staff's blog | Page 6 | Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) Skip to content Skip to navigation

Hablar de los cambios extremos en el clima nos concierne a todos y todas y, por tanto, la lucha para hacerles frente debe ser conjunta. En AIDA partimos de esa premisa para contribuir a la obtención de respuestas efectivas al cambio climático en favor de las comunidades más vulnerables al mismo. Las decisiones al respecto son negociadas a nivel internacional.

En ese sentido, la generación de espacios previos de colaboración y consenso es vital. Uno de ellos fue el taller de fortalecimiento de capacidades organizado el 8 y 9 de agosto en Lima, Perú, por AIDA y por las principales redes y organizaciones de América Latina que inciden en las negociaciones sobre cambio climático.

El evento congregó a representantes del gobierno y de la ciudadanía de 11 países de la región, entre ellos a negociadores de los gobiernos de Brasil, Chile, México y Perú. Ambos sectores compartieron sus preocupaciones sobre lo que es importante resolver en aspectos como pérdidas y daños, adaptación y mitigación, financiamiento, preparación para la obtención de recursos, y el impacto del cambio climático en los derechos humanos, entre otros.

"Los participantes conocieron lo que se está promoviendo en las negociaciones para asegurar que las prioridades de todos sean tomadas en cuenta y crear un lazo de colaboración entre negociadores y sociedad civil. Tratamos de abarcar la persidad de temas y de información de forma práctica para que todos estemos en la misma página", explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA.

Asimismo, el taller creó el terreno para que gobiernos y ciudadanos continúen trabajando unidos con  miras a su participación en la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), la principal sesión de negociación climática y la cual se realizará en diciembre en Lima.

"El hecho de que la pelota se juegue en casa es una oportunidad para mostrar lo que se está haciendo en América Latina y para que trabajemos juntos en la elaboración del nuevo acuerdo climático, el cual será firmado en París en 2015, pero cuyo borrador saldrá de Lima", destaca Rodríguez.

¡En nuestra página de internet encontrarás videos, presentaciones y toda la información relativa al taller!

También en agosto, Lima es sede de la "Semana del financiamiento climático", evento organizado por el Gobierno de Perú. En el mismo se abordan tres temas claves para la planificación y desarrollo de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático: financiamiento proveniente del sector privado, transparencia en el uso del dinero, y preparación necesaria para acceder al mismo.

Junto con organizaciones aliadas, AIDA brindó apoyo técnico al Gobierno peruano y, en el marco del evento, organizó una cena con actores involucrados en el financiamiento climático (gobiernos, inversionistas, instituciones financieras y sociedad civil) a fin de que los mismos encuentren puntos en común para colaborar y asegurar el flujo de recursos y su uso efectivo para combatir el cambio climático.

El caudal del río Xingú en la Amazonía brasileña disminuye de a poco mientras la selva alrededor desaparece. Los peces y otros animales ya no se asoman, y muchas personas que habitaban las comunidades ribereñas han tenido que dejar sus hogares y cambiar sus modos de vida para siempre.

El panorama descrito es el resultado de la construcción de la represa Belo Monte que, de ser terminada, será la tercera más grande del mundo. A pesar de las múltiples irregularidades reportadas en contra del proyecto, las obras avanzan causando estragos en el entorno. Pese a esta grave situación, la represa no ha tenido problemas para ser financiada, en su mayoría por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES).

En América Latina, el BNDES ejerce una influencia mayor que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) en cuanto al financiamiento de grandes proyectos energéticos y de infraestructura. Sin embargo, no cuenta con mecanismos de protección acordes a la responsabilidad que dicho predominio le otorga para garantizar que sus inversiones no respalden proyectos como Belo Monte que causan daños al ambiente y a comunidades vulnerables. Tampoco tiene un sistema efectivo para atender las quejas y reclamos de quienes se ven afectados por sus inversiones.

AIDA trabaja para hacer visible esta situación junto con organizaciones en la región que comparten ese objetivo.

