida de especies y afectando la calidad y disponibilidad de agua en zonas bajas.Cuando desarrolla minería subterránea, puede alterar las dinámicas del flujo del agua subterránea debido a los procesos de desagüe para evitar el hundimiento de túneles. Esto provoca el descenso de acuíferos, el hundimiento del terreno y el desecamiento de fuentes de agua, entre otros impactos.Remueve cobertura vegetal y suelos orgánicos, degradando ecosistemas frágiles como los páramos, debilitando su rol como sumideros naturales de carbono y liberando el carbono almacenado.Puede generar impactos a perpetuidad, por siglos o milenios, tiempos que no pueden predecirse con certeza. Las presas de relaves y otras infraestructuras (escombreras o botaderos) donde los desechos mineros van a parar, por ejemplo, tienen efectos que persisten indefinidamente porque no fueron diseñadas para ser desmanteladas.Conoce más del verdadero costo de la minería en páramos. El emblemático caso del páramo de Santurbán en ColombiaEl de Santurbán es un caso representativo de los conflictos socioambientales que resultan de la intención empresarial de implementar minería en páramos, así como de los esfuerzos ciudadanos para proteger estos ecosistemas y la vida que sostienen. Foto: Alberto Peña Kay. Ubicado en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, el páramo de Santurbán se extiende por 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas, así como 457 especies de plantas y 293 de fauna vertebrada.En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre, que han atraído el interés de conglomerados mineros extranjeros que por décadas han buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema, amenazando con degradarlo.Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán —más de dos millones de personas—, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.Estos esfuerzos han sido liderados por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Esta coalición de personas defensoras ambientales, apoyada por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, ha frenado los intentos continuos de la industria minera. La defensa de Santurbán ha incluido litigios, incidencia nacional e internacional. Conoce más de la defensa del páramo de Santurbán. La protección de los páramos de América LatinaAsí como en el caso de Santurbán en Colombia, pueblos indígenas, comunidades campesinas y ciudadanía en otros países de la región llevan a cabo estrategias jurídicas para proteger los páramos andinos.También en Colombia, comunidades campesinas de Cajamarca, departamento del Tolima, lograron, mediante una consulta popular, rechazar el proyecto minero La Colosa para la extracción de oro en la zona del páramo de Los Nevados. Actualmente defienden judicialmente la validez de la consulta y de la delimitación del páramo.En Ecuador, el pueblo indígena Kichwa Saraguro impulsa una acción legal para proteger más de 27.000 hectáreas del páramo de Fierro Urku que, sin consulta, fueron concesionadas para minería de oro, plata y cobre. Al mismo tiempo, exige el cumplimiento de una acción de protección que suspendió el proyecto minero Loma Larga en el páramos de Quimsacocha hasta garantizar la consulta previa y la realización de estudios de impacto ambiental.De la mano de comunidades y organizaciones aliadas, AIDA trabaja para proteger los páramos y otros ecosistemas que sostienen la vida en América Latina.
Leer más
Autogeneración: Cómo democratizar el acceso a la energía
En el modelo tradicional y dominante, la electricidad es producida por grandes centrales y es distribuida en extensas redes que comprenden un sistema eléctrico. Son actividades reservadas a grandes compañías eléctricas, de propiedad privada o gubernamental. Por tanto, el sistema energético actual, basado en fuentes fósiles —carbón, gas y petróleo—, no solo es una de las principales causas de la crisis climática mundial, sino que también es inequitativo porque está concentrado en pocas manos, además de limitar el acceso a los recursos y la participación pública en la toma de decisiones. Esto exige que la transición energética no consista únicamente en un cambio de matriz energética, sino en la construcción de un nuevo sistema energético que —entre otras cosas— permita democratizar el acceso a la energía en base a fuentes limpias y renovables. La autogeneración de energía, como modelo descentralizado de producción, es una oportunidad para caminar en ese sentido. ¿Qué significa el acceso democrático a la energía?La energía es necesaria para que las personas puedan acceder a mejor alimentación, agua limpia, oportunidades laborales, educación y otros derechos. Por tanto, la energía es también un derecho y una condición para garantizar el goce de otros derechos humanos. Y la democracia energética es un principio y también un movimiento que busca que las decisiones sobre la energía —cómo se genera, quién la genera y quién se beneficia– estén en manos de la gente y no concentradas en grandes empresas o élites, priorizando el uso de energías limpias y renovables, además de sistemas descentralizados, con un enfoque de justicia social. Por tanto, el acceso democrático a la energía implica:Control comunitario de los recursos energéticos.Participación ciudadana en la planificación energética.Distribución equitativa de beneficios. Esto contrasta con los sistemas tradicionales centralizados, a menudo monopólicos, que han generado inequidades traducidas en, por ejemplo, comunidades que pagan tarifas elevadas por la electricidad o que sufren los impactos de esta cuando se genera a gran escala, pero sin tener voz en las decisiones que les afectan.En América Latina, la incorporación activa de comunidades indígenas, rurales y tradicionales en proyectos energéticos se vislumbra como un pilar para alcanzar una transición con justicia social y ambiental, cerrando brechas de acceso a la energía y fortaleciendo la democracia energética.En este sentido, la autogeneración de energía es la materialización de la democracia energética al permitir que comunidades enteras administren sus decisiones sobre energía y se reapropien de eslabones clave de la cadena de valor eléctrica, como la generación y la gestión. ¿Qué es la autogeneración de energía?La autogeneración es un modelo descentralizado de producción de electricidad que aprovechafuentes de energía limpias y renovables (como el sol, el agua o el viento), disponibles localmente. Este esquema es empleado en proyectos que muchas veces son de pequeña escala y que las personas pueden aprovechar de forma individual o colectiva para atender sus necesidades energéticas en ámbitos urbanos o rurales e incluso en zonas alejadas de las redes de distribución.Es un modelo que permite avanzar, desde lo local, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero — que agravan la crisis climática— sin repetir el modelo extractivista. Reconoce el derecho de las comunidades de generar su propia energía para atender sus necesidades y contribuye, al mismo tiempo, a reducir los niveles de pobreza energética y la dependencia de redes eléctricas centralizadas.La autogeneración de energía puede desarrollarse bajo dos modalidades:Generación distribuida: Un esquema de autoproducción a pequeña escala, con conexión a redes de distribución cercanas para inyectar la energía excedente.Sistemas autónomos (off-grid): Un esquema de autoproducción de circuito cerrado y desconectado de las redes de distribución. En este modelo, las personas usuarias dejan de ser agentes pasivos para desempeñar un papel activo en la generación y gestión de energía desde el lugar donde se encuentren. Una persona o comunidad autogeneradora produce y a la vez consume energía. Ejemplos de autogeneración de energía en América LatinaExisten a lo largo del continente casos de éxito en la implementación del modelo de autogeneración que fortalecen el movimiento regional por la democratización de la energía. A continuación, algunos ejemplos:México - "Energía para el Yeknemilis (Buen Vivir)". Iniciativa comunitaria desarrollada en la Sierra Nororiental de Puebla para promover la soberanía energética desde el territorio mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos en espacios de uso comunitario.Colombia - Proyecto solar comunitario