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La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se reunió por onceava ocasión del 2 al 5 de noviembre en Livingstone, Zambia. Fue una de las citas más importantes y esperadas del año ya que, en vísperas a la COP21, se aprobaron las primeras propuestas de programas y proyectos a ser financiadas por el Fondo.

Además de respaldar ocho propuestas a financiar, la Junta discutió temas orientados a la operación efectiva del FVC. Entre ellos están los referidos al Marco de Monitoreo y Rendición de Cuentas, el plan estratégico del Fondo, el Programa de Ayuda a la Preparación o readiness support y a la designación de nuevos miembros de la Junta Directiva para los próximos tres años.

¿Qué propuestas de proyectos y programas fueron aprobadas? ¿Qué aportes se hicieron al Marco de Monitoreo y Rendición de Cuentas? ¿Qué se espera del plan estratégico del Fondo? En este seminario virtual, representantes de gobierno, del Secretariado del Fondo Verde del Clima, de entidades acreditadas y de la sociedad civil respondieron a ésas y otras preguntas. También hicieron un análisis puntual sobre las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Fondo.

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Presentaciones

Resumen

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1.   Colombia Suspende las Fumigaciones Aéreas con Glifosato

En mayo de 2015, Colombia anunció sus intenciones de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos, una mezcla que ha sido utilizada por más de 20 años para erradicar cultivos de coca y amapola. La decisión se concretó finalmente el 30 de septiembre, fecha en la que el Plan de Manejo Ambiental del programa que permitía dichas fumigaciones fue suspendido. La presión hacia el gobierno aumentó con un par de decisiones judiciales y luego de que AIDA y sus aliados en Colombia y Estados Unidos lanzáramos una petición en internet. Juntos recolectamos casi 25,000 firmas de personas que exigían al Presidente Juan Manuel Santos y al Ministro de Justicia acabar con las fumigaciones. 

En Colombia, este tipo de fumigaciones han caído sobre hogares, granjas, bosques y agua en vastas áreas rurales, causando estragos en ecosistemas sensibles y dañando fuentes de agua y cultivos de alimentos en una de las naciones más biodiversas del planeta. Incluso han forzado a que familias, incluyendo algunas en comunidades indígenas, abandonen sus tierras.

AIDA ha trabajado para ponerle fin a estas fumigaciones por cerca de 17 años. Cuando el Ministerio de Salud recomendó recientemente la suspensión del programa por temor a que el químico utilizado cause cáncer, AIDA convocó a medios de comunicación y organizaciones aliadas para generar y participar en un debate nacional. 

2.   El Congreso Panameño Protege el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá

Tras años de disputas legales, el 2 de febrero de 2015 (Día Mundial de los Humedales), Panamá promulgó una ley que brinda protección permanente a la Bahía de Panamá, sitio de gran importancia ecológica. La ley impide desarrollos turísticos que dañarían bosques de manglar esenciales para la vida silvestre, la protección costera, la industria pesquera local y la mitigación del cambio climático. La colaboración entre AIDA y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, su socio local, garantizó que esta ley sea lo suficientemente fuerte para garantizar el uso racional de los humedales de todo el país.

La Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación más importantes del mundo para aves migratorias y es hogar de jaguares y tortugas caguama (especie en peligro de extinción). Los manglares de la bahía amortiguan las cada vez más fuertes marejadas, y capturan 50 veces más carbono que los bosques tropicales. La bahía está enlistada como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la conservación de los humedales. El trabajo de AIDA consiste en proteger todos los servicios ecosistémicos que este sitio fundamental brinda. 

3.   El Gobierno de Colombia Protege el 76% del Páramo de Santurbán

AIDA se unió a organizaciones locales para conseguir apoyo público para la protección de los páramos de Colombia. Los páramos son humedales de alta montaña únicos en América Latina. Nuestro trabajo logró reunir más de 20,000 firmas para una petición ciudadana y generó mucha atención mediática. El Gobierno colombiano decidió ampliar el área protegida del Páramo de Santurbán, una importante victoria para el pueblo colombiano.