Aunque parezca increíble, la problemática que existe en torno al BNDES es desconocida por muchos. Ello implica que la sociedad no esté exigiendo una adecuada rendición de cuentas. Para incrementar el conocimiento sobre el tema, AIDA y organizaciones aliadas lanzaron recientemente una infografía que explica de forma didáctica los efectos nocivos de las inversiones del BNDES en América Latina. ¡Ayúdanos y difunde esta valiosa herramienta entre tus contactos!

"Nuestro trabajo apunta a que el BNDES cambie de rumbo y se convierta en una influencia positiva de inversión energética, respetando el ambiente y a las personas que dependen del mismo, y promoviendo un cambio de paradigma hacia la economía sustentable que necesitamos. Buscamos que deje de financiar falsas fuentes de energía limpia como las grandes represas, evitando conflictos socioambientales y contribuyendo a la lucha regional por la adaptación y mitigación al cambio climático", señala Florencia Ortúzar, abogada de AIDA.

Cada día escuchamos una nueva historia sobre una comunidad afectada por los cambios extremos en el clima. Son relatos de fuertes sequías que dejan sin alimento al ganado y sin agua a los cultivos, de lluvias que causan serias inundaciones o de olas de calor intenso que provocan incendios forestales.

Esta realidad local no puede quedar al margen de las decisiones que se están tomando  a nivel internacional sobre el financiamiento de actividades de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Como organización de la sociedad civil, AIDA trabaja para que las preocupaciones de las comunidades más afectadas por esa problemática global sean tomadas en cuenta por gobiernos e instituciones financieras.

“Tenemos la capacidad técnica para apoyar las decisiones que los gobiernos deben tomar con relación al cambio climático. Ellos pueden apoyarse en nosotros para dar soluciones efectivas a esa problemática con base en ese conocimiento, investigación, experiencia de trabajo a nivel local y relacionamiento con las comunidades. Las decisiones internacionales tienen incidencia directa en el plano nacional y local porque los proyectos a financiar serán implementados en los países. Malas decisiones se traducirán en malos proyectos”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA.

Nuestra intención de velar por los intereses de las comunidades más vulnerables nos ha llevado a seguir muy de cerca el desarrollo del Fondo Verde del Clima (FVC), una nueva institución que se espera canalice la mayor cantidad de recursos económicos para que los países en desarrollo enfrenten con éxito el cambio climático.

Dada la importancia de integrar la voz local a las discusiones internacionales, nos interesa mucho contribuir a que la participación de la sociedad civil sea cada vez más óptima. En ese sentido, asistimos a la reunión anual de los Climate Investment Funds (CIF), realizada el pasado mes en Montego Bay, Jamaica.

Los CIF son fondos multilaterales de financiamiento climático que otorgan recursos a 48 países en desarrollo para que enfrenten los efectos del cambio climático y reduzcan sus emisiones contaminantes. Operan hace seis años y son uno de los mayores fondos internacionales de financiamiento para el clima. Por ello nos pareció útil aprender de su trabajo con miras a fortalecer la participación pública en el FVC, el cual está muy próximo a entrar en operación.

En la reunión anual de los CIF, compartimos con los asistentes nuestra experiencia como observadores de la sociedad civil en el Fondo Verde. Aunque aún no podemos acceder a toda la información relativa al Fondo, hemos logrado ser escuchados en consultas con el Secretariado de la institución.

“Es importante compartir experiencias de lo que sirve y lo que no, asegurar que la sociedad civil replique las buenas experiencias y corrija las que no han funcionado. La sociedad civil no va a criticar los procesos porque comparte con los otros actores el objetivo común de conseguir un cambio paradigmático ante los impactos del clima”, afirma Rodríguez. 

A medida que los gobiernos buscan alimentar las economías en crecimiento, los proyectos hidroeléctricos en América Latina van en aumento. Pero, ¿a qué costo?

Las represas pueden aprovechar la capacidad para generar energía de la corriente del agua, un recurso renovable. Pero las represas mal planificadas e implementadas, especialmente las grandes represas, pueden traer consigo innumerables daños al ambiente y a las comunidades. Afectan la calidad del agua y a los peces, y aumentan las emisiones de metano, un gas que contribuye al cambio climático. 

Las inundaciones provocadas por las represas desplazan a personas de sus hogares y comunidades. Esto hace que pierdan su trabajo como agricultores, pescadores y cazadores y, para las comunidades étnicas y campesinas, incluso puede implicar la pérdida de su cultura y tradiciones.