en Isla Fuerte. Instalación de una microrred solar con baterías (150 kW pico y 348 kWh de almacenamiento), no conectada al Sistema Interconectado Nacional, capaz de abastecer de electricidad continua a los 250 hogares de la isla caribeña.Brasil - Cooperativa de Energía Renovable Percília e Lúcio. Iniciativa comunitaria, fundada por la ONG Revolusolar y desarrollada por residentes de las favelas Morro da Babilônia y Chapéu Mangueira en Río de Janeiro. Allí se instalaron paneles solares que lograron reducir las tarifas eléctricas en más de un 50%.Chile - Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curicó. Iniciativa de origen comunitario que opera en la Región del Maule con la instalación de paneles solares para suministrar energía eléctrica a las redes rurales y a instalaciones comunitarias. Desafíos para la autogeneración de energíaPese a los avances, la implementación masiva y efectiva de este modelo enfrenta desafíos importantes en el continente. Los principales son:Regulación inadecuada (compleja o insuficiente). A menudo, la regulación interna de los países dificulta o hace imposible implementar este tipo de esquemas. Esto se debe a limitaciones a la cantidad de megavatios (MW) que se puede producir, requisitos contractuales complejos o falta de figuras jurídicas adecuadas.Financiamiento limitado. Muchos hogares de bajos ingresos no pueden costear la inversión inicial en paneles solares u otras tecnologías. Y los apoyos gubernamentales o créditos para estos proyectos son escasos. El riesgo es que la autogeneración quede concentrada en quienes tienen la capacidad económica para implementarla, excluyendo a los sectores de la población más afectados por la pobreza energética.Infraestructura eléctrica ineficiente. Las redes locales, muchas veces, no tienen la capacidad suficiente o técnica para integrar la energía generada de forma descentralizada, lo que limita el aprovechamiento de la inyección de energía excedente. Además, la inclusión de sistemas de almacenamiento ante la variabilidad de las energías renovables, así como la falta de respaldo de red, incrementan los costos de los proyectos. Autogeneración de energía, un camino sólido hacia la transición justaLa búsqueda de un acceso equitativo a la energía con herramientas como la autogeneración es congruente con la necesidad de garantizar que la transición energética ponga a las personas en el centro y priorice como objetivo final mejorar sus condiciones de vida.Los esquemas de producción de electricidad pensados desde y para las comunidades son una vía importante para garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas.Porque hablar de transición energética justa implica recuperar la energía como una herramienta para satisfacer necesidades humanas en un contexto de inequidades y de recursos finitos. Conoce más sobre transición energética justa en América Latina.
Leer más
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez, manos que moldean esperanza
Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Por generaciones, el barro fue el corazón de Santa Cruz Chinautla. Salía de la tierra como un regalo cotidiano, se moldeaba con manos pacientes y se transformaba en vasijas, cántaros, silbatos y comales que viajaban a los mercados de la capital.Allí, entre el río y los hornos de leña, creció doña Olga Noemí Vázquez. Desde niña aprendió de su madre el arte de la alfarería. Hoy, a sus casi sesenta años, sigue trabajando con arcilla, pero el oficio ya no es el mismo. El barro escasea, el río huele a desagüe y las manos se le agrietan por los químicos que arrastra el agua contaminada.Doña Olga recuerda con cariño cómo fue su acercamiento a la cerámica. “Lo aprendí cuando tenía diez años. Mi mamá me enseñó. Yo quería hacer otras formas, otros estilos, porque a veces los turistas traían figuras distintas, y aquí uno trataba de imitarlas”, cuenta desde el pequeño taller que ha improvisado en su casa. Cada pieza que trabaja es un acto de memoria, una forma de resistir al olvido, a la pérdida del paisaje y del sustento.También recuerda que antes las y los habitantes del pueblo no salían a trabajar a la capital. “De aquí vivíamos. Se sembraban hortalizas, güisquiles, maíz. Todo se daba aquí. Y del barro hacíamos nuestra vida. Hoy ya no es así”. Foto: Mayela Sánchez García. De los drenajes a la destrucciónEl cambio fue lento, como una marea que sube sin que uno lo note. Primero llegaron los drenajes. Después, los camiones. La basura de la ciudad encontró en Chinautla su destino final. “No había dónde echarla y nos la echaron a nosotros”, dice. Así comenzó la tragedia: los ríos se volvieron canales de desechos, las márgenes se cubrieron de costras grises y los olores se volvieron insoportables, sobre todo en temporada de lluvias. “El río trae toda la basura de la zona 3. Huele fuerte. Ya no hay barro limpio, ya no lo podemos escarbar como antes”.El terremoto del 76 dejó una marca en la memoria del pueblo, pero fue el abandono sistemático lo que acabó desfigurando el paisaje. La municipalidad —cuenta— se trasladó de Santa Cruz a la zona 6, y desde entonces el pueblo quedó sin representación real. “Aquí no hay alcalde. Aquí vienen a poner su propaganda, se quedan con el cargo, pero nunca están. Nunca nos han tomado en cuenta”, lamenta. Mujeres que resistenFrente al silencio institucional, nacieron las asociaciones, los colectivos, las luchas. Entre ellas, la Asociación de Mujeres de Chinautla. “Nos organizamos porque si no lo hacíamos, nos íbamos a quedar sin nada. El barro se acababa, los areneros avanzaban, el río se lo llevaba todo. Las mujeres aquí no se van a trabajar a la capital. Hacen cerámica en su casa, cuidan a sus hijos. Si nos quedábamos sin arcilla, nos quedábamos sin vida”.En 2010, el desastre llegó con fuerza. Dos ríos, Las Vacas y Chinautla, se desbordaron por la acumulación de arena extraída sin control. El agua arrasó un puente. La comunidad se organizó y construyó otro, con sus propias manos. La municipalidad no colaboró. “Ese puente está tirado, pero lo hicimos los vecinos. Si no, seguiríamos incomunicados”.La extracción de arena se volvió el enemigo más persistente. “Los areneros nos cansan. Toneladas y toneladas de arena sacan todos los días. Nuestro barro se fue con ellos. Nos quedamos casi sin nada. Y lo poco que queda está contaminado”, dice. El daño no es solo al paisaje: la salud también se resiente. Foto: Mayela Sánchez García. El valor de la palabra y la justiciaEl avance de las empresas, la pasividad de las autoridades y el desgaste social han provocado divisiones dentro del pueblo. “La política metió ideas en la cabeza de la gente. Hay miles de habitantes, pero solo 500 apoyan. Los demás no colaboran. No entienden que esto no es por un partido, es por nuestro pueblo”, explica.En los últimos años, la asociación de mujeres se ha unido con las autoridades ancestrales del pueblo. Juntos han logrado abrir espacios de diálogo con ministerios, detener renovaciones de licencias extractivas y visibilizar el conflicto ante el Estado. La sentencia de 2025, dictada tras años de lucha legal, fue una luz en medio del abandono. Un tribunal ordenó a la municipalidad asumir su responsabilidad ambiental. Por primera vez, alguien escuchó. “Gracias a esa sentencia se paró a un empresario. No le han renovado la licencia. Antes no era así: uno llegaba a hablar y los ministros solo pensaban en ganar. Ahora al menos nos escuchan”.El futuro no es claro. El agua potable llega solo cada ocho días. Las licencias extractivas pueden renovarse en cualquier momento. El río sigue trayendo basura. Pero hay algo que doña Olga no está dispuesta a perder: la dignidad. “Aconsejo a las mujeres que participen, que se enteren. No podemos estar en la casa sin saber qué hacen los políticos, los empresarios, los ministros. Si uno se integra, se entera. Y si se entera, lucha”.Cuando le preguntan cómo era Chinautla hace 50 años, sus ojos se llenan de imágenes perdidas: niñas jugando en la calle, agua limpia corriendo entre piedras, mujeres moldeando barro al atardecer. “Era tranquilo”, dice. “Era nuestro”. Hoy, entre la contaminación y el saqueo, Chinautla resiste en las manos de mujeres como ella, que siguen moldeando su historia a punta de arcilla, memoria y coraje.