Santurbán abastece de agua a cerca de dos millones de personas y es hábitat de especies amenazadas. También captura grandes cantidades de carbono, mitigando así el cambio climático. Hace varios años, Colombia promulgó una ley que protege a los páramos, un importante paso debido a que la tierra en y alrededor de Santurbán contiene oro y otros minerales que empresas internacionales están ansiosas por explotar. Para implementar la ley y proteger realmente a ese páramo, Colombia tenía que establecer los límites del área protegida. Los límites propuestos inicialmente incluían sólo una pequeña fracción del páramo. Ahora, la mayor parte está protegida. 

4.  Se Publican Tres Importantes Informes de Referencia

Uno de los servicios clave que AIDA brinda es la producción de informes basados en investigación y análisis legal. Estos informes sirven como referencia a funcionarios de gobierno, periodistas, grupos de la sociedad civil y tomadores de decisiones de industrias que se esfuerzan por proteger nuestro ambiente. Compilamos información exhaustiva acerca de las amenzas a recursos naturales y de las mejores prácticas para la protección ambiental. Nuestros informes llenan vacíos de conocimiento entre responsables de políticas públicas y defensores ambientales en América Latina. Las publicaciones recientes de AIDA pueden ayudar a guiar los esfuerzos hacia la protección ambiental. Éstas incluyen:

5.   Se Crea un Grupo Regional sobre Fracking: 30 Organizaciones en Siete Países

Muchos países en América Latina le están abriendo sus puertas al fracking, una práctica que consiste en la inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión para fracturar rocas y liberar gas natural del subsuelo.  Muchos gobiernos lo están haciéndo con poca o ninguna comprensión de los impactos de esta tecnología en el ambiente y la salud, y en ausencia de procesos adecuados para informar, consultar e involucrar a las comunidades afectadas. 

AIDA apoyó la creación del Grupo Regional sobre Fracking para generar conciencia, debate público y prevenir los riesgos asociados al fracking. El grupo busca garantizar que los derechos a la vida, a la salud pública y a un ambiente sano sean respetados en América Latina.

El grupo está formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas principalmente de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y México, las cuales colaboran para:

  • Identificar operaciones de fracking y comunidades afectadas en la región, y documentar los impactos;
  • Avanzar en estrategias para detener proyectos dañinos y frenar la propagación del fracking; y
  • Organizar seminarios y brindar material educativo acerca de los riesgos e impactos del fracking para asegurar la adopción de un enfoque de precaución.

Los gobiernos del mundo trabajan en el texto de negociación de un nuevo acuerdo global para combatir el cambio climático, el cual será suscrito en diciembre, durante la Conferencia de París de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de, y entrará en vigencia el 2020.

En AIDA abogamos para que el nuevo acuerdo climático sea un instrumento que permita afrontar de forma adecuada los cambios extremos en el clima y sus efectos, especialmente en los países más vulnerables.

“Queremos que el nuevo acuerdo climático ayude a implementar los acuerdos existentes de forma efectiva y que fortalezca los compromisos asumidos por los países en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; no podemos comenzar de cero y el nuevo acuerdo no debe reemplazar a la Convención, sino mejorar su implementación”, afirma Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA.

Con miras a la Conferencia de París, los delegados de diferentes países se reúnen para trabajar en los elementos que servirán como base del “paquete de París”. El paquete incluye un nuevo acuerdo climático (compromisos generales) y una decisión (disposiciones que podrían cambiar con el tiempo), instrumentos que servirán para implementar las obligaciones adoptadas bajo la Convención. La siguiente reunión se realizará en Bonn, Alemania, del 31 de agosto al 4 de septiembre.

A fin de aportar positivamente a la construcción del texto de negociación del nuevo acuerdo climático y del texto de la decisión, AIDA elaboró comentarios dirigidos a los negociadores y orientados a fortalecer dos temas clave: el financiamiento de las actividades para combatir el cambio climático, y la protección de los derechos humanos al llevar a cabo dichas actividades.

En cuanto al financiamiento climático, los comentarios enfatizan la necesidad de que el nuevo acuerdo climático ayude a movilizar esos recursos económicos de forma efectiva, adecuada, suficiente y predecible, estableciendo compromisos en términos concretos como de responsabilidades y plazos.