AIDA protege a individuos y comunidades de proyectos diseñados y desarrollados de forma inadecuada. Usamos la ley para defender su derecho a un ambiente sano.

Este mes, AIDA y otras organizaciones presentamos un escrito (amicus curiae, en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil. El escrito demuestra que la autorización que el Congreso brasileño otorgó a la represa Belo Monte en 2005 es ilegal porque el gobierno no garantizó el derecho de las comunidades afectadas en el Amazonas a ser consultadas y a dar su consentimiento libre, previo e informado. Se llevaron a cabo algunas reuniones después de la aprobación del proyecto y en ellas se presentó  información escasa e incomprensible en un idioma ajeno al de las comunidades. El aviso para asistir a las reuniones se dio a conocer con muy poca anticipación. Fue como si te dijeran que el jardín de tu casa se convertirá en una calle después que las excavadoras ya han comenzado a remover el césped.

Esta represa, que sería la tercera más grande del mundo, ya está en construcción y desplazando a personas sin que nadie les dé la oportunidad de decir no a un proyecto edificado en su propio jardín.

“Esta es la primera vez que nuestros esfuerzos conjuntos han llegado al Tribunal Supremo para una decisión final sobre Belo Monte”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de AIDA.

Si el Tribunal determina la ilegalidad del proyecto, su construcción tendrá que parar y los daños por no haber consultado previamente a las comunidades tendrán que ser reparados.

Si ocurre lo contrario, el proyecto continuará y también nosotros. Seguiremos brindando asistencia al Ministerio Público Federal siendo que ha interpuesto más de una docena de acciones contra Belo Monte. Se trata de casos que también pueden avanzar hacia la más alta instancia con el fin de proteger a las comunidades de ésta y otras represas en el Amazonas.

Nuestros esfuerzos por ayudar a comunidades a luchar contra proyectos de represas están ganando atención. La Personería (representante del Ministerio Público) de San Carlos, municipio ubicado al noroeste de Colombia, contactó a AIDA para que proporcionemos nuestra experiencia en derecho internacional ambiental y de derechos humanos. La Personería quiere ayudar a evitar que se otorgue la licencia para la construcción de la hidroeléctrica El Porvenir II en el río Samaná Norte, el último libre de represas en el área.

Ana María Mondragón, abogada de AIDA y becaria del Programa de Derechos Humanos y Ambiente, intervino en la audiencia pública ambiental sobre el proyecto.

La buena noticia es que la represa no ha sido autorizada todavía, lo que significa que aún hay tiempo para que las comunidades averigüen qué podría pasar y expresen sus preocupaciones. El gobierno tendrá que tomar en cuenta la opinión de las comunidades antes de aprobar el proyecto, con la posibilidad de que la empresa tenga que enmendar sus planes de construcción o abandonarlos del todo.

El Porvenir II afectará la pesca, principal fuente de trabajo y alimentación para la población mayoritariamente pobre de San Carlos. También inundará un área donde muchos colombianos están tratando de recuperar las tierras de las que fueron desplazados por la fuerza como resultado de un conflicto armado interno que se inició hace más de cinco décadas.

“Nos hemos involucrado en una etapa temprana, antes de que el proyecto sea aprobado”, dijo Mondragón. “Participamos en la audiencia con el fin de evidenciar las inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental hecho por la empresa, y los impactos que la construcción de la represa El Porvenir II tendría en las comunidades.  Esperamos que esto ayude a las autoridades en su proceso de toma de decisión para que no otorguen la licencia”.

Con tu ayuda, podremos seguir apoyando sin costo alguno a las comunidades de América Latina para que ejerzan su derecho a decidir qué sucede en sus tierras y utilicen la ley para defender sus derechos. 

Los arrecifes de coral son importantes criaderos de peces y, por tanto, vitales para la alimentación humana. Los bosques de manglar nos ayudan a combatir el cambio climático al absorber gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera y proteger a las comunidades costeras de tormentas cada vez más intensas.

Sin embargo, ambos ecosistemas se ven amenazados por grandes proyectos de infraestructura que pasan por alto sus bondades.