Leer más
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual, arteria del pueblo poqomam
Historias de coraje, dignidad y de resistencia por la vida frente a la contaminación del río más extenso de Guatemala.Nazario Pascual no necesita adornos para definirse: "Soy un guerrero poqomam que utiliza la música y la poesía cantada para dejar una semillita en el pensar. Soy una arteria del pueblo poqomam".Músico, promotor cultural, productor independiente, Nazario vive en Santa Cruz Chinautla, una comunidad marcada por la contaminación del río Motagua. Desde ahí, canta en poqomam para que su lengua no desaparezca, y para que los niños que lo escuchan crezcan sabiendo que el río también tiene memoria.Su camino comenzó en las bancas de la iglesia, observando a su padre tocar. Pero fue una escena íntima la que encendió la chispa: una noche, escuchó a su papá rezar en poqomam. "Pensé: órale, Dios nos escucha en poqomam. Es tu raíz. Ahí empecé". El paisaje que se llevó la infanciaCuando Nazario habla de su niñez, describe árboles frutales, nacimientos de agua y una pila comunal donde las madres lavaban ropa mientras los niños y las niñas jugaban. Hoy, todo eso se ha ido.La expansión desordenada de la capital y el desvío de aguas pluviales hacia el basurero de la zona 3 han convertido el río en una herida abierta. A eso se suman las areneras que extraen material sin control: "Carcomieron gran parte del territorio poqomam. Acá le llamamos el oro negro".Su familia ha perdido tierra decenas de veces. Cuando llueve en la ciudad, los olores llegan hasta Chinautla aunque no caiga una gota. Las casas ceden, los suelos se agrietan, los habitantes se desplazan."El río es un monstruo que viene desde la ciudad", dice. Foto: Mayela Sánchez García. Herencia de lucha, pero también de cansancioNazario heredó de su padre la convicción de protestar. Participó en manifestaciones, organizó reuniones, levantó junto a otros un muro de contención bajo el puente rojo con apoyo comunitario. Pero también carga la fatiga de tantos años: "Al inicio éramos 17 en las protestas, luego 12, después 7, ahora apenas 4".Una tía se lo dijo sin rodeos: "No pretendas ser héroe del pueblo". La frase lo hizo reflexionar sobre los límites del compromiso… y sobre la necesidad de nuevas formas de resistencia. Semillas que cantanNazario encontró ese nuevo camino en la música. Organizó una banda con sus primos y más tarde comenzó a trabajar con niñas y niños. Juntos escriben letras sobre el río, inventan melodías y cantan en poqomam. Así nació Mamut, una de las canciones que hoy se entonan en la comunidad."Involucrar a los niños y jóvenes es ese granito de arena que intento dejar", explica. "Ellos son los que se quedan". Foto: Mayela Sánchez García. Un mensaje que resisteNazario sabe que el problema lo supera. El río Motagua arrastra basura que termina en el Caribe, afectando a comunidades enteras. Pero también cree que las luchas locales tienen poder."Se respeta salir a trabajar, porque hay que hacerlo, pero no hay que ser indiferentes a lo que pasa en el pueblo".Teme que el verdadero plan de las industrias que contaminan y extraen sea borrar del mapa al pueblo poqomam. Pero sueña con otra historia:"Imagino Chinautla con el río estabilizado, los niños creciendo en un territorio digno, sabiendo sus derechos y peleando por ellos". El pulso de una comunidadEn su voz se cruzan la herida y la esperanza. Habla de pérdidas —de su padre, de la tierra, del río— pero también de música, de lenguas vivas, de niños y niñas que corean sus canciones."Soy una arteria del pueblo poqomam", repite.Y como toda arteria, late para mantener con vida a su comunidad.