Sobre el segundo punto, en los comentarios pedimos que en el acuerdo de París los países se comprometan a proteger los derechos humanos en todas las acciones relacionadas con el cambio climático, un compromiso que ya asumieron en los Acuerdos de Cancún de 2010 y que debe ser reafirmado en el nuevo y jurídicamente vinculante acuerdo climático para asegurar su cumplimiento.

Los países ya se han comprometido a dar 100 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático a partir del 2020. “La decisión sobre financiamiento climático a tomarse en París debe entonces dar certeza de que los países harán los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de ese compromiso a partir del 2020; de ese modo será posible confiar en que el nuevo acuerdo climático funcionará realmente”, explica Rodríguez.

¡Conoce más de nuestros comentarios (en inglés) sobre financiamiento climático y derechos humanos para el nuevo acuerdo climático!

Por Camila Cossio, pasante de AIDA

El mes pasado, Cecil, un león africano de 13 años, fue rastreado y asesinado por un turista estadounidense. Cecil fue víctima de la caza de trofeos, un pasatiempo cruel que no sirve a ningún propósito de conservación. Si Cecil hubiera vivido en Costa Rica, podría estar vivo aún.

Costa Rica es hogar de muchos de los principales depredadores, incluyendo a grandes felinos como los pumas y jaguares, y el gobierno está comprometido con su protección. En Costa Rica, cazar animales por deporte es ilegal. En 2102, el Congreso de ese país aprobó por unanimidad una enmienda a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la cual prohíbe la cacería de trofeos y, en general, la caza de vida silvestre. Costa Rica es el primer país que prohíbe la caza, con excepción de aquella que responde a estudios científicos, subsistencia o reducción de la sobrepoblación. Los cazadores que no cumplen la ley pueden pagar multas de hasta 3.000 dólares o ser encarcelados por hasta cuatro meses.

A la luz de la  muerte de Cecil, muchos cazadores de trofeos han argumentado que sus acciones apoyan los esfuerzos de conservación. Sin embargo, la ciencia nos dice lo contrario. Los depredadores naturales como los leones, lobos y osos ayudan a equilibrar los ecosistemas de la naturaleza al matar a los individuos más enfermos y débiles en una especie. Se trata de una selección natural en esencia. Por el contrario, los cazadores de trofeos tienen como objetivo matar a los animales más “deseados”, aquellos que lucirían mejor colgados en sus paredes y que tienden a ser depredadores principales y saludables como Cecil. Al cazar depredadores saludables, los seres humanos interfieren con el delicado balance de las poblaciones de esas especies. Por ejemplo, si un león dominante como Cecil es asesinado, es común que un nuevo león mate a los cachorros del exlíder para hacerse cargo de la manada. Esta alteración no habría ocurrido si Cecil no habría sido cazado y asesinado.

Otro tipo de alteración está ocurriendo con las poblaciones de lobos en Estados Unidos. La sobrecaza de lobos rojos llevó a un incremento de la población de coyotes. Al crecer la población de coyotes, el número de muchos depredadores más pequeños, como los zorros, se redujo también. Los zorros se alimentan de los mamíferos que infectan a las garrapatas con la enfermedad de Lyme. No es coincidencia que los seres humanos enfrenten actualmente la mayor incidencia jamás documentada de la enfermedad de Lyme. Casos como éste dejan claro que los depredadores tienen un rol vital para la salud humana y la de los ecosistemas animales.

La cacería de trofeos también crea un mercado para la caza furtiva de especies amenazadas y en peligro de extinción. La caza de trofeos organizada implica que las poblaciones de animales se están “recuperando” y no están en peligro, incrementando así la explotación de poblaciones ya vulnerables[1].

Costa Rica es pionero en la legislación sobre vida silvestre y en la protección de la misma. Así lo evidencia su ley histórica y acciones diarias de las que soy testigo como parte de mi pasantía en la oficina de AIDA en San José. Veo la preocupación de la nación reflejada en el trabajo de nuestros abogados y abogadas para proteger especies en peligro de extinción. Y también la veo en las calles, en etiquetas adheridas a los parachoques con la imagen de felinos grandes como Cecil y la leyenda “Los Animales Tienen La Vía. Respétalos”.  


[1] Cecil y el Mito de la Conservación Mediante la Caza Deportiva (artículo en ingles), http://www.friendsofanimals.org/news/2015/august/cecil-and-myth-conservation-through-sport-hunting (consultado el 5 de agosto de 2015).