Cuando se trata de proteger legalmente estos y otros humedales, librar la batalla en el ámbito local de cada país no es suficiente. En AIDA contribuimos a que la defensa  de esos ecosistemas suba de nivel y sea más efectiva. Lo hacemos al involucrar en el debate a autoridades internacionales y al poner sobre la mesa las obligaciones que los países tienen a nivel mundial para preservar sus entornos marino-costeros.  

“Lo que se logra con estas acciones legales internacionales es tejer una estrategia que interrelaciona los diferentes aspectos del caso: el legal, el político, el científico y el mediático. Así conseguimos que el tema no sólo le interese a los tomadores de decisión locales, sino también a autoridades internacionales; que la opinión pública se dispare y que instancias o expertos certificados se pronuncien al respecto”, explicó Sandra Moguel, asesora legal de AIDA.

México, país rico en humedales, es un ejemplo del uso de esta estrategia de defensa del ambiente.

En mayo alertamos al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, del posible incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano si permite la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, al noroeste del país.

Entre otros daños, el proyecto alteraría el curso del río San Pedro Mezquital, del cual se alimenta Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica, enlistado como humedal de importancia prioritaria internacional por Ramsar.

En 2010, diplomáticos de la Convención Ramsar recomendaron al Gobierno mexicano abogar por el uso sostenible del humedal al evaluar la viabilidad del proyecto Las Cruces. Nosotros le hemos hecho saber a Ramsar que sus recomendaciones podrían ser ignoradas si México da luz verde a un proyecto que dañaría irreversiblemente a Marismas Nacionales, así como a la biopersidad y a las comunidades que dependen de ese entorno.

Al llamar la atención de instancias internacionales, AIDA fortalece los esfuerzos de sus organizaciones aliadas a nivel local. Así ocurre en la defensa de Marismas Nacionales y también en la de Cabo Pulmo, arrecife de coral único en el mundo ubicado en Baja California Sur. Nos encargamos de recordarles a las autoridades mexicanas que, desde 2012, tanto la Convención Ramsar como el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco pidieron tener en cuenta los impactos acumulativos e indirectos de proyectos de desarrollo turístico propuestos cerca del arrecife.

Nuestros argumentos se sumaron a los presentados por nuestros socios en México a la hora de evitar la autorización de Cabo Dorado, el tercer intento de los desarrolladores turísticos por construir junto a Cabo Pulmo. La construcción de ese mega resort implicaba la creación de una nueva ciudad en torno al arrecife, algo fatal para su sobrevivencia.

En un contexto de lucha que sobrepasó las fronteras mexicanas, el Gobierno de ese país decidió, el 29 de mayo, negar el permiso ambiental para Cabo Dorado.

Con tu ayuda continuaremos llevando la voz de las comunidades locales a foros internacionales. Seguiremos agregando valor y apoyando su lucha por preservar entornos marinos y costeros que nos benefician a tod@s.

Colombia enfrenta una elección crucial para su futuro. Debe escoger entre proteger sus páramos, fuente de agua para millones de personas, o autorizar minería a gran escala en esos frágiles ecosistemas.

AIDA, junto con sus organizaciones aliadas, está trabajando para convencer a las autoridades de elegir el agua. Esta causa ha ganado recientemente un nuevo seguidor: Al Gore.

El exvicepresidente de EE.UU., laureado con el Premio Nobel de la Paz por su éxito en crear conciencia sobre el cambio climático, sacó a relucir el tema de la minería en los páramos, ecosistemas de alta montaña, en abril.

“Colombia tiene que escoger entre el oro en los páramos y ganancias para unos cuantos, o el agua potable que abastece a todos sus ciudadanos”, dijo en una cumbre internacional sobre el ambiente en Bucaramanga, una ciudad ubicada al noreste de Colombia que obtiene su agua del Páramo de Santurbán.

Hemos instado al Gobierno colombiano a proteger éste y otros páramos de la minería debido a que de ellos proviene el 85% del agua del país.

¿Será posible que ello ocurra?

Por ley, el gobierno debe mantener a la minería fuera de los páramos. Pero para hacer esto, los límites de esos ecosistemas deben ser delimitados en un mapa.