Leer más
5 claves para la acción colectiva: Lecciones del encuentro de personas defensoras ambientales del Cono Sur
¿Puede una transición energética ser justa si repite los daños del extractivismo de siempre?Esa fue una de las preguntas centrales de "Articulando Territorios: Encuentro de Personas Defensoras del Cono Sur", un encuentro realizado el 9 y 10 de junio en Santiago de Chile que reunió a personas defensoras del ambiente de Argentina, Bolivia y Chile.AIDA acompaña desde hace años a quienes defienden sus territorios frente a proyectos extractivos y energéticos en América Latina. Este encuentro fue parte de ese compromiso: un espacio para compartir experiencias, fortalecer capacidades de protección y reflexionar colectivamente sobre los impactos de las presiones de la transición energética mundial, incluido el avance del extractivismo.Estas son las cinco lecciones clave que nos llevamos: 1. Las comunidades son el centro de la resistencia por una transición energética justa y sostenibleMuchas de las actividades promovidas bajo el paradigma global de la transición energética (minería de litio, cobre y otros metales "estratégicos"; así como megaproyectos portuarios) para descarbonizar la matriz energética, continúan reproduciendo las dinámicas históricas de extracción intensiva de recursos. Las experiencias y aprendizajes compartidos en territorios como San Antonio en Chile, Salinas Grandes y Vaca Muerta en Argentina, y los salares de Bolivia señalan el camino de la justicia ambiental. En este nuevo horizonte, y en un contexto de expansión extractivista, las comunidades locales pasan de ser zonas de impacto a convertirse en aliadas estratégicas para las resistencias del Cono Sur. 2. Defender el territorio es un proyecto de vida integral e identitarioSer defensor o defensora ambiental no es un trabajo o actividad pasajera, sino un auténtico proyecto de vida. Bajo esta mirada, la defensa territorial trasciende el resguardo de un espacio físico o económico. Involucra la identidad cultural, la memoria colectiva, la espiritualidad y la relación intrínseca "cuerpo-territorio". Este marco explica por qué las afectaciones a los ecosistemas no pueden medirse solo en variables económicas: dañan directamente el tejido social mediante la fragmentación comunitaria, la migración forzada de las juventudes y la pérdida dolorosa de prácticas ancestrales. 3. La protección debe ser integral, colectiva y anticipatoriaLa protección de quienes defienden el territorio no puede depender de reacciones individuales o medidas improvisadas cuando el riesgo es inminente. Protegernos significa identificar amenazas y fortalezas, y aumentar nuestra capacidad de responder a los riesgos. Construir redes de apoyo, velar por protocolos de protección y priorizar el cuidado colectivo son la base para establecer procesos sólidos de defensa territorial y ambiental. 4. Comunicar es disputar narrativas sin revictimizarLa comunicación es una herramienta fundamental de protección política e incidencia estratégica para contrarrestar las asimetrías de poder. Las comunidades deben posicionarse como fuentes primarias de conocimiento territorial y autoras de sus propios relatos. Comunicar bien es visibilizar sus saberes, sus propuestas y su capacidad de resistencia organizada, sin reducirlas al sufrimiento ni revictimizarlas. 5. Reconocer el derecho a defender el ambiente y usar herramientas internacionales como forma de protecciónReconocer que la defensa del ambiente es un proyecto de vida integral implica reconocer y legitimar el derecho a defenderlo. Los defensores territoriales y ambientales cuidan bienes comunes que benefician a toda la sociedad. Y es necesario reconocer explícitamente la legitimidad y la dignidad de este trabajo a través de la remoción de los estigmas y criminalizaciones, y mediante la garantía de espacios seguros para el ejercicio de este derecho. En este contexto, las herramientas del derecho internacional forman parte del abanico de medios de protección, incluyendo:El litigio estratégico. El éxito y el valor transformador del litigio estratégico ambiental superan con creces la obtención de una sentencia judicial favorable. Su verdadero potencial radica en la visibilización de los conflictos silenciados, la producción de evidencia técnica independiente y la apertura de espacios políticos, todo esto cuando está bien articulado con los procesos organizativos comunitarios. Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un marco regional fundamental gracias a los tres derechos procedimentales —acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales— que garantiza y que son sus pilares. Es clave para la protección activa de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Es necesario convertir este marco en un instrumento de defensa en manos de las comunidades, especialmente mediante demandas fundamentadas y la activación de los mecanismos previstos en el acuerdo. El encuentro reciente de personas defensoras del ambiente del Cono Sur confirma algo que AIDA observa en todo el continente: la defensa del ambiente y de los derechos humanos se construye en red. Seguiremos acompañando a las comunidades y personas defensoras ambientales de América Latina para que la transición energética no se haga a costa de sus territorios y sus vidas.
Leer más
Derecho ambiental en América Latina: Avances y retrocesos
El derecho ambiental en América Latina vive actualmente una paradoja.En el continente se han dado avances históricos recientes en el desarrollo de estándares legales vinculantes para proteger el ambiente y a quienes lo defienden. Pero estos conviven con el debilitamiento de marcos jurídicos o institucionales de protección ambiental y de los derechos de comunidades en diferentes países. A la vanguardia de la protección del ambiente, el clima y las personasEn un contexto de crisis climática, ambiental y social, América Latina ha sido cuna de importantes herramientas jurídicas para proteger territorios, ecosistemas, comunidades y el clima global.Estos avances han incluido recientemente el Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva 32 (OC-32/25) sobre emergencia climática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refuerzan y reafirman estándares vinculantes para la acción climática, ambiental y de defensa de los derechos humanos.El Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021, es el primer tratado regional ambiental —y el primero en el mundo— con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.Es un hito internacional en temas de participación, información y protección de personas defensoras ambientales, además de un ejemplo para otros continentes.En cuanto al dictamen de la Corte Interamericana, hecho público el 3 de julio de 2025, en este se reconoce el derecho al clima sano como derecho autónomo, exigible por sí mismo, con obligaciones claras para los Estados frente a la emergencia climática. El tribunal reafirma incluso la obligación estatal de mantener la temperatura promedio del planeta en 1,5 °C, reconociendo que ese límite ya está generando impactos en los derechos humanos.La corte también fija reglas de debida diligencia reforzada que se traducen, entre otros elementos, en el deber de los Estados de realizar estudios de impacto ambiental, de establecer líneas claras para las actividades que puedan dañar la salud o los ecosistemas, además de regular de manera reforzada y estricta las actividades públicas y privadas que afecten el clima.Asimismo, en el dictamen se reconoce el derecho a la ciencia y la importancia de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades tradicionales como componente