Por Eugenia D’Angelo, expasante de AIDA, @DangeloEugenia

El fracking o fractura hidráulica —el proceso de perforar bajo tierra e inyectar a muy alta presión una mezcla de agua, químicos y arena para fracturar rocas y liberar de ellas gas y petróleo— se abre paso en todo el mundo, provocando daños en el ambiente y la salud humana. Pese a ello, movimientos sociales han mostrado ser efectivos para ponerle freno a los empresarios y gobiernos interesados en promover operaciones de fracking.

Francia es el mejor ejemplo de lo que digo. Fue el primer país en prohibir la fractura hidráulica y lo hizo gracias a la presión que ejerció la ciudadanía. Viví cuatro años en Francia y pude sentir la fuerza e importancia de los movimientos sociales organizados en este proceso.

El proceso legal

La “Ley Jacob”[1] (nombrada así por el diputado Christian Jacob, quien presentó el proyecto de ley), aprobada a mediados del 2011, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, prohíbe el uso del fracking para la exploración y explotación del gas de esquisto (un tipo de roca que contiene el hidrocarburo) en Francia.

Posteriormente y aprovechando que el Partido Socialista estaba dividido, las empresas petroleras  consiguieron el apoyo necesario para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra la prohibición del fracking. 

Sin embargo, el 11 de octubre de 2011, el Consejo Constitucional, instancia ante la cual se presentó el recurso, reafirmó la validez de la “Ley Jacob” manifestando que la misma respeta todos los principios constitucionales. Así llegó a su fin el debate político entre los partidarios y opositores de la fractura hidráulica y Francia se convirtió en el primer país del mundo en darle la espalda al fracking.

Haciendo la diferencia

Al pensar en la diferencia entre Francia y otros países donde el fracking es permitido, podemos asegurar que el papel jugado por la sociedad civil y los partidos políticos “verdes” fue primordial.

Antes de la promulgación de la “Ley Jacob”, la sociedad y las organizaciones ambientales se manifestaron abiertamente para exigir un cambio en las políticas energéticas francesas: más del 80%[2] de la sociedad le dijo ¡No! al fracking[3] (ese porcentaje es mayor al 47% registrado en Estados Unidos según la encuesta más reciente del Pew Research Center)[4].

En Francia, los movimientos ciudadanos están agrupados en colectivos sociales que reúnen a la población de los diferentes departamentos franceses. Estos grupos se organizaron para estar presentes en cada zona del país donde empresas energéticas contaban con permisos para la exploración o explotación del gas o aceite de esquisto. Permanecieron allí durante toda la contienda jurídico-política, hasta que finalmente la prohibición del fracking fue una realidad.

Por ejemplo y como parte de la protesta, la Asociación “No Fracking France”:

  • Durante el conocido y mediatizado evento deportivo “Vuelta a Francia” (Tour de France), llevó siempre una pancarta anti gas y aceite de esquisto firmada en el reverso por miles de personas.
  • Como punto final del recorrido del Tour de France, hizo que un alpinista izara la pancarta en la cima del Mont Blanc.
  • Realizó una conferencia de prensa sobre el tema en la Asamblea Nacional.
  • Organizó numerosos coloquios informativos y científicos dirigidos a los intendentes de las Comunas afectadas.
  • Produjo un video explicativo sobre el fracking dirigido a personas sordo-mudas.
  • Llevó sus reclamos a los miembros del Parlamento.

Resistencia en América Latina

A diferencia de Francia, varios países de América Latina están abriendo sus puertas al fracking. Como respuesta a esta tendencia, AIDA está ayudando a facilitar y coordinar el trabajo de un grupo regional formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, y creado para generar información, promover el debate y unir fuerzas para prevenir y detener los impactos negativos del fracking en la región.

Desde AIDA consideramos necesario que gobiernos y sociedad civil apliquen el principio de precaución. En el marco de ese principio y sus obligaciones constitucionales, los Estados de la región deben adoptar medidas efectivas para prevenir los daños graves al ambiente y la salud de las personas que el fracking puede ocasionar. Mientras no se garantice que los impactos del fracking pueden prevenirse y ser mitigados adecuadamente, este tipo de actividad no debe ser permitida.