Esto plantea un problema. En abril, el gobierno dio a conocer un mapa que muestra que el Páramo de Santurbán se extiende sobre 42,000 hectáreas. Eso es más que las 11,000 hectáreas de estimaciones previas, pero solo cerca de la mitad de las 82,000 hectáreas medidas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, un centro independiente de investigación que empleó un mapa de escala mayor que el gobierno. Esa escala proporciona mayores detalles y da cuenta que el páramo se extiende mucho más allá.

El gobierno no ha adoptado una medición oficial, dejando partes importantes del páramo abiertas a la minería, una industria que se promueve para impulsar el crecimiento económico.

¿Pero a qué costo? La minería a gran escala causará daños irreversibles a estos páramos ricos en flora que no sólo proveen agua a millones de personas, sino que además ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al capturar emisiones de carbono.

Gore fue claro respecto de la elección que recomienda para Colombia y para cualquier país que se debata entre cuestiones de crecimiento económico y la protección del ambiente.

“Sin planeta, no hay economía que valga la pena”, dijo.

Tú puedes ayudarnos a difundir este mensaje haciendo un donativo y firmando nuestra petición para que podamos continuar nuestra lucha para salvar los páramos colombianos.

¡Gracias!

Habrá más pobreza, hambre y enfermedades. Será el resultado de inundaciones, olas de calor, grandes tormentas y sequías cada vez más prolongadas. El reporte más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas describe así el panorama que le espera a la humanidad en un futuro no muy lejano a causa de los cambios experimentados en el clima.

Este año, América Latina tiene la gran oportunidad de reposicionar las necesidades de la región en la agenda internacional sobre cambio climático. En diciembre, Lima (Perú) será sede de la principal sesión de negociación climática, la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), cuya principal misión es impulsar la elaboración del borrador del nuevo acuerdo climático vinculante que será firmado en París en 2015.

En AIDA estamos trabajando desde ahora para contribuir a que la región asuma una rol más proactivo y aproveche esta coyuntura positiva para impulsar la toma de decisiones destinadas a combatir sin más demoras los efectos del cambio climático. Nuestra labor está dividida en tres tareas clave: fortalecimiento de capacidades, elaboración de recomendaciones y difusión de información.

Estas actividades van dirigidas a tomadores de decisiones —gobiernos, negociadores y miembros de instituciones financieras internacionales, entre otros—, representantes de la sociedad civil —para que su participación en las negociaciones sea más efectiva—, y a los ciudadanos en general, quienes deben entender que también pueden aportar a las soluciones generando presión social a sus gobiernos.

El pasado mes, como parte de dichos esfuerzos, participamos del foro internacional Cambio Climático: Avances y perspectivas en el Congreso de Perú, país que analiza la posibilidad de crear una ley sobre cambio climático. En el evento, AIDA compartió su experiencia en financiamiento climático internacional, resaltando la necesidad de que los países de la región establezcan y/o fortalezcan entidades locales que sirvan de nexo con mecanismos financieros internacionales para tener acceso directo a fondos para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Estamos trabajando para que el financiamiento a largo plazo sea un componente clave del nuevo acuerdo climático que se delineará en la COP20 en Lima. Creemos relevante que los países sepan con anticipación que habrá recursos económicos sobre los cuales es viable planificar acciones en favor de las comunidades más vulnerables a los fenómenos climáticos.

El 11 de febrero, AIDA, junto con organizaciones aliadas, realizó un seminario virtual para informar de los principales aspectos relacionados con el Fondo Verde del Clima (FVC), entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que prevé movilizar grandes cantidades de recursos públicos y privados para apoyar la lucha contra el cambio climático en países en desarrollo. AIDA sigue de cerca el proceso de implementación del FVC para asegurar que su contribución sea efectiva.

Con tu apoyo haremos aún más para informar de la existencia de alternativas frente a esta problemática global, promover el uso responsable y eficiente de las mismas, generar presión social para la adopción de soluciones prontas y reales, y robustecer la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones climáticas en la COP20 y en todos los espacios e instancias a nuestro alcance.

¡Gracias!