fundamental de la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, aplicable a todos los países. Retrocesos para la protección del ambiente y los derechos humanosEjemplos recientes en diferentes países del continente muestran retrocesos peligrosos en los marcos de protección ambiental y de los derechos de las comunidades, así como en las instituciones encargadas de dicha tarea.Estas regresiones ponen en riesgo los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales y evidencian presiones extractivistas que amenazan con profundizar la degradación ambiental. Son dinámicas que se expresan en la fusión entre Ministerios de Ambiente y entidades con mandatos productivos o extractivos, así como en la flexibilización de procesos de evaluación ambiental que limitan las herramientas de las que disponen comunidades y personas defensoras para proteger ecosistemas y modos de vida. A continuación, algunos ejemplos: Chile (2025-2026). Dos acciones amenazan la integridad de la gobernanza ambiental del país: La reforma del reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la tramitación de la Ley Marco de autorización de permisos sectoriales. Ambas buscan acelerar los permisos ambientales con base en declaraciones juradas, sin fiscalización previa ni ingreso de estudios o declaraciones de impacto ambiental. Incorporan además el "silencio administrativo", lo que significa que, si la autoridad administrativa no se pronuncia sobre la admisibilidad de un proyecto, la solicitud es aceptada oficialmente para trámite. Además, el gobierno impulsa una megareforma para reactivar la inversión en Chile. Entre otras cosas, la denominada “Ley Miscelánea” flexibiliza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y permite compensar a las empresas si un permiso ambiental es anulado por tribunales ambientales.Argentina (2022-2026). La expansión minera se consolidó en la provincia de Jujuy tras una reforma constitucional sin consulta indígena ni mecanismos de participación ciudadana, particularmente a partir de la extracción de litio en áreas históricamente habitadas por comunidades indígenas y campesinas.A nivel nacional, en 2023 se eliminó el Ministerio del Medio Ambiente, trasladando sus competencias al Ministerio del Interior. Y en 2024 se creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que otorga beneficios fiscales y aduaneros por hasta 30 años a megaproyectos sin exigir estudios de impacto ambiental, lo que genera una asimetría entre derechos de inversión y derechos ambientales. Sumado a lo anterior, se modificó la “ley de glaciares” generando un nuevo retroceso en materia ambiental. Bolivia (2026). Se aprobó el Reglamento Simplificado de Adecuación Minera, el cual modifica los requisitos ambientales, eximiendo a proponentes de la consulta previa y de los estudios de impacto ambiental. Esto habilita y expande la extracción de oro en áreas naturales protegidas y territorios indígenas, vulnera los derechos de los pueblos originarios y desacata las resoluciones del Tribunal Agroambiental.Y, en agosto de 2026, el presidente Rodrigo Paz eliminó el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Con esa reforma, el Viceministerio de Medio Ambiente pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, entidad a cargo de un agroempresario. Ecuador (2025). Bajo la consigna de "eficiencia administrativa", se fusionó el Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica con el Ministerio de Energía y Minas. Así nació el Ministerio de Ambiente y Energía. Personas expertas indican que esta decisión puede quitar independencia a la autoridad ambiental y, en consecuencia, debilitar los principios de debida diligencia, facilitar la aprobación de proyectos extractivos y reducir las facultades de control ambiental.Brasil (2025). La nueva Ley General de Licenciamiento Ambiental (Ley 15.190/2025) tiene como objetivo agilizar el otorgamiento de permisos ambientales. La norma generaliza la Licencia por Adhesión y Compromiso —régimen de autodeclaración, sin evaluación previa de impacto— para actividades de tamaño pequeño o mediano y potencial contaminante bajo o mediano. En materia de participación indígena, la ley restringe la manifestación obligatoria de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas a las tierras homologadas, dejando fuera de este control a por lo menos 297 territorios que están en proceso de regularización. Y en los casos donde la manifestación es exigible, esta carece de efecto vinculante, debilitando la función de garantía de la autoridad que emite las licencias. Posteriormente, la norma fue modificada por la Ley n.º 15.300/2025 para crear la Licencia Ambiental Especial, destinada a proyectos calificados como "estratégicos" por el Consejo de Gobierno, con un plazo máximo de conclusión de un año. Ambas normas están siendo cuestionadas ante el Supremo Tribunal Federal mediante cuatro acciones jurídicas. El tribunal tiene previsto, el 12 de agosto de 2026, analizar estas acciones para emitir un fallo sobre la validez de las dos normas. Los marcos jurídicos y las instituciones que integran la gobernanza ambiental no pueden entenderse como tecnicismos o burocracias, sino como herramientas para proteger el derecho a un ambiente sano. Este derecho es fundamental para garantizar el disfrute de otros derechos también fundamentales como la vida, la alimentación, el agua, entre otros. El debilitamiento de instituciones o procedimientos ambientales no solo “acorta plazos”. Vulnera y restringe derechos, reduce controles y amplía el margen para decisiones que pueden afectar territorios y ecosistemas sin información suficiente, sin participación real y sin acceso efectivo a la justicia.Los procedimientos que garantizan el derecho humano a un ambiente sano no son obstáculos. Son elementos fundamentales para garantizar la vida. Reconocer los desafíos sin perder la esperanzaEl derecho internacional se fundamenta en la dignidad humana y en la integridad inherente de la naturaleza. No se trata de declaraciones o decisiones tomadas por algún órgano, sino del reconocimiento de un orden que existe antes de todo, que antecede y pertenece a todas las personas sin distinción. Es además un mecanismo para evitar conflictos.Lo que hoy está en juego tiene un peso que supera ampliamente los intentos de desregulación coyuntural de los gobiernos de turno. Los derechos conquistados que hoy se debilitan son el resultado de años de procesos de articulación colectiva mediante los cuales se han construido pisos jurídicos, sociales y culturales que permiten proteger también a las futuras generaciones.En este contexto, el litigio estratégico y la movilización social son herramientas claves para promover la democracia ambiental, evitar retrocesos y consolidar precedentes que aseguren la vigencia efectiva de los derechos ya reconocidos. Del mismo modo, el papel de los pueblos originarios, las comunidades tradicionales y la cultura ancestral es central no solo en términos de reconocimiento de derechos, sino también para precautelar territorios, saberes ancestrales y formas de vida basadas en una relación respetuosa con la naturaleza.Nada de esto puede sostenerse sin el respaldo activo de la sociedad en su conjunto. Defender lo ya ganado requiere conciencia colectiva, organización y compromiso para que los avances alcanzados en la región no se diluyen, sino que se fortalecen. Esto depende de que sigamos exigiendo transparencia, participación, justicia y respeto por estándares que respondan a un orden natural intrínseco de las personas y del entorno.
Leer más
Fracking: ¿Un paso hacia la transición energética o la continuidad del extractivismo fósil?