Generar conciencia en la ciudadanía y en los movimientos sociales es clave. Y los gobiernos de la región están obligados a generar información pública, veraz, e imparcial sobre las características, procesos, y componentes del fracking; y sobre sus impactos a largo plazo. Nuestras autoridades deben generar espacios plurales y adecuados para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el futuro del fracking en nuestros territorios. Si no lo hacen, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de comprometernos y movilizarnos para que nos oigan, aún quienes se resisten a hacerlo.


[1] Fue una ceñida votación en la Cámara de Senadores de 176 votos a favor y 151 en contra. “Gaz de schiste: le Parlement interdit l’utilisation de la fracturation hydraulique”, Le Monde, 30/06/2011. Disponible en: http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/30/gaz-de-schiste-le-parlement-interdit-l-utilisation-de-la-fracturation-hydraulique_1543252_3244.html

[2] Este porcentaje  representa un número aún mayor al porcentaje representativo de la sociedad contra la energía nuclear (principal fuente energética en Francia) conforme: Chu, Henry. “Pressure builds against France’s ban on fracking », LA Times, 22/06/2014. Disponible en: http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-france-fracking-20140622-story.html#page=1

[3] GG En este sentido, el Colectivo 07 “Stop au Gaz de schiste” decía: « …debemos enorgullecernos de la eficacia de la movilización ciudadana que, si bien no ha ganado la guerra, ha claramente ganado una batalla. El compromiso de millones de ciudadanos, en nuestro departamento y en toda Francia, que cada día se manifestaron, resistieron, informaron, se organizaron, se movilizaron… a veces con la participación de los intendentes… ha dado sus frutos. Es una prueba que da esperanzas en relación a las luchas por venir…” . Ver: “Gaz de schiste: la mobilisation citoyenne a gagné une victoire, mais pas la guerre ». Bourg Socialisme avenir. Disponible en: http://www.bsavenir.fr/2011/10/01/gaz-de-schiste-la-mobilisation-citoyenne-a-gagne-une-victoire-mais-pas-la-guerre/

Por Flavia Amaral, abogada de AIDA

Mientras la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, la tercera más grande del mundo, avanza en la Amazonía brasileña, los impactos sociales y disturbios asociados al proyecto continúan. Se tiene previsto que en los próximos meses cerca de 2.000 familias serán reubicadas de sus casas en Altamira, cerca del río Xingú, a viviendas de reciente construcción. Otras 2.000 familias fueron reasentadas el año pasado.

La reconfiguración de la zona sigue creando problemas sociales. Los nuevos asentamientos están lejos del centro de Altamira, donde no existe transporte público. Muchas de las casas nuevas ya muestran problemas estructurales, y en los alrededores existe poca o ninguna infraestructura básica como centros de salud, escuelas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Además, para ser reubicadas, las familias deben manifestar que no tienen quejas o preocupaciones respecto de la represa Belo Monte o de la empresa responsable de su construcción, un requisito difícil de cumplir para quienes están perdiendo tanto.

Muchas comunidades indígenas afirman que hay una explosión de tala ilegal en sus tierras. Norte Energía, el consorcio que construye Belo Monte, no ha implementado los sistemas de monitoreo requeridos ni ha construido estaciones de vigilancia que podrían evitar la tala. Como resultado, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), entidad gubernamental que vela por los derechos indígenas en Brasil, informa que la situación es crítica y especialmente grave para las tierras del pueblo indígena Arara.

Las protestas de quienes buscan justicia, reconocimiento y compensación continúan en toda la zona. El mes pasado, cientos de agricultores realizaron protestas exigiendo tenencia de tierra, crédito y mejoras para la agricultura familiar. Dos personas murieron después de ser golpeadas por un auto que irrumpió en el bloqueo de manifestantes. Esta situación representa la agitación y violencia que se respira en el lugar.

Evidentemente, la construcción de Belo Monte ha causado un impacto enorme en la cuenca del río Xingú mucho antes de comenzar a operar.

Hace cuatro años, tras la solicitud de AIDA y organizaciones colegas en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un importante paso a favor de las personas afectadas por la represa. Solicitó al Gobierno brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de las comunidades indígenas cuya integridad cultural y forma de vida estaban en riesgo debido a la construcción de Belo Monte.