By María José Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, @MaJoVeramendi 

During the last three months I have been writing an article on the  Metallurgical Complex of La Oroya , in Peru, which has taken me back in time, until 1922, when it became operational.

I could make a mental journey through the mining of those years in the Central Sierra Peru, the nationalization of the complex in 1974 and its privatization and purchase in 1997 by the company Doe Run. I also remembered how AIDA came to work in La Oroya and I thought about how, today, we continue steadfast in the struggle for the rights of its inhabitants.

This journey leads me to this day: the 85th birthday of my grandmother Carmen . She is a woman with a physical and mental strength enviable, traveling as if thirty years and sports as if I were twenty. In each of their birthdays, I secretly wish reach eighty-something with his lucidity and strength.

But what relationship does my grandmother with La Oroya?

She was born in Callao in 1929, seven years after it began operating the metallurgical complex. He lived several years of his childhood and adolescence in Huancayo, capital of the province of Junin, when his father was General Count Irrigation Mantaro river.  My grandmother remembers , and since then,  the heaviness of the air -  a symptom of pollution - rail passing by La Oroya during his trips between Lima and Huancayo.Photo: Carmen Quintana Jordan (the grandmother Carmen)

Since that time the contamination was present!  What followed is history: nationalization, privatization  Adjustment Program and Environmental Management (PAMA) breach of environmental obligations , extensions,  damage to life and health ; and high levels of lead, cadmium and arsenic in the population. There were and there are  human rights violations stigma and violence against defenders of their right to live in a healthy environment proceedings before the Inter - American System of Protection of Human Rights , and more extensions.

The  story  is completed by the  repeated failure  of the company and the State of its obligations under the PAMA, recurring failure of the State of  timely and appropriate health care of the population , the liquidation of the company, its restructuring, administration temporary, and the  demand for international arbitration of the company against the State in order to manipulate their interests . Thus, the list could go on ...

Last week it was published in the  press  statements by the  Technical Group of the Air Quality La Oroya  indicating that, after visiting the metallurgical complex, it had reduced its air emissions, which greatly improved the air quality in the area. How did that happen? How indicators based on what? The visit took place on February 4 and 3 and 5 were recorded situations  care  about the  level of sulfur dioxide in the air  in one of the monitoring stations of La Oroya (Union). Photo: Works Metallurgical Complex of La Oroya, 1992. Source: www.eldiadelpueblo.org

Additionally, the press picked up the concern of Mrs.  Rosa Amaro , the  Movement for the Health of La Oroya (MOSAO) , who indicated that fugitive emissions are not completed to remove. Recall that the  fugitive emissions  "are those that escape the general atmosphere during the casting process or handling of concentrates and products,  bypassing the checkpoints  emissions" (Cederstav and Barandiaran:  La Oroya Can not Wait ).

The response of the representative of the company Doe Run to such concern was surprising : "studies are performed to solve this problem definitively and is considered in the investments to be made ​​in the process of restructuring the company." Are they still doing studies? How long? For more than a decade fugitive emissions are discussed and control is a priority .Photo: Air sooty in La Oroya, 2005. Credit: Anna Cederstav

Improvements in air quality in La Oroya always be welcome. But they must be backed with real indicators , so it is an urgent priority that people have all the information on the actual situation of air quality , information that also have the right .

Air pollution has serious impacts on the health of the population and access to information is vital to a population that has suffered for many years hiding what was really happening in their city and, consequently, of the causes of their health problems.

Happy Birthday to my grandmother Carmen! I hope your great - grandchildren come to see a country where the contamination in La Oroya is a distant memory , where children grow up with health, where seniors can age with dignity, and where people can develop their life normally, breathing clean air .

The figure of a saint multiplies that day. It is exchanged and venerated near an abundant water flow and opposite Muxatena, a rock formation of singular beauty. multicolored flowers are offered up in exchange for health, food, work and other favors.

So every June 24, the indigenous community Cora (Nayeri) celebrates the Day of San Juan and also celebrates life, physical and spiritual, associated with the river San Pedro Mezquital, the only free of dams in the Mexican Sierra Madre Occidental.