Uno de los argumentos de quienes apoyan el uso del fracking como un paso hacia la transición energética es que la técnica permite ganar tiempo mientras las alternativas a los combustibles fósiles alcanzan madurez y estabilidad.Detrás de este razonamiento está la posibilidad de extraer más gas y el mito de que este es natural, cuando es fósil, y que permite generar energía de forma segura y sin contaminar tanto como el petróleo y el carbón.Pero una técnica que fomenta la continuidad de los combustibles fósiles y cuyos daños ambientales y sociales son amplios y documentados no puede ser vista como una solución ni un paso hacia una transición que no solo busca dejar atrás los combustibles fósiles, sino que implica un cambio de paradigma del sistema energético.Además, al profundizar la dependencia del petróleo y el gas, el fracking implica el recrudecimiento de la crisis climática debido a las emisiones de metano asociadas a la industria del gas, cuyo poder para calentar el planeta es mayor al del dióxido de carbono (CO₂).A continuación, desmitificamos los argumentos que defienden el uso de esta técnica como un paso hacia la transición energética. La continuidad de un sistema extractivistaLa fractura hidráulica, o fracking, es una técnica para extraer gas del subsuelo que consiste en perforar la tierra a gran profundidad para inyectar, a muy alta presión, una combinación de agua, arena y aditivos químicos (algunos tóxicos) para fracturar rocas subterráneas y extraer los hidrocarburos "atrapados" en ellas.Al igual que las industrias del petróleo y el carbón, el fracking utiliza una fuente de energía no renovable, explota de forma intensiva bienes naturales como el agua, e implica alteraciones a gran escala en los territorios donde se realiza.Y no solo repite estos patrones de la industria fósil, sino que los impactos negativos que genera son similares —e incluso más graves— a los de otras actividades de exploración, extracción y producción de combustibles fósiles. Entre ellos: contaminación del agua y del aire, sobreexplotación de bienes naturales, invasión de tierras, perturbación de ecosistemas, y devastación de fauna y flora.Esta repetición de los patrones de la industria fósil hace que el fracking no solo implique mantener la dependencia de los combustibles fósiles, sino contribuir a su ampliación y consolidación.Y es que el desarrollo de infraestructura para su operación contribuye a crear y consolidar mercados para el consumo de gas a largo plazo, ya que requiere inversiones de gran escala y por varias décadas. Esto puede generar incentivos económicos para mantener y maximizar su uso a lo largo del tiempo, y desincentivar o retrasar procesos de descarbonización. ¿Gas "natural"? Menos CO₂, pero más metanoEl gas que se obtiene mediante fracking se ha llamado "natural", una etiqueta para hacerlo parecer limpio. Pero el gas del fracking no tiene nada de natural ni de limpio.Es sucio de principio a fin: Desde los productos tóxicos que se inyectan en el suelo para extraerlo hasta los gases de efecto invernadero que se emiten al producirlo y quemarlo. Eso sin olvidar que es un combustible fósil, al igual que el petróleo o el carbón.Otro argumento para sugerir que el gas de fracking es más limpio —y por tanto promoverlo como un "combustible de transición"— es que genera menos emisiones de CO₂ que otros combustibles fósiles. Se trata de una verdad a medias, ya que omite decir que el principal componente del gas fósil es el metano, un gas de efecto invernadero cuyo potencial contaminante es mucho mayor que el del CO₂.Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el potencial de calentamiento global del metano es aproximadamente 82,5 veces mayor que el del CO₂ en un horizonte de 20 años. Esto significa que, a pesar de emitir menos CO₂ en la combustión, el gas de fracking puede tener un impacto climático igual o incluso superior al de otros combustibles fósiles al considerar las emisiones de metano.Dichas emisiones pueden ocurrir tanto en eventos previstos como en fugas a lo largo de toda la cadena de producción y suministro.Hay estudios que estiman que las fugas de metano en explotaciones no convencionales de gas —como las de fracking— pueden alcanzar hasta un 12% a lo largo de la cadena de producción y transporte, o que calculan que las fugas a nivel mundial alcanzan hasta el 5% del gas total producido. Incompatibilidad con obligaciones climáticas y de derechos humanosComo se ha visto, el fracking significa más dependencia de los fósiles y más emisiones contaminantes. Esto no solo desmonta el argumento de que es un "combustible de transición", sino que muestra cómo esta técnica contraviene los compromisos internacionales de los países frente a la crisis climática.El Acuerdo de París, el compromiso global vinculante más importante para afrontar la crisis climática, establece que los países deben reducir sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero —entre ellos el CO₂ y el metano— a fin de limitar el aumento de la temperatura del planeta.¿Cómo podría justificar un país que usar una técnica que implica generar más emisiones contaminantes es compatible con sus compromisos para reducirlas?Implementar el fracking tampoco es conciliable con la obligación de los Estados de proteger el derecho humano a un ambiente sano, especialmente frente a los impactos de la crisis climática. Este precepto quedó establecido en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reforzó la obligación de los Estados de adoptar medidas para la protección del sistema climático y los derechos humanos tanto de las generaciones presentes como de las futuras.En este momento, cuando distintos países de la región se están planteando realizar o ampliar actividades de fracking, es fundamental que las conversaciones no se limiten a análisis técnicos, sino que contemplen su dimensión ambiental, climática y de derechos humanos bajo la lupa de los compromisos internacionales de los países.Para que las narrativas que intentan hacer ver al fracking como un paso hacia la transición, no opaquen el hecho de que, en realidad, es un ancla a la dependencia de los combustibles fósiles. Conoce más de los impactos del fracking y de las acciones para frenar su expansión
Leer más
La evaluación ambiental con enfoque climático: Clave para proteger los derechos humanos
En un fallo importante para la justicia climática en América Latina, el pasado 16 de junio, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó al gobierno incluir el análisis de impactos climáticos en la evaluación de todo proyecto, obra o actividad que pueda afectar el ambiente.La decisión fortalece logros similares obtenidos en otros países del continente gracias al litigio climático estratégico. La sentencia en Costa Rica fue resultado de un litigio respaldado por AIDA y en el que presentamos un escrito legal con argumentos sólidos para evidenciar que incorporar una perspectiva climática en la evaluación de proyectos es una obligación basada en la legislación nacional, convenios internacionales y en la experiencia de otros países de la región. Siendo la crisis climática la amenaza ambiental y a los derechos humanos más urgente que el mundo enfrenta actualmente, es importante que tribunales respalden la necesidad de que los gobiernos analicen los riesgos e impactos relacionados con el clima antes de autorizar cualquier proyecto o actividad. El procedimiento establecido para desarrollar este análisis —conocido como evaluación de impacto ambiental (EIA)— busca justamente identificar, anticipar, analizar, mitigar y/o evitar las afectaciones ambientales de proyectos o actividades potencialmente perjudiciales.Al mismo tiempo, es una herramienta clave para prevenir que una propuesta de desarrollo vulnere los derechos de personas y comunidades, incluido el derecho universal a un ambiente sano.A continuación, detallamos las razones por las que los gobiernos deben evaluar los impactos de un proyecto en el clima antes de darle luz verde, que fueron nuestros aportes