Claramente, después de todos estos años, las amenazas se mantienen: Brasil no ha cumplido con las medidas cautelares.

AIDA continuará trabajando para asegurar que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del río Xingú de Brasil sean respetados plenamente. Creemos que la Comisión aún está a tiempo de actuar, y que el Gobierno de Brasil todavía puede replantear sus políticas y prácticas para convertirse en un modelo global de equidad y justicia.

¡Muchas gracias por el apoyo constante a nuestro trabajo a favor del ambiente y las personas en la Amazonía!

Es un hecho innegable y preocupante: 76% de los humedales del mundo se han deteriorado en los últimos 40 años. En América Latina, los impactos de industrias extractivas como la minería y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de estos frágiles ecosistemas.

AIDA ayudó a que dichas amenazas fueran reconocidas como preocupación prioritaria por el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Lo hicimos durante nuestra participación en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención, realizada del 2 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay.

AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil incluyeron esos factores de riesgo en una declaración pública presentada ante los representantes de los gobiernos. El Secretariado de Ramsar incorporó esas amenazas en el Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención.

“Este reconocimiento abre paso para que se hagan investigaciones y se establezcan lineamientos para combatir el problema; al aportar a la identificación de las causas para el deterioro de los humedales, sentamos las bases para que se adopten regulaciones y otras medidas efectivas de conservación de estos ecosistemas”, dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA y quien asistió a la Conferencia.

En esa misma línea y junto con organizaciones locales, presentamos una petición al Secretariado de Ramsar para alertar que el Gobierno de Colombia ha incumplido su obligación de proteger los páramos o humedales altoandinos del país conforme al tratado. En la petición llamamos la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, fuente de más del 70% del agua en Colombia, y le pedimos al Secretariado monitorear la situación y tomar acciones según sus competencias.

El Plan Estratégico de la Convención Ramsar para los próximos años también reconoce la necesidad de tener una mayor sinergia con otros tratados internacionales en materia ambiental como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para que el uso sostenible y la conservación de los humedales adquieran mayor relevancia y se lleven a cabo de forma más efectiva.

Esa correlación es clave. “Uno de los grandes desafíos de la Convención es vincular de forma apropiada e integral la implementación del tratado con la lucha contra el cambio climático”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, quien también participó en la Conferencia.

Lozano Acosta destacó que en el evento se aprobaran una resolución que establece que los países deben reservar la cantidad de agua necesaria para la preservación de sus humedales, y otra que vincula la protección de esos ecosistemas con la mitigación de desastres naturales, pues los humedales son barrera natural frente a huracanes y tormentas. Pero lamentó que en la Conferencia aún no existan los espacios suficientes y adecuados para la participación de la sociedad civil.

Para Moguel, fue un acierto que, gracias a las gestiones hechas por los representantes de países latinoamericanos, todas las resoluciones emitidas en la Conferencia incluyeran y reconocieran en su texto el manejo que los pueblos indígenas hacen de los humedales con base en sus conocimientos tradicionales.

Finalmente, en un evento paralelo a la Conferencia organizado por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, AIDA expuso su trabajo en defensa de esos ecosistemas. Presentamos nuestra guía de buenas prácticas de regulación para proteger corales y enfatizamos los casos del Sistema Arrecifal Veracruzano y Cabo Pulmo, en México, sitios en riesgo por infraestructura portuaria y turística respectivamente.

Por la Red Mundial de Humedales

Quienes integramos la sociedad civil representada a través de las ONG y otros grupos apreciamos mucho esta oportunidad de dirigirnos a la 12ª Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los humedales. Hemos trabajado juntos para preparar ésta declaración a través de la Red Mundial de Humedales, una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, muchos de los cuales centran su trabajo en humedales de su área local. Estas organizaciones reflejan sus culturas y comunidades locales y son una fuerza considerable para la conservación Ramsar de los humedales.

Todos los presentes entendemos los valores de los humedales para la vida en la tierra. Para las ONG y grupos de la sociedad civil, estos valores están muy cerca de nuestro corazón, es a lo que dedicamos nuestra vida: nuestro compromiso.