The basin was born in Durango and fed into its mouth to National Marshes, a wetland of international importance and home to 20% of mangroves (swamp forests) of Mexico. On the river, north of the State of Nayarit, the Federal Electricity Commission (CFE) aims to build the hydroelectric dam Las Cruces, project poses serious impacts on the environment and human rights of indigenous peoples inhabiting the area between Cora them.

AIDA, together with local scientific organizations and prepares legal arguments in environmental and human rights issues to prevent the Environmental Impact Statement (EIS) for the project is authorized by the Mexican government, which would lead to execution. In addition, AIDA began a national campaign to inform the reasons why Las Cruces should not be built. In that sense, we launched a website exclusively the case.

Arguments against the Las Cruces project

Among them we can mention the following:

  • The increased sedimentation caused by blocking the natural flow of the river would damage the mangroves of National Wetlands.
  • The MIA project does not assess the cumulative environmental impacts and failure in using the best scientific information available.
  • The construction of the dam would involve forced people and communities whose compensation is not mentioned in the MIA displacement.
  • The indigenous peoples of the area were not consulted to obtain their consent to the feasibility studies of the project and its construction.
  • Lower river flow affect daily activities (agriculture, livestock, fishing, oyster farming, among others) of nearby communities base their livelihood.
  • Muxatena ceremonial centers as would be under water, a blow to the spiritual life and the ancient culture of the natives of the place.

Rapid fall from the top of a rock and armfuls force move from one extreme to another. The swim is already part of their free time and one of the many links that local residents have with the River San Pedro Mezquital.

With your help we will prevent many river ecosystems are destroyed by large dams as Las Cruces!

Thank you!

En enero de 2009, la Corporación Muriel Mining se instaló en el departamento de Chocó, Colombia, para comenzar el proyecto Mandé Norte de exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales. Lo hizo sin haber informado y consultado de manera adecuada a los grupos étnicos directamente afectados.

La consulta no fue previa porque inició en 2006, un año después de que el contrato de concesión minera fuera adjudicado a la empresa. Además, varias de las comunidades afectadas no fueron invitadas al proceso y las que sí participaron del mismo no estaban representadas por las autoridades tradicionales. A pesar de la objeción manifestada por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, la consulta se dio por concluida en agosto de 2008. Todo esto ocurrió en el difícil contexto del conflicto armado colombiano.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz interpuso una acción legal de tutela contra el proyecto minero y AIDA contribuyó a la misma con una intervención donde argumentó que sin una Evaluación de Impacto Ambiental que analizara impactos ambientales y sociales —como ocurrió con Mandé Norte—, las comunidades no tienen fundamentos para dar o negar su consentimiento a proyectos que les afecten, tal como exige el derecho internacional.

Al pronunciarse sobre el caso, la Corte Constitucional de Colombia ordenó en la Sentencia T-769 de 2009 suspender las actividades de exploración y extracción, así como el otorgamiento de licencias en el marco del proyecto; rehacer la consulta previa para cumplir con los estándares internacionales y colombianos; y realizar estudios de impacto ambiental adecuados. AIDA elaboró una ficha resumen que facilita la comprensión de la sentencia.

El fallo sentó un precedente clave al incorporar y reconocer, por primera vez y de forma específica, el derecho de los grupos étnicos al consentimiento libre, previo e informado. Fue un avance en el reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos en Colombia.

El Ministerio del Interior y la compañía minera solicitaron la nulidad de la sentencia constitucional. AIDA intervino para defender el dictamen ante las solicitudes de nulidad. Así también lo hicieron la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, y las universidades Harvard y Diego Portales. Estas intervenciones rindieron fruto y, el 12 de marzo de 2012, la Corte Constitucional confirmó su decisión sobre Mandé Norte.

De haberse concretado, el proyecto minero habría generado impactos ambientales y sociales en la biodiversa región del Chocó, entre ellos afectaciones a cultivos, animales, ríos y un lugar sagrado indígena: el cerro “Careperro”. Ello habría significado un impacto físico y cultural en los pueblos indígenas y la pérdida de las economías tradicionales, base del sustento de las comunidades del lugar.

En AIDA trabajamos por el respeto al derecho al ambiente sano y a los derechos humanos de comunidades y grupos étnicos frente a poderosos intereses como los de la minería a gran escala.

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