a la victoria judicial reciente en Costa Rica. Obligaciones nacionales e internacionalesExisten varias normas nacionales que sustentan la obligación de incluir criterios sobre cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos. En Costa Rica, tenemos, por ejemplo:El Decreto 42465 de 2019, según el cual las instituciones que ejecutan obras de infraestructura pública deben evaluar los riesgos climáticos, el cambio climático y otros factores naturales o provocados por el hombre en todas las fases del proyecto. Nuestro escrito refiere también a una serie de documentos que analizan el riesgo climático en Costa Rica, país que por su ubicación en el trópico centroamericano está expuesto a fenómenos meteorológicos extremos —huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones— cuya frecuencia e intensidad han aumentado debido al calentamiento global.A nivel internacional, Costa Rica, al igual que otros países del continente, es parte de tratados y otros instrumentos del derecho internacional que implican obligaciones en materia de ambiente y derechos humanos que hacen referencia a la evaluación ambiental de proyectos:Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Establece que los gobiernos deben emplear métodos apropiados, como evaluaciones de impacto de proyectos, para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático en la economía, la salud pública y el ambiente.Acuerdo de París. Obliga a los gobiernos a emprender y comunicar las acciones que realizarán para reducir las emisiones de gases que dañan el clima y para adaptarse a los impactos del cambio climático, las cuales deben respetar los derechos humanos.Convenio sobre la Diversidad Biológica. Compromete a los países a llevar a cabo procedimientos apropiados para exigir la evaluación de proyectos que puedan tener efectos adversos importantes en la diversidad biológica con miras a evitarlos o reducirlos al mínimo, permitiendo cuando proceda la participación pública.Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Pide a los países elaborar, fortalecer y poner en práctica las acciones pertinentes para alinear desarrollo y crecimiento sostenible, seguridad alimentaria, salud y seguridad, variabilidad y cambio climática, gestión ambiental y reducción del riesgo de desastres.Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dispone que la evaluación ambiental de proyectos debe considerar su impacto acumulativo, evitar daños a comunidades indígenas y pueblos tribales, incluir planes de contingencia y mitigación, y garantizar que sea objetiva e independiente y con supervisión estatal. Lecciones de otros países de América LatinaEn varios países del continente, la obligación de incorporar criterios climáticos en la evaluación ambiental ha sido establecida institucionalmente y también respaldada por fallos judiciales. Dos casos recientes lo ejemplifican:Chile. En un litigio relacionado con la central termoeléctrica de Mejillones, ubicada en la Región de Antofagasta, en 2022, la Corte Suprema ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile analizar el componente atmósfera, incluyendo aquellos elementos que han variado en el ambiente terrestre a causa del cambio climático, desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la actualidad.Colombia. Ante una demanda contra la norma sobre permisos ambientales en el país, la Corte Constitucional declaró en 2024 que los estudios de impacto ambiental deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático: “un fenómeno global determinado por múltiples variables biofísicas y socioeconómicas que interactúan en largos periodos de tiempo, que incide de una manera cada vez más decisiva en los procesos naturales e impacta de forma diferenciada a los territorios, las comunidades y las personas, siendo Colombia uno de los países más afectados”. Protección del ambiente sano frente a la crisis climáticaPor lo dicho antes, la inclusión de criterios de cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos es esencial para el disfrute del derecho humano al ambiente sano. Esto implica:Evaluar los impactos que el proyecto o actividad pueda generar en relación con el cambio climático. Esto incluye cuantificar y documentar las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero; identificar si y en qué medida estas aumentan o disminuyen; y analizar estrategias adecuadas de mitigación que respondan a los impactos anticipados.Considerar los efectos que la propia crisis climática (respecto de accidentes o desastres inducidos por el clima, por ejemplo) podría ejercer sobre el desarrollo, viabilidad y sostenibilidad del proyecto o actividad en el tiempo, análisis que debe contribuir a la decisión sobre su autorización. La crisis climática no es una amenaza, sino una realidad que ya afecta gravemente a la región. En este contexto, es imperativo que los proyectos de desarrollo continúen siendo sometidos a una evaluación ambiental adecuada, lo cual exige considerar de forma obligatoria y sistemática los impactos climáticos, tanto en términos de mitigación como de adaptación. A través del litigio estratégico, AIDA seguirá contribuyendo a esa tarea. Conoce más en nuestra hoja informativa "Perspectiva de cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental" Consulta nuestro informe "Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental"
Leer más
Justicia climática al alcance de todas las personas
Cómo la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana reescribe las normas que rigen los litigios climáticos en América Latina. Este artículo fue publicado originalmente en Verfassungsblog. La Corte Interamericana de Derechos Humanos entregó a quienes llevan litigios climáticos en América Latina la herramienta más poderosa hasta ahora. La Opinión Consultiva OC-32/25, emitida en 2025, no se limita a interpretar los derechos existentes en el contexto de la crisis climática. Reestructura la arquitectura procesal de los litigios climáticos al invertir la carga de la prueba, autorizar la presunción de vínculos causales entre las emisiones de los Estados y los daños climáticos, y reconocer las imágenes satelitales como evidencia que los Estados deben hacer accesibles para las víctimas. Para las organizaciones que llevan años luchando por las comunidades más expuestas a la emergencia climática, esto no es un avance gradual. Es un momento transformador.El dictamen no surgió de la nada. A lo largo de la última década, la Corte Interamericana ha ido sentando las bases paso a paso. En 2017, la Opinión Consultiva 23 (OC-23/17) estableció el derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo en virtud de la Convención Americana; no un derecho derivado, sino una garantía jurídica independiente con su propio estatus autónomo. Ese estándar pasó de la teoría a la práctica en el caso contencioso de La Oroya vs. Perú, en el que la corte determinó que la grave contaminación ambiental suponía un riesgo sistémico para la vida, la salud y la integridad física. La Opinión OC-32/25 es el tercer paso en esta trayectoria y, de lejos, el más ambicioso.El dictamen califica la crisis climática como un problema de derechos humanos que recae de manera desproporcionada EN quienes ya se encuentran marginados. Describe con precisión las vulnerabilidades de América Latina y el Caribe, identificando a América Central, la Amazonía, el Caribe y los Andes como zonas de riesgo existencial. Las cifras que cita la Corte dan que pensar. En 2021, la región contaba con 17,1 millones de personas desplazadas internamente por causas relacionadas con el clima. El 1% más rico de la población generó el 92 % de las emisiones de CO₂ per cápita en 2019, mientras que el 50% más pobre generó solo el 0,27%. Quienes menos emiten son quienes más sufren. En todos estos ecosistemas, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales se ven afectados de manera desproporcionada por las continuas violaciones de sus derechos relacionadas con el cambio climático. Un nuevo derecho autónomoA partir del derecho