Los humedales nos proveen de agua dulce y limpia. Son esenciales para la seguridad alimentaria, el suministro de agua para riego, y la producción de alimentos para nuestro sustento. Los humedales contribuyen a mitigar el cambio climático al capturar carbono, y reducen los impactos de fenómenos meteorológicos extremos al desacelerar y almacenar agua en inundaciones. Albergan una gran cantidad de biodiversidad que hace de nuestro mundo un lugar más rico. Los humedales son nuestro hogar, y están fuertemente ligados a nuestra identidad cultural y espiritual.

Asimismo, somos sus custodios. Nuestra ética nos inspira a trabajar en la conservación de humedales a través de muchas actividades: en trabajo de campo, investigación, monitoreo, promoción, protección, educación y participación de la comunidad.

Ahora sabemos que nuestra tierra ha sufrido la destrucción del 64% de todos los humedales a manos del desarrollo humano desde 1900. Las ONG y la sociedad civil apoyan plenamente el objetivo de Ramsar para ralentizar, detener e invertir esa tendencia a la pérdida y degradación de los humedales en todo el mundo.

En 2014, la Red Mundial de Humedales realizó una encuesta mundial de ONG para explorar su relación con la transmisión de los objetivos Ramsar de conservación de humedales. 190 personas respondieron de 52 países, dándonos la oportunidad de escuchar una voz colectiva de la población local.

Los resultados de la encuesta se ofrecen ahora para que las Partes de Ramsar puedan implementar con éxito los recursos tanto gubernamentales como no gubernamentales para asegurar el mayor beneficio para los humedales, la fauna y la gente.

  • La encuesta mostró abrumadoramente que las ONG se han comprometido con Ramsar y quieren hacer más.
  • Apoyar y facilitar voluntarios y personal de las ONG para que se dediquen a la conservación de los humedales requiere de recursos, pero pequeños insumos crean grandes resultados, lo que lleva a mejores programas para los sitios Ramsar.
  • Las actividades de comunicación, educación, concienciación y participación de Ramsar requieren una mayor promoción, como apoyo técnico y financiero. Muchas ONG tienen habilidades que podrían ser utilizadas de manera más activa en este proceso.
  • Las ONG temen que algunos gobiernos parecen desalentar designaciones estratégicas de sitios Ramsar. Un medio para que la sociedad civil pueda resaltar nominaciones potenciales sería bien recibido.
  • Algunos gobiernos no utilizan activamente a Ramsar como instrumento para proteger los humedales. Nos preocupa la inactividad de los gobiernos, los recursos financieros reducidos y la decreciente participación de los funcionarios públicos.
  • Existe preocupación entre las ONG sobre la inexactitud de los informes Ramsar de los países miembro. Las partes contratantes deberían hacerse responsables de asegurar la exactitud de los informes sobre el estado de los humedales para sustentar una toma de decisiones eficiente.
  • En algunos casos hay que hacer más para hacer cumplir la protección del sitio.


Con base en las principales conclusiones de nuestra encuesta, la Red Mundial de Humedales ofrece las 
siguientes recomendaciones a consideración de Ramsar:

  1. Reconocer que las ONG suelen crear vínculos más duraderos y continuos con los sitios Ramsar que los representantes de los gobiernos.
  2. Elaborar una orientación más estructurada para las Partes de Ramsar, y los Puntos Focales Nacionales, sobre la manera de involucrar a la sociedad civil.
  3. Explorar opciones para incluir a más organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de toma de decisiones Ramsar en el ámbito internacional, nacional y regional.
  4. Crear vías para los aportes de ONG y organizaciones de sociedad civil en la presentación de informes sobre el estado de los humedales Ramsar, nominaciones de sitios, y el Registro de Montreux.
  5. Dar prioridad a la financiación y apoyo a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los humedales de la lista Ramsar.

Por último, una colaboración total y efectiva entre la sociedad civil y las partes contratantes es esencial para lograr la conservación de los humedales a nivel local. Con respecto a los proyectos de resolución de la COP12 de Ramsar, las ONG piden vínculos más estrechos con el sector de la sociedad civil y ONG en la resolución 2 -el Plan Estratégico- y la resolución 9 -el programa de CEPA-.

Confiamos en que esta reunión COP12 de Ramsar ayudará a la sociedad civil, el sector empresarial y los socios del gobierno para trabajar juntos en proteger, restaurar y promover los humedales.

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) llama a los Estados Parte de la Convención de Ramsar a proteger efectivamente los humedales en las Américas.

Las Partes Contratantes de América Latina deben proteger y usar racionalmente los arrecifes de coral, manglares y páramos en su territorio.

Para alcanzar esta visión, demanda que las Partes Contratantes realicen una adecuada evaluación de impacto ambiental, planificación y ordenamiento en relación con los humedales. En particular, para proyectos de infraestructura turística, portuaria e hidroeléctrica, así como para industrias extractivas de minería y aquellas que usa fractura hidráulica.

Solicita la inclusión en el Registro Montreux de humedales clave como Bahía de Panamá (Panamá), Marismas Nacionales, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (México), el Complejo Lagunar del Otún y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia).

Alienta a las Partes Contratantes a que amplíen los mecanismos de participación existentes, para asegurar que se incluya a la sociedad civil en el manejo de los humedales. 

En Baja California y en otras regiones de México, el agua es cada vez más escasa. No es un caso aislado, sino una problemática mundial. California, Washington y Oregón —en Estados Unidos— enfrentan la peor sequía de su historia. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura asegura que para el 2025, al menos 1,9 mil millones de personas vivirán en países o regiones que enfrentan una escasez absoluta de agua.

Ante tal situación, es urgente preservar los humedales, ecosistemas naturales que proveen agua y que ayudan a reabastecer fuentes subterráneas de agua. Los humedales incluyen páramos, manglares, ríos, lagunas y arrecifes de coral, entre otros.

En AIDA estamos comprometidos con la protección de estos entornos. Trabajamos para fortalecer la Convención Ramsar, tratado intergubernamental que busca la conservación y el uso sostenible de los humedales en el continente americano.

Los países miembros de la Convención están obligados a tomar medidas para asegurar que los humedales de sus territorios conserven sus características ecológicas, aquellas de las que depende la provisión de agua y otros beneficios para la humanidad.

La implementación permanente de esas obligaciones depende de la interacción entre los países, la cual ocurre cada tres años en la Conferencia de las Partes (COP), el órgano supremo de la Convención. La 12ª reunión de la COP (COP12) se realizará del 1 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay, bajo el lema “Humedales para nuestro futuro”.

Consciente de la importancia de ese futuro, AIDA participará en la COP12 como organización observadora de la sociedad civil. Presentaremos comentarios a los proyectos de resolución que serán discutidos en la Conferencia. Estas resoluciones dan soluciones a los obstáculos que los países enfrentan para aplicar el tratado y hacen que los Estados asuman compromisos específicos.

Haremos comentarios a tres de los proyectos de resolución más importantes:

  • El de Filipinas, que hace un llamado para que la Convención se comprometa a proponer herramientas económicas que reduzcan el riesgo de desastres.
  • El de Tailandia, que propone analizar la efectividad de los mecanismos de evaluación del manejo y conservación de los sitios considerados humedales de importancia internacional por la Convención.
  • El de México, que promueve que los países identifiquen los posibles impactos negativos que proyectos de infraestructura tienen sobre el agua, la biodiversidad y los servicios de los humedales.

AIDA también hará recomendaciones específicas para proteger humedales en México, Panamá y Colombia.

Abogaremos por la inclusión en el Registro Montreux del Humedal Bahía de Panamá, amenazado por la construcción de infraestructura turística, y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, en peligro por la ampliación del Puerto de Veracruz, en México. El Registro Montreux es una lista especial de humedales por la que un sitio recibe atención prioritaria internacional y por la que un país obtiene asesoría y recursos financieros para preservarlo.

Finalmente, buscaremos que el Secretariado de la Convención acceda a realizar visitas de asesoramiento en Colombia para conocer de cerca la situación de los páramos en ese país, en riesgo por la minería a gran escala, y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, sitio afectado por actividades agrícolas no sostenibles. Tras estas visitas, el Secretariado podrá realizar recomendaciones para que Colombia maneje esos sitios de forma adecuada.

Una de las funciones de la COP es considerar la información presentada por organizaciones como AIDA para mejorar el cumplimiento de la Convención en cada país.

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