a un ambiente sano, se deriva para el tribunal un nuevo derecho autónomo: el derecho a un clima sano, definido como el derecho a vivir en un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas. El dictamen considera este derecho como una condición previa indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos en el contexto de la emergencia climática. En consecuencia, los Estados están sujetos a un nivel más estricto de diligencia debida. La gobernanza climática ya no se considera únicamente una cuestión de discrecionalidad política. Los Estados deben prevenir los daños climáticos dentro y fuera de sus fronteras, exigir que las evaluaciones de impacto ambiental incluyan análisis específicos de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de autorizar proyectos, y establecer objetivos de reducción ambiciosos y progresivos, ajustados a los mejores datos científicos disponibles. El consenso científico reflejado en las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se considera explícitamente como la norma de referencia jurídica.La corte añade una prohibición a la regresión: los niveles de protección ya alcanzados constituyen un mínimo, no un máximo. Amplía las obligaciones de debida diligencia no solo a las propias actividades de los Estados, sino también a las empresas que operan bajo su jurisdicción. Estas proposiciones no son del todo nuevas, pero el dictamen las consolida en un marco unificado y les confiere la autoridad de una interpretación interamericana definitiva. Para efectos de un litigio, el catálogo de obligaciones queda ahora ampliamente establecido. Los derechos procesales como verdadera innovaciónSi las obligaciones sustantivas son importantes, las innovaciones procesales resultan transformadoras. La contribución más significativa de la OC-32/25 al ámbito de los litigios climáticos no es la declaración del derecho a un clima sano, sino la forma en que el dictamen reestructura el marco de los derechos de acceso. De hecho, la corte desarrolla dos elementos muy valiosos: el derecho a la ciencia y los parámetros de prueba y evidencia que refuerzan los litigios climáticos. "El derecho a la ciencia comprende al acceso de todas las personas a los beneficios del progreso científico y tecnológico...j unto al conocimiento científico coexisten otras formas de conocimiento tales como los saberes locales, tradicionales e indígenas" (párr. 473 y 476). El derecho a la ciencia, fundamentado en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y leído conjuntamente con la OC-32/25, establece obligaciones exigibles para los Estados de garantizar un acceso efectivo a los conocimientos científicos sobre el clima. Los Estados ya no pueden ampararse en argumentos de incertidumbre científica o de conocimientos insuficientes: las políticas deben basarse en la mejor ciencia disponible y actualizarse a medida que la ciencia evoluciona. Las evaluaciones de impacto ambiental (párr. 362), los planes nacionales de adaptación (párr. 388) y las contribuciones determinadas a nivel nacional se consideran documentos auditables que deben basarse en evidencia científicamente creíble y ser transparentes (párrs. 510, 511 y 486). Más importante aún, los jueces pueden y deben evaluar si la base científica en la que se apoya el Estado cumple con los estándares de la Convención (párrs. 488-539). Esto amplía sustancialmente el alcance del control judicial de las políticas climáticas en el marco del Sistema Interamericano. Inversión de la carga de la pruebaDemostrar la existencia de una relación causal directa entre las emisiones de un Estado específico y un daño específico ha sido, históricamente, el mayor obstáculo en los litigios climáticos: una tarea técnicamente compleja, objeto de controversia judicial y, en la práctica, fuera del alcance de la mayoría de las comunidades afectadas. La OC-32/25 elimina ese obstáculo mediante cuatro medidas concretas.El dictamen reconoce que los litigios climáticos se caracterizan por asimetrías marcadas entre las partes en cuanto a su acceso a información técnica y científica. Por lo tanto, los tribunales nacionales deben adoptar medidas —incluida la inversión de la carga de la prueba— para garantizar una protección judicial efectiva. El lenguaje es directo: "carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información recaiga en el órgano al cual la información fue solicitada" (párr. 490). En materia de acceso a la información, la pasividad no es una opción para el Estado.En segundo lugar, el dictamen acepta la presunción del nexo causal entre las emisiones de gases de efecto invernadero de un Estado y la degradación del sistema climático global y, a su vez, el vínculo entre dicha degradación y los riesgos a los que se enfrentan las personas y los ecosistemas, siempre que ello se base en las evaluaciones del IPCC. Esto responde directamente al problema de la atribución que ha marcado los límites de los litigios climáticos durante décadas. Los tribunales ya no están obligados a resolver la cadena científica completa de causalidad en cada caso concreto.En tercer lugar, el dictamen introduce estándares alternativos de prueba. El acceso a la justicia climática no requiere demostrar la causalidad individualizada de cada daño. Basta con demostrar la generación o la tolerancia de riesgos significativos a través de la inacción del Estado, y la exposición efectiva de personas o grupos a dichos riesgos. Las comunidades no necesitan demostrar que una tonelada concreta de CO₂ procedente de un Estado específico causó una inundación concreta. Deben demostrar que estuvieron expuestas a riesgos previsibles que el Estado no abordó.En cuarto lugar, el tribunal destaca que la evidencia satelital es especialmente relevante en los casos relacionados con el clima y exige a los Estados que garanticen la cooperación y la transferencia de tecnología para que las víctimas puedan acceder a dichas pruebas en los procedimientos judiciales. Se trata de un reconocimiento práctico de que los instrumentos probatorios necesarios para los litigios climáticos suelen ser técnicamente sofisticados y económicamente inaccesibles para las comunidades que más los necesitan. ¿Qué cambia para los litigios?En conjunto, estas cuatro innovaciones transforman el panorama estratégico de los litigios climáticos en todo el continente americano. Organizaciones como AIDA pueden ahora impugnar proyectos de combustibles fósiles cuyas evaluaciones de impacto ambiental no incorporen un análisis climático adecuado, invocando directamente el derecho a la ciencia. Podemos impugnar las políticas climáticas estatales alegando insuficiencia científica u obsolescencia. Podemos interponer demandas en nombre de comunidades enteras sin necesidad de demostrar un daño individual y directo, gracias a la amplia legitimación que reconoce el Dictamen. Y podemos defender los territorios indígenas vinculando el daño climático a los derechos territoriales colectivos a través de un marco que ya no exige el criterio, casi imposible de cumplir, de la causalidad individualizada.La OC-32/25 no es un dictamen de aplicación automática. Sus estándares deberán invocarse, defenderse y desarrollarse caso por caso ante la Corte Interamericana, la Comisión y los tribunales nacionales de los Estados miembros. Es previsible que se produzca resistencia por parte de los Estados que pretenden mantener el statu quo. Pero la estructura ya está establecida: las normas aplicables han cambiado.En AIDA, llevamos años litigando en una región en la que existe una enorme brecha entre los compromisos climáticos formales de los estados y la protección real de la que disfrutan las comunidades. La OC-32/25 nos proporciona instrumentos jurídicos para reducir esa brecha. No nos pide que seamos más optimistas, sino que seamos más ambiciosos: en los casos que elegimos, en los criterios que invocamos y en los vínculos que establecemos entre el derecho internacional y las comunidades que se encuentran directamente afectadas por la crisis climática.